La iniciativa, precisó el legislador del PRD, establece un tope máximo a la tasa de imposición que establezcan los estados a favor de los municipios sobre bienes del dominio público de la Federación y evitar que puedan crear esta atribución de manera discrecional.
Así, las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo tendrán como límite máximo el que expida el Congreso de la Unión.
El Congreso, se estipula en la propuesta, tampoco podrá conceder exenciones o subsidios ni el Ejecutivo federal podrá hacer observaciones al decreto respectivo.
De acuerdo con la reforma al artículo 115 Constitucional, los recursos procedentes de dichas contribuciones serán aplicadas exclusivamente a la realización de obras públicas para beneficio colectivo.
Además, Gómez Álvarez planteó eximir de las contribuciones señaladas a los establecimientos públicos escolares y de salud, así como las instituciones de educación superior, centros de investigación y museos.
Expuso que “es oportuno atender la preocupación tanto del Ejecutivo federal como del Congreso de la Unión en el sentido de que cada estado pudiera establecer contribuciones demasiado altas, desmesuradas o abusivas y que entre las entidades se hiciera una competencia de carácter fiscal municipal”.
Por ello, dijo, se propone fijar un tope máximo a la tasa de imposición que establezcan los estados a favor de los municipios sobre bienes del dominio público de la Federación, de tal manera que ningún estado pudiera discrecionalmente establecerla.
La propuesta se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
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