Número-754
- El dictamen fue aprobado por unanimidad.
- Se garantice el derecho a determinar y elaborar prioridades, estrategias, programas y acciones para impulsar su desarrollo.
Con el objetivo de impulsar el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público ante las entidades federativas, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad, una reforma a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en la sesión de este día.
A través de la adición de una fracción IV al Artículo 2 de dicha Ley, se faculta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que mediante convenios con la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales contribuya a resolver sus necesidades en asistencia técnica, capacitación especializada, asistencia administrativa contable y gastos de operación, con el propósito de fortalecer las iniciativas productivas que surjan desde sus propias aspiraciones y vocación.
Al respecto, el senador Eviel Pérez Magaña, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas aseguró que el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público, puede ser impulsado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), pues le corresponde observar el carácter multiétnico y pluricultural de la nación, que se proyectará si orienta, promueve, apoya y fomenta dicho reconocimiento legal.
Al presentar el dictamen, el senador del Partido Revolucionario Institucional resaltó que, según estudios de la CDI, en 2013 sólo 20 constituciones locales reconocían derechos de pueblos y comunidades indígenas, mientras que 11 estados estaban pendientes de su armonización.
El senador René Juárez Cisneros, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, advirtió que los más excluidos social y económicamente de México son los indígenas, pero también son los más socorridos en discursos demagógicos, pero en los hechos, poco se ha podido avanzar en la construcción de una política de Estado para que se ejerzan los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos.
En este contexto, consideró indispensable impulsar el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público. Explicó que el fin de la propuesta es que a los pueblos y comunidades indígenas se les garantice el derecho a determinar y elaborar prioridades, estrategias, programas y acciones para impulsar su desarrollo, así como programas económicos y sociales favorables, y en lo posible, se les permita la administración de recursos públicos en función de su propia organización, a partir de sus usos y costumbres.
Por el Partido de la Revolución Democrática, el senador Isidro Pedraza Chávez señaló que la población indígena en el país es de cerca de 15 millones y siete millones de hablantes de lenguas indígenas, a los que esta reforma abrirá la posibilidad de inversiones importantes.
El senador Óscar Román Rosas González, del PRI, indicó que se transitará a escenarios de plena igualdad en la sociedad mexicana. Resaltó que a nivel nacional e internacional se han conseguido grandes avances en materia de protección de los derechos indígenas, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, el Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina, entre otros.
Con esta modificación, argumentó, se amplían las funciones de la Comisión para cumplir con su objetivo originario, el cual estriba en generar las condiciones idóneas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.
Además, el senador Manuel Bartlett Díaz, del PT, expresó que se tiene que reconocer que en la sociedad mexicana existe una gran dosis de racismo y abandono a las comunidades indígenas, pero como lo dijo el senador Juárez Cisneros, hay discursos y reconocimientos que no llevan al rescate de la población origen de nuestra nacionalidad.
Asimismo, resaltó los principios establecidos en los tratados firmados con la ONU, respecto al derecho de los pueblos indígenas a explotar sus propios territorios, sus recursos naturales, desarrollar y hacer las inversiones ellos mismos y vigiarlas, y en este sentido, puntualizó que en el mundo del contratismo, los contratistas de los gobiernos de los estados terminan por sacar todas las ventajas y no dejar ninguna para las poblaciones indígenas.
En el dictamen se informa también que la Junta de Gobierno de la Comisión, está facultada para definir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con los gobiernos estatales y municipales, e incluso, con las organizaciones de los sectores social y privado.
En ese sentido, los legisladores manifestaron en el contenido del dictamen, que mientras no haya una reforma constitucional expresa, se debe ser congruente con la normatividad existente, en la que se dispone que a las entidades federativas corresponde reconocer a las comunidades indígenas como entidades de interés público, sin referir la calidad de sujetos de derecho público.
Además, que la Federación, Estados y Municipios tienen la obligación de impulsar el desarrollo regional, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas.
El dictamen avalado se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis.
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