AGRESIONES A PERIODISTAS FORTALECEN IMPUNIDAD E INSEGURIDAD
No castigar a los responsables de agresiones a periodistas y medios de comunicación, fortalece la impunidad y el clima de inseguridad que atraviesa el país.
En ello coincidieron directores de medios de comunicación, especialistas, periodistas y directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el marco del segundo y último día de trabajos del foro Impunidad como limitante a la Libertad de Prensa y Gobernabilidad Democrática en el siglo XXI, que se llevó a cabo en el Senado de la República.
Ramón Alberto Garza, director de la revista Reporte Índigo, aseguró que un Estado que no garantiza que cualquier ciudadano o periodista hable con libertad, está a un paso de ser un Estado fallido.
Al abordar el tema Los códigos éticos del periodismo en tiempos de censura, amenaza y violencia, consideró fundamental preservar los códigos de ética de periodistas, aunque hoy en día existan dos tipo de medios con códigos diferentes: los clásicos y los digitales.
“La ética no es negociable --señaló-- porque una vez que se cede a algo, se cede al propio derecho de conocer la verdad. Hoy la información no está en lo medios sino en el internet a través de las redes sociales y es uno mismo quien la genera”.
En el panel Diseño de un modelo de política de movilización contra la impunidad; hacia la creación de una Red Latinoamericana de Protección a Periodistas, el periodista Roberto Rock, de la Sociedad Interamericana de Prensa, consideró que la creación de una red de protección para periodistas es muy compleja.
El mayor aliciente de los agravios contra periodistas radica en la impunidad, que sí es evitable.
El gremio periodístico --destacó-- está subordinado al crimen organizado, que ahora desarrolla una política de control de la agenda y “hace una política de comunicación social más eficiente que la del Estado”.
A su vez, Oscar Elizundia Treviño, director general del programa de agravio a periodistas y defensores civiles de derechos humanos de la CNDH, detalló que la propuesta de la Comisión es la creación de un observatorio sobre periodistas, comunicadores y medios de comunicación.
Este organismo, explicó, permitiría identificar situaciones urgentes y patrones de violaciones a derechos humanos y llevar a cabo políticas públicas regionales.
Además, estimó necesario consolidar la protección de los periodistas mediante medidas cautelares como el estudio de riesgo, la temporalidad, las fuerzas policiales, las telecomunicaciones, la atención médica y psicológica, la preservación de datos y el seguimiento.
A su vez, Mike O’Connor, representante del Comité para la Protección de Periodistas de México, aseguró que no existe libertad de expresión ni de prensa porque el sistema funciona con una nube de amenazas y es controlado por el crimen organizado en los estados de la República.
Expresó que la Fiscalía que atiende los crímenes contra periodistas no cuenta con presupuesto para accionar y no ha resuelto ni un caso de asesinato.
“No veo la posibilidad de salvar la vida de los periodistas, no lo veo, y yo trabajo en esto”, recalcó.
En su turno, Aleida Calleja, la presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, dijo que la ausencia de estructuras judiciales que investiguen eficazmente y den con los agresores de periodistas y medios de comunicación, es el motivo principal que fortalece la impunidad.
La falta de voluntad del Estado mexicano en su conjunto para revertir la situación, el Ejecutivo no ha dado mayores facultados a la Fiscalía Especial, y la falta de legislación para normar el problema.
Además --precisó-- el gremio periodístico debe fortalecer los lazos de solidaridad ante la realidad por la que atraviesa el país y también debería quedar atrás la competencia de los medios, porque hay que hacer una unión para la protección del gremio.
Por su parte, Teodoro Rentería Arróyave, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, reconoció que el fenómeno en contra de la libertad de expresión y de prensa, y del derecho a la información de los pueblos sólo puede terminarse cuando se tome al máximo nivel la determinación política de combatirlo.
El día que tome la determinación el Presidente y logre poner a un asesino de un periodista en la cárcel, el gremio organizado “se va a congraciar con el Estado mexicano” y el pueblo mexicano habrá alcanzado un estatus extraordinario en lo que se refiere al Estado de derecho.
Resaltó que en los últimos 54 meses de la actual administración ha ocurrido igual número homicidios, es decir uno por mes y esa es la terrible tragedia que se vive en México.
En el primer sexenio panista se registraron cinco asesinatos por año, los homicidios aumentaron a 30 y se incrementó el fenómeno de la desaparición forzada de periodistas como nunca antes, puntualizó.
En su ponencia, Celeste Sáenz de Miera, directora general del Club de Periodistas de México, llamó a legislar con libertad, sin ataduras ni intereses particulares.
La información --señaló-- es un derecho que se debe ejercer con transparencia para que no se confunda con una venta de opinión; “hay que ser autocríticos” y exigir respeto hacia los periodistas.
Finalmente, Brisa Solís Ventura, directora del Centro Nacional de Comunicación Social, consignó que los elementos fundamentales para construir alianzas o procesos deben ir de acuerdo al contexto del país, pues “la emergencia permite la coincidencia de iniciativas”.
--oo0oo--
