Número-968
- Proponen grupo de trabajo para revisar deficiencias en el marco normativo de las cajas de ahorro popular.
- Reconoce PRI actuación a tiempo y objetiva de instancias financieras en el caso Ficrea; PAN y PRD calificaron de “tardía” la intervención de autoridades.
Senadores y diputados acordaron crear un grupo de trabajo en el que participen autoridades financieras, ahorradores y legisladores, en la elaboración de un proyecto de reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como a otros ordenamientos en la materia para fortalecer la protección de los usuarios de sociedades financieras como Ficrea.
En la reunión que celebró la Tercera Comisión con los titulares de las comisiones nacionales Bancaria y de Valores (CNBV) y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), así como de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Jaime González Aguadé, Mario Di Costanzo Armenta y Alberto Bazbaz Sacal, los legisladores mencionaron que la propuesta del grupo será planteada ante la Comisión Permanente y estimaron que las reformas se discutan en el próximo periodo ordinario.
En el encuentro en el que los funcionarios dieron a conocer el proceso por el cual se llevó a la intervención y revocación de Ficrea, la senadora Blanca Alcalá Ruiz, presidenta de la Tercera Comisión, destacó la importancia de llegar a las últimas consecuencias en el caso y de tomar medidas desde el Poder Legislativo que permitan evitar que se ponga en riesgo a pequeños ahorradores.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Ricardo Urzúa Rivera exhortó a las autoridades financieras a realizar una investigación pronta, expedita y transparente para llegar a la verdad histórica de los hechos e impedir que éstos queden en la impunidad: Se deben --agregó-- aplicar sanciones ejemplares a los defraudadores de miles de personas.
Consideró que se cuenta con una legislación que “responde a las exigencias actuales” y que las recientes modificaciones a la ley que regula el sistema financiero fortalecen el marco jurídico y garantizan el derecho de los ahorradores, así como sanciones ejemplares a quienes cometen estas conductas.
Mencionó que las instancias financieras actuaron a tiempo, de manera objetiva y responsable, ya que antes de la intervención se contrató a un auditor externo para hacer un estudio técnico y llevar a cabo la disolución y liquidación de dicha sociedad financiera.
Del mismo grupo parlamentario, el senador Arquímedes Oramas Vargas apoyó la propuesta de reformar la ley, resarcir el daño causado a los ahorradores a través de los activos de Ficrea y castigar a los responsables.
Al fijar la postura del Partido Acción Nacional, el senador Javier Lozano Alarcón lamentó lo ocurrido con los ahorradores, reprobó la actuación tardía de las autoridades y exigió castigo para quienes cometieron el fraude.
Al respecto, planteó modificar la Ley de Ahorro y Crédito Popular para prevenir casos como este, resarcir al 100 por ciento a los inversionistas que de buena fe depositaron su dinero y castigar a los defraudadores.
Como legisladores, agregó, tenemos que dar mejores instrumentos de supervisión y vigilancia, acción y sanción a las autoridades y recalcó que su partido nunca pedirá a las autoridades que actúen al margen de las facultades que la ley y la Constitución les otorgan.
La senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, reprochó a los funcionarios la intervención tardía de las instancias financieras para detectar el fraude en la caja de ahorro, de la cual “se tienen evidencias de la triangulación de recursos con la empresa Leadman Trade” y de su operación irregular.
Aseguró que en el sistema mexicano existe una recurrente falta de regulación y supervisión por parte de la CNBV y de la Condusef; además, señaló a la primera como responsable de no supervisar el crecimiento de activos “dudosos” a través de empresas no financieras como Ficrea, a la que se le permitió la transferencia de recursos durante cinco años, aun cuando el socio mayoritario, Rafael Antonio Olvera, estuvo en prisión por fraude.
Exigió a los funcionarios realizar a la brevedad el pago a los ahorradores defraudados, dar a conocer los valores activos de la empresa, su cartera crediticia, que el proceso de pago se lleve a cabo con transparencia y que los responsables sean detenidos y sancionados conforme lo establece la ley.
En tanto, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, reconoció la disposición del presidente de la CNBV, González Aguadé, para revisar el marco legal que regula la actividad de las cajas de ahorro, ya que hay deficiencias que es urgente atender.
En este contexto, precisó que es necesario modificar el monto de los seguros de depósito del que gozan los inversionistas y facultar a las instituciones financieras para que lleven a cabo su papel de manera oportuna, que cuenten con herramientas que permitan sanciones eficaces e inhiban prácticas fraudulentas.
Es importante, agregó, revisar los montos de las sanciones y las facultades de la Condusef para que actúe de manera eficaz, en beneficio de los ahorradores.
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