Número-758
- Autonomía, prevención de delitos electorales y fiscalización de recursos, temas relevantes que abordaron los primeros 10 aspirantes.
- Coinciden candidatos en que la Fiscalía enfrenta crisis de credibilidad ante la sociedad.
La autonomía plena de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), evitar los recursos de procedencia ilícita con un sistema de fiscalización integral y fortalecer la prevención de ilícitos en esta materia, son temas fundamentales para garantizar el funcionamiento de este organismo y las condiciones de competencia política y democrática en nuestro país.
Así lo consideraron los primeros 10 candidatos, de un total de 20, para ocupar el cargo de nuevo titular de la Fepade, que comparecieron este jueves ante la Comisión de Justicia, que preside el senador Roberto Gil Zuarth.
En su intervención inicial Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal consideró indispensable fortalecer la participación ciudadana en la prevención de los delitos electorales, así como en la promoción de una cultura de la corresponsabilidad, la legalidad y la denuncia.
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini dijo que para evitar los recursos de procedencia ilícita en los procesos electorales se requiere de un sistema integral que no sólo contemple la actuación de la Fepade, sino los mecanismos de fiscalización que el Instituto Nacional Electoral tiene que implementar a los partidos políticos, así como los instrumentos relativos a la inteligencia financiera con los que cuenta el Estado y que se pueden utilizar para la revisión de dinero que destina a las campañas.
Las pruebas sobre un ilícito en materia electoral, agregó, deben concatenarse a partir de diferentes vertientes para que obtenga un resultado favorable en la consignación, pues “de nada sirven percepciones a priori o acusaciones mediáticas, cuando los culpables salen a la calle como si nada hubiera pasado”.
Para Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños las nuevas expectativas de dicha instancia son ajustarse al nuevo marco legal, hacer eficiente la procuración de justicia, trabajar en prevención del delito y fortalecer las acciones de blindaje electoral.
Resaltó que en 2012 se consignaron mil 576 averiguaciones previas, en 2013 sólo 826 y en este año menos de 60, por lo que se requiere trabajar en la principal función del organismo, a través de la capacitación y profesionalización efectiva de ministerios públicos, peritos y funcionarios involucrados en el tema.
Dijo que recibir dinero de la delincuencia organizada debería considerarse como un delito grave, ya que fractura las condiciones de la competencia política y la democracia representativa del país. Recalcó que con autonomía de normatividad y de ejercicio la Fepade podría responder a la demanda social e impedir que sus resoluciones estén sesgadas por una dependencia o por alguna autoridad.
Arturo Bolio Cerdán consideró que el nuevo Fiscal deberá enfrentar la poca credibilidad de la sociedad en la autoridad persecutora de los delitos electorales.
La Fepade, dijo, debe buscar un blindaje electoral que le ayude a constituirse como órgano garante de la procuración de justicia y para que en sus tareas de prevención, investigación y persecución de delitos electorales se lleven a cabo de manera efectiva, se requiere un esquema de colaboración que incluye al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Rolando Wilfredo de Lassé Cañas reconoció que la Fepade no goza de credibilidad ante la sociedad porque no está funcionando de manera correcta; por lo que la institución debe buscar su autonomía real de funcionarios locales, así como la capacitación y formación permanente de sus integrantes.
Mencionó que la aplicación de la nueva Ley General en materia de Delitos Electorales, la transparencia y aplicación de las sanciones son factores que podrían “superar la desconfianza” de la ciudadanía.
Por su parte, José Félix Cerezo Vélez señaló que el problema que enfrenta la Fiscalía, no se encuentra en si se realiza o no una consignación de los responsables de delitos electorales, sino en el cuidado y garantía de la democracia durante los procesos electorales.
En ese sentido, se congratuló por la reciente reforma, que actualizó diversas conductas delictivas que se realizan durante las elecciones, y que desde 1996 no se encontraban tipificadas, lo cual coadyuvará en que el próximo proceso electoral se vigile de mejor manera.
Juan José Rivera Crespo aseguró que la Fepade no es una institución fallida y se pronunció por robustecer el blindaje electoral con una mayor participación de la sociedad civil, por lo que propuso que esta fiscalía articule programas de difusión de la cultura de la legalidad.
Lo anterior, para que tanto el profesionista, estudiante o ama de casa puedan reconocer fácilmente una conducta que constituya un delito electoral y, a través de las tecnologías de la información, se fortalezcan acciones de denuncia y la aplicación eficaz de la ley.
Santiago Nieto Castillo destacó que la Fiscalía Especial está obligada a recobrar legitimidad ante la población, pues actualmente se percibe que no se sancionan delitos que vulneran la voluntad del electorado, por lo que el primer paso es revertir el rezago de más de cinco mil expedientes sin resolver y mostrar eficacia en sus acciones de investigación y sanción de actos irregulares.
Al final del día, dijo, un voto sujeto a la presión de la delincuencia organizada no es libre, pues no cumple los requisitos mínimos democráticos de ser secreto, personal e intransferible, concluyó.
En opinión de Alejandro González Durán Fernández es indispensable que la Fepade participe de manera autónoma pero coordinada con las unidades administrativas de la Procuraduría General de la República porque se necesitan de los servicios periciales y de ministerios públicos en el interior del país.
Lo que está en juego, asentó, es que las elecciones “sigan siendo una fiesta cívica que permita la renovación pacífica y periódica del poder político en México.
Alejandro Porte Petit González se pronunció por promover una cultura de la legalidad donde se vinculen los órganos del Estado y los ciudadanos y en el que la participen social se realice de manera directa y no sólo en el ejercicio del voto.
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