Número-652
- Dos millones 339 mil 940 personas se dedican a esta actividad en México.
- Los empleadores tienen la obligación de dar un trato digno al trabajador y garantizar el desarrollo de su empleo libre de violencia.
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros presentó una iniciativa para reconocer el derecho de las y los trabajadores del hogar a la estabilidad en el empleo, seguridad social, libertad sindical, negociación colectiva y justicia laboral.
A nombre de los senadores Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo y Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, la legisladora destacó que al segundo trimestre de 2014 se registraron dos millones 339 mil 940 personas ocupadas en esta actividad. De esa cifra, agregó, el 90 por ciento corresponde a mujeres.
De lo anterior, expresó, se deduce que en México “hay más trabajadores del hogar que trabajadores de la educación”, pues existen un millón 803 mil 468 personas en el padrón de maestros.
Dijo que esta actividad está altamente feminizada y lamentablemente no está reconocida como un trabajo formal; casi ninguna persona, añadió, cuenta con un contrato, la mayoría labora de entrada por salida, 34 por ciento de quienes se dedican a ello trabaja cuatro días a la semana y sólo el 43 por ciento gana entre uno y dos veces el salario mínimo.
Es una realidad “deplorable” que además no permite la seguridad social ni prestaciones para quienes laboran en el hogar, asentó. “Este trabajo --expresó-- carece de regulación y los derechos laborales que se reconocen son menores que los del resto de los empleados”.
Ante este panorama, propuso reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo para definir que una persona trabajadora del hogar es toda persona sin importar su género, que realiza un empleo doméstico en el marco de una relación laboral en cualquiera de sus dos modalidades: de entrada por salida y de planta.
De acuerdo con la propuesta, los empleadores tendrá la obligación de dar un trato digno al trabajador doméstico y garantizar el desarrollo de su actividad libre de toda violencia física o verbal.
La iniciativa se envió a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.
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