Comunicado-448
- Cuestionan legisladores sobre irregularidades en contratos.
La Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, sostuvo una reunión de trabajo con Daniel Ramírez Ruiz, titular del Órgano Interno de Control de PEMEX, en la que informó de su participación dentro del procedimiento mediante el cual se inhabilitó a la empresa para participar en los procesos de contratación del Gobierno federal por un periodo de un año, nueve meses y once días y multa por 24 millones 31 mil 974 pesos.
En su exposición, Ramírez Ruiz destacó que no hubo daño patrimonial causado por la conexión con Oceanografía, ya que de acuerdo con datos de 2006 a 2014, se efectuaron 500 mil contratos, que comparados con los 82 contratos que manejó Oceanografía en ese mismo tiempo, no se llega ni al 0.3 por ciento.
Subrayó que es importante a nivel de empresa, pues satisfizo algunas necesidades importantes, pero no el daño patrimonial que pudiera haber causado; no existe en la forma en que se expresa.
La presidenta de la Comisión Especial, Lisbeth Hernández Lecona cuestionó la forma cómo se están implementando las acciones y programas para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, a fin de prevenir casos como el de Oceanografía.
Además, refirió que se dio a conocer una conversación telefónica entre el empresario Amado Yáñez Osuna y su socio Oliver Fernández, en la que se implicaba al director de Servicios Marinos de Pemex, Mario Ávila Lizárraga y al ex director de Exploración y Producción, Carlos Morales por diversos actos de corrupción relacionados con la asignación de contratos, “por lo que es necesario saber ¿qué acciones ha realizado el órgano interno de control en relación con estas manifestaciones?”
Asimismo, indicó que fueron emitidos oficios al Procurador Jesús Murillo Karam para solicitar un informe detallado sobre la situación jurídica de Amado Yáñez Osuna, así como de la ampliación de la información de los hechos que actualmente se suscitan.
El senador del PRI, Jesús Casillas Romero dijo que las auditorias constatan que hubo irregularidades por parte de la empresa Oceanografía al incumplir con sus obligaciones contractuales, ya que de los 82 contratos firmados, 43 fueron auditados y se les encontraron anomalías, sobre todo obras no realizadas y pagos sin actas, por lo que cuestionó si se encontraron tantas irregularidades en los contratos ¿por qué Pemex siguió contratando con Oceanografía?
La senadora Dolores Padierna Luna, del PRD, señaló que a nueve meses de iniciado el caso se desconoce hasta donde llegó la corrupción de Amado Yáñez en Pemex, y que a pesar de que el órgano interno de control documentó irregularidades en varios contratos la PGR mantiene que el fraude de Oceanografía también se trata de un fraude entre privados, los indicios sugieren lo contrario.
El senador del PRD, Mario Delgado Carrillo señaló que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil, quien lleva el concurso mercantil, reconoció a 245 acreedores de Oceanografía, entre los cuales no aparece Pemex, “es decir ¿no hay ningún reclamo por parte de la paraestatal hacia esta empresa de algún tipo de daño?” También cuestionó si en todos los litigios que se establecieron con Oceanografía, Pemex está protegido contra cualquier pérdida.
En sus respuestas el contralor Daniel Ramírez Ruiz expresó que de acuerdo a lo que se ha manejado en la operación “no existe un daño patrimonial, todo se ha concebido y aplicado en la medida de las circunstancias”.
Informó que al 28 de febrero se tenían 39 contratos vigentes con Oceanografía, de los cuales 31 contaban con cesión de derechos. A la fecha, anunció, hay ocho contratos con cesión de derechos de cobro en favor a diversas instituciones bancarias: tres a Banamex, uno a Banco Invex, tres para Banco Autofin México y uno para Santander.
Respecto de la llamada telefónica a la que hizo referencia la senadora Hernández Lecona señaló no se encontraron elementos, porque se tienen que basar en declaraciones y no con la información que se genera la cual puede ser tendenciosa y no reflejar la realidad, “en este caso se ve que es una difamación lo que se está haciendo”.
Indicó que se encontró una falta de supervisión total al momento de recibir las fianzas al no cuestionarlas de la forma debida. Hay una diferencia de cinco millones 419 mil, contra la generación de contratos de un orden de 255 millones de pesos, esa diferencia se cobró a la empresa y lo encontrado se llevó al área de responsabilidades de servidores públicos del PEP y están cuatro personas sancionadas: un gerente, un subgerente y dos analistas.
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