Comunicado-435
- Advierte que programas de televisoras fomentan entre la población estereotipos de caridad.
- Los recursos deben lograr igualdad e inclusión integral de la sociedad de las personas con discapacidad.
La Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad manifestó su preocupación por el uso de recursos públicos en campañas privadas de atención a discapacitados, en especial de parte de televisoras, al advertir que promueven entre la población estereotipos de caridad.
Para revertir esta situación y cumplir con el artículo 9 de la Convención (CRDP, por sus siglas en inglés), propuso al Congreso y al Gobierno Federal establecer líneas presupuestarias que permitan alcanzar, de manera efectiva la igualdad e inclusión integral a la sociedad de las personas con discapacidad.
A través del oficio sobre las observaciones finales sobre el informe inicial de México del cumplimiento de los artículos de la Convención, remitido al Senado por la Secretaría de Gobernación, el organismo internacional subraya que le preocupa que un alto porcentaje de los recursos del Estado destinados a la rehabilitación “sean objeto de administración en un ente privado como Teletón, campaña que promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad”.
Recomendó establecer una clara distinción entre el carácter privado de las campañas privadas y las obligaciones que el Estado debe cumplir para la rehabilitación de las personas con discapacidad, así como el desarrollo de programas públicos para la toma de conciencia sobre las personas con discapacidad como titulares de derechos.
La CRDP sugirió también que en México se implementen líneas presupuestarias específicas para cumplir los objetivos en materia de igualdad, combate a la discriminación y desarrollo de estrategias de difusión para la integración social de las personas con discapacidad.
Otra grave preocupación del organismo internacional, es respecto a la esterilización forzada de personas con discapacidad, en instituciones como Casa Hogar Esperanza donde se coacciona a niñas, adolescentes y mujeres. Existen otros casos, refiere, donde se denuncian abortos forzados, y urgió al Estado mexicano a iniciar procesos de investigación administrativa y penal contra las autoridades responsables.
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