Número-887
- Es indispensable que el marco jurídico se adecue para cumplir con los compromisos internacionales de México.
- Las legislaciones actuales no consideran las adecuaciones necesarias para hacer vigentes los derechos para el pleno acceso a la justicia de este sector.
El Senado de la República avaló por 70 votos, reformar el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de asegurar que las personas con discapacidad silente, auditiva o visual, tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás personas.
Lo anterior, debido a que ni en el Código Penal Federal y tampoco en la legislación adjetiva penal y civil federal se han considerado las adecuaciones necesarias para hacer vigentes los derechos relacionados con el acceso pleno a la justicia de las personas con alguna discapacidad.
El documento indica que es indispensable que el marco jurídico se adapte para cumplir los compromisos internacionales de México y para hacer realidad la legislación nacional en la materia y, con ello, también promover la armonización de las normas procesales y los procedimientos jurisdiccionales que atiendan a personas con discapacidad visual, auditiva, silente o de locución,
Un régimen democrático y respetuoso de los derechos humanos no puede olvidar a las personas con discapacidad, pues al ser comúnmente objeto de actos de discriminación, su atención y el reforzamiento de sus derechos debe ser una prioridad para el Estado, puntualiza el dictamen.
Al fundamentar el documento, la senadora del Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña Gómez, apuntó que las adecuaciones contenidas en el dictamen beneficiarán al 5.1 por ciento de la población del país. Dijo que facilitará el desempeño de funciones efectivas de las personas con discapacidad, como participantes directos o indirectos, incluida su declaración como testigos en los procedimientos judiciales, con la inclusión de la etapa de investigación y otras preliminares.
Señaló que las autoridades federales, responsables de la procuración y administración de justicia, deberán proveer lo necesario para que en cualquier juicio las personas con discapacidad sean asistidas gratuitamente por intérpretes o defensores que tengan conocimiento de su lengua y que puedan tener las condiciones que garanticen una plena comprensión y comunicación de los procesos que formen parte.
La minuta se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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