Número-895
- Existen 922 centros de este tipo a los que se les asignaron casi 40 millones de pesos como apoyo.
- Indispensable vigilar que se garanticen los derechos de las personas que habitan en ellos.
De acuerdo con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social el panorama en diversos albergues del país es muy preocupante, ya que no existe supervisión ni vigilancia sobre la actuación de estos sitios.
En tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF) ha dicho que después de lo ocurrido en el albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán, es necesario llevar a cabo la revisión de los procesos de institucionalización y cuidados alternativos de niños privados de su medio familiar.
Lo anterior, se destaca en un dictamen que se presentó ante el Pleno del Senado de la República el pasado 14 de diciembre, donde se señala la evidente falta de revisión y supervisión, por parte de las autoridades a los programas y acciones que se realizan en refugios, albergues y casas de transición.
En el documento se menciona que, según el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, actualmente existen registrados 922 albergues, de los cuales 805 son privados y 117 públicos, a los que se les canalizaron durante 2014 un total de 39 millones, 912 mil 500 pesos, como apoyo.
Es por eso que la asamblea decidió avalar la propuesta contenida en el dictamen para solicitar al Ejecutivo federal que impulse la creación de un grupo plural, integrado por personal de la Secretaría de Gobernación, del DIF nacional, miembros de la Cámara de Diputados y del Senado, a fin de realizar visitas de supervisión a refugios, albergues y casas de transición.
Ello, con el objetivo de certificar el cumplimiento de las diversas disposiciones legales que existen en esta materia, además de garantizar, mediante la supervisión y vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas en cada uno de estos centros.
Los legisladores consideran que la supervisión y vigilancia son mecanismos efectivos para corroborar las condiciones en las que trabajan las organizaciones en los albergues, y la manera en que protegen los derechos de las personas asistidas.
Mencionan que los refugios deben estar sujetos a los principios de unidad, funcionalidad, honestidad coordinación, profesionalización, simplificación, agilidad, precisión, transparencia e imparcialidad.
Un albergue, agregan, debe ser aquel establecimiento benéfico donde se aloja provisionalmente a personas en situación de vulnerabilidad, se procura el asilo, alojamiento, abastecimiento alimentario, apoyo, así como el bienestar físico y mental de quienes ahí se encuentren.
Supervisar los centros de refugio es indispensable, pues ello permitirá una visión clara de la situación, que permita formular propuestas pertinentes de políticas públicas, para atender y proteger los derechos de las personas que habitan los distintos albergues del país.
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