Comunicado-328
- Se debe evitar la especulación o el uso electoral de recursos.
- Acrecentar recursos financieros para el sur del país, a fin de contar con una política social de alto impacto.
El senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, planteó cambios a la Ley General de Desarrollo Social, con el propósito de garantizar la inclusión de regiones de extrema pobreza en programas y políticas sociales.
Se propone -explicó- no solamente reconocer el carácter social y generoso de la política pública, sino que las acciones gubernamentales estén ajustadas a criterios específicos de apoyo a los municipios en donde hay pobreza extrema, evitando especulaciones o uso electoral de estos recursos.
Para ello, los recursos se deberán asignar en función de prioridades sociales, ya que un gasto social imprudentemente asignado a obras suntuosas de infraestructura no impacta en las condiciones de vida de la mayor parte de la población, destacó el legislador.
Además, planteó que sin perder la estabilidad financiera y el equilibrio macroeconómico, se deberá ampliar la dotación de recursos financieros para que los estados del sur del país implementen una política social de alto impacto de largo plazo.
El senador Robles Montoya destacó la puesta en marcha del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE), implementado por el Ejecutivo Federal, el cual “está orientado a la población objetivo constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación.”
La Cruzada se concentra en 400 municipios seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la alimentación, advirtió el legislador.
Sin embargo, puntualizó que en la región sur del país hay aproximadamente seis millones 423 mil personas en pobreza extrema, 55 por ciento de la población nacional. Aun con ello, la Cruzada solo incluyó 295 municipios de la zona.
En este sentido, apuntó que diversos sectores han mostrado su preocupación debido a que la integración de los primeros municipios-meta son parte de una estrategia político-electoral, ya que la Cruzada no consideró en la primera etapa a los que sufren extrema pobreza, como San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, donde 56.1 por ciento de la población vive en pobreza extrema, o Zirándaro, Guerrero, donde lo mismo ocurre con el 57.4 por ciento su población.
Para el sur no son suficientes los programas focalizados contra la pobreza; es indispensable proponer programas innovadores que surjan de la base social que los demanda y, para ello, es prioritario que los pobres se transformen en sujetos activos de su desarrollo económico y social, finalizó.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos.
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