Comunicado-397
- Comisión de Gobernación argumenta improcedencia por tratarse de un tema de gastos e ingresos del Estado.
- Se hace un juicio anticipado de constitucionalidad en materia de ingresos señala Javier Corral.
La Comisión de Gobernación declaró improcedente la petición de consulta popular suscrita por senadores del PAN y PRD, la cual tenía como propósito preguntar a la ciudadanía si desea que se emita una ley federal de remuneraciones de servidores públicos y reducir en 50 por ciento las que actualmente perciben el Presidente de la República y altos funcionarios de la Federación.
No obstante, este órgano legislativo acordó que el Senado de la República realice un exhorto a la Cámara de Diputados para que someta a discusión, ante su pleno, la minuta que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, enviada por los senadores el 8 de noviembre de 2011 y que se encuentra pendiente de su aprobación.
En el dictamen aprobado se explica que los integrantes de la Comisión concluyeron que las remuneraciones de los servidores públicos son esencialmente parte del presupuesto de egresos de la Federación, de tal manera que al estar contenidas en él son parte de los gastos que el Estado realiza.
En este sentido, precisaron que tanto la Constitución como la Ley Federal de Consulta Popular establecen que no podrán ser objeto de consulta los ingresos y gastos del Estado.
Aunado a ello, aclararon, resulta improcedente someter a consulta popular la materia de remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos, pues este tema es obligación del Congreso de la Unión que tiene el mandato de regularlo.
Sin embargo, los senadores consideraron que ante la improcedencia de la consulta es necesario hacer un llamado a la colegisladora para que a la brevedad someta a discusión la minuta que le fue enviada por el Senado en 2011, que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
El objetivo es cumplir con la obligación constitucional y atender esta demanda ciudadana, así como establecer claramente las reglas para la determinación de este tipo de remuneraciones de acuerdo con los límites, principios y bases establecidas en la Carta Magna.
Al respecto, la senadora priista Cristina Díaz Salazar, presidenta da la Comisión, advirtió que avalar una propuesta en la que se acepta convocar a consulta un tema de gastos o ingresos puede sentar un precedente “muy delicado”.
Dijo que la mejor decisión que se pude tomar en este tema es solicitar a la colegisladora un trabajo en conferencia para “descongelar” la minuta que se le envió desde 2011 “y acabar con ello una discusión bizantina”.
De la misma bancada, el senador Gerardo Sánchez García dijo que los electores cuentan con un control democrático para cambiar la orientación financiera del Estado, pues con su voto pueden modificar la composición de las cámaras u optar por la alternancia, por lo que resulta innecesaria esta consulta.
Para el senador priista Omar Fayad Meneses existe “un camino más rápido” para alcanzar el objetivo de la consulta presentada, y es exhortar a la colegisladora para que saque adelante la minuta, que para algunos se encuentra “congelada”.
En contra del dictamen, el senador panista Javier Corral Jurado manifestó que con esta decisión la Comisión se adelanta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su función exclusiva de indicar la constitucionalidad o no de las consultas populares.
Hace un juicio anticipado de constitucionalidad en términos de ingreso y gasto, lo que “es lamentable” porque el gobierno federal y su partido precisamente bajo esa lógica quiere nulificar cualquier posibilidad de consulta en materia energética tanto a nivel constitucional como legal.
Por el PRD, el senador Armando Ríos Piter apoyó el dictamen en sus términos, ya que la Carta Magna restringe poner a consideración el tema de gasto público y de ingresos, por lo que no existen las condiciones para realizar la consulta popular que fue propuesta.
No contamos con los elementos suficientes para incitar algo que en esencia es positivo, agregó, pero apegado a la ley y a los argumentos se tiene una limitación para poder impulsar la consulta, de ahí que es necesario “sacar de la congeladora” la minuta que se encuentra en la Cámara de Diputados.
El senador perredista Benjamín Robles Montoya indicó que apoya los argumentos expuestos en el dictamen para desechar la consulta, pero se pronunció por retomar este tema a fondo porque es una demanda de la sociedad, además de que es un asunto que genera descredito en la clase política.
Por el PVEM, el senador Carlos Alberto Puente Salas insistió en la improcedencia de esta propuesta, ya que al formar parte del presupuesto las remuneraciones son parte de los gastos del Estado.
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