- La mayoría de las personas que conforman a este sector de la población son marginadas de la vida laboral o carecen de seguridad social.
- Presenta legisladora del PRD iniciativa para garantizarles apoyo institucional.
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que la mayoría de las personas adultas mayores que viven en nuestro país son marginadas de la vida laboral o carecen de seguridad social y del pago de prestaciones.
Por ello, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática, consideró indispensable promover la reinserción a la vida productiva de este sector de la población, así como garantizar el apoyo institucional para el financiamiento de microempresas.
Argumentó que México está inmerso en una revolución demográfica, derivada principalmente de un descenso generalizado de las tasas de fecundidad y de los avances en materia de salud, por lo que tiende hacia un irrefutable envejecimiento de la población.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2012 la población de 65 años o más en situación de pobreza fue de cuatro millones de personas y la que se encuentra en pobreza extrema representa casi el 10 por ciento del sector.
De acuerdo con las estimaciones del mismo organismo, las personas con este rango de edad que vive en situación de pobreza alimentaria ascienden a 939 mil personas, de las cuales el 57.6 por cierto no trabaja y sólo el 19.5 por ciento está jubilada o recibe alguna pensión.
La pobreza de las personas mayores, en un mundo que progresivamente envejece, enfatizó, es un gran reto político, económico y social, por lo que es de crucial importancia introducir medidas para hacerle frente.
Ante este panorama, Cuéllar Cisneros propuso modificar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de establecer su derecho a recibir el apoyo del gobierno federal, estados y municipios, para lograr una reincorporación a la vida productiva, mediante capacitación, asesoría y financiamiento para emprender empresas sociales o iniciar un negocio propio.
La propuesta se turnó a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.
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