Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Senadores y diputados hicieron un llamado al titular del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río, para que fortalezca el monitoreo de los flujos migratorios y se proteja a las niñas, niños y adolescentes no acompañados, a fin de que no sean reclutados por el crimen organizado.

Asimismo, le solicitaron hacer lo propio con los albergues públicos y privados para los mismos.

En el dictamen que respalda el resolutivo se da cuenta que en 2010 Customs and Border Protection (Aduanas y Protección Fronteriza) detuvo en los primeros 11 meses, 29 mil 624 menores indocumentados, de los cuales aproximadamente 17 mil 478 viajaban solos.

En tanto, según información del INM en el mismo año se repatriaron 20 mil 438 menores migrantes mexicanos desde Estados Unidos, de los cuales 13 mil 705 viajaban solos.

Lo anterior --se añade en el texto-- también implicaría que al menos cerca de 4 mil menores no fueron canalizados a través de las autoridades migratorias mexicanas.

La primera comisión de la Permanente, que encabeza el senador José Guadarrama Márquez, señala que el territorio nacional ha dejado de ser una zona exclusivamente de expulsión de población, para integrar en la última década, flujos migratorios de tránsito y destino de migrantes irregulares.

Pero más aún, este nuevo fenómeno se acompaña de un cambio de perfil sociodemográfico donde existe una mayor presencia de niñas, niños y adolescentes que viajan solos para cruzar la frontera de Estados Unidos.

Por su edad y condición irregular son víctimas de organizaciones criminales transnacionales, se subraya en el documento.

Solicitan a Migración informe de ingreso por pago de DNI

En la misma reunión, se aprobó un dictamen para que el comisionado del Instituto Nacional de Migración, informe del monto y destino de los recursos recaudados y asignados, en el periodo de 2006 al 2011, provenientes del pago de Derechos de No Inmigrante (DNI).


También solicitó a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría al Instituto durante ese periodo.

El INM, detalla el documento, es el encargado de vigilar el pago, cobrar y enterar los derechos derivados de la calidad de no migrante y, responsable por las omisiones o faltas que se cometan en su cobro.

Según datos de la ASF, en las 52 aerolíneas que operan en el país y sujetos activos en el cobro de dicho derecho, se observan diferencias en 22 de ellas, de hasta 232 mil 162.7 pesos.

Lo anterior, debido a que las conciliaciones elaboradas por el INM reportan un millón 455 mil 239.8 pesos, contra lo registrado en el SAT por un monto de un millón 223 mil 077.1 pesos, destaca el dictamen.

Piden regularizar condiciones laborales de trabajadores dentro del Seguro Popular.

En otro dictamen, se exhortó al Gobierno del Distrito Federal, para que a través del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) se regularicen las condiciones laborales de los trabajadores contratados a partir del 2004 para el Seguro Popular.

Ello, con el propósito de resolver inequidades salariales y prestaciones laborales con relación a los trabajadores de base.

A su vez, el Sistema de Protección Social en Salud deberá informar el uso del Presupuesto Federal que le fue otorgado para el Distrito Federal para regularizar las condiciones laborales de dichos trabajadores.

Solicitan vigilancia de la CNDH en Cherán, Michoacán.

Los legisladores instaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que envíe un visitador y personal de ese órgano, al municipio de Cherán, Michoacán, con el propósito de que verifique que se garanticen los derechos y garantías de sus habitantes.

Además, se requirió la intervención de la Procuraduría General de la República para que inicie una investigación completa e imparcial de los hechos delictivos que dieron origen al conflicto de Cherán.

Citan a director de Notimex.

En otro tema del orden del día, senadores y diputados pidieron que el presidente de la Junta de Gobierno de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), informe de los motivos por los que no fue aprobado el Informe Anual de Actividades correspondiente al ejercicio de 2010.

Al mismo tiempo, pidieron la comparecencia de Sergio Uzeta Murcio, director general de Notimex, para que detalle el reporte.

Requieren agilizar investigación de robo de paquetes electorales en Veracruz.

La Primera Comisión avaló un exhorto al gobernador de Veracruz para que instruya a su Procurador de Justicia a agilizar la investigación ministerial relativa a la denuncia presentada el 4 de julio de 2010 en el municipio de Coxquihui, dónde se robaron paquetes electorales de la casillas 1271 Básica y 1271 Contigua.

Al respecto, en el dictamen se solicita al Instituto Electoral Veracruzano asuma responsablemente su función de resguardo y custodia de los paquetes electorales de las elecciones extraordinarias en Coxquihui y José Azueta, del 29 de mayo del año en curso.

Piden sancionar a autores de homicidios cometidos en Choapam, Oaxaca.

Asimismo, se ratificó el punto de acuerdo que solicita al gobernador de Oaxaca, un informe sobre las acciones ejecutadas para investigar, perseguir y sancionar a los autores materiales e intelectuales de los homicidios ocurridos en Choapam, Oaxaca.

Dichos homicidios se presentaron el 14 de mayo, con motivo del conflicto político que se desarrolla en las comunidades de San Juan del Río Choapam y Santo Domingo Lataní.

Además, para que instrumente medidas de aplicación inmediata para prevenir la composición violenta de los conflictos políticos en comunidades y municipios de esa entidad.

Demandan incluir al Municipio de Frontera Coahuila de Zaragoza en subsidio de seguridad pública.

A su vez, los senadores y diputados aprobaron exhortar a la Secretaría de Gobernación para que en 2012 se incluya al Municipio de Frontera Coahuila de Zaragoza, en la lista de los municipios elegibles para el otorgamiento del subsidio en materia de seguridad pública.

Solicitan información acerca de situación de seguridad pública en municipio de Puebla.

También se avaló un dictamen que exhorta al gobierno de Puebla a informar de la situación de seguridad pública que impera en el municipio de Santiago Miahuatlán, y a que coadyuve en la solución del conflicto.

Al mismo tiempo, se solicita la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que impida que persistan las violaciones a los derechos humanos y para que realice una profunda investigación del caso.

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