Comunicado-285
- Debaten grupos parlamentarios por más de cuatro horas; castigar a culpables independientemente del nivel de gobierno o partido político.
- Hechos demuestran crisis de Estado, no seguir solapando a gobernadores, no repartir culpas ni politizar el caso, algunas de las expresiones vertidas durante la discusión.
El Senado de la República creará un grupo de trabajo plural dentro de la Comisión de Gobernación, con el objetivo de coadyuvar con las autoridades en las investigaciones de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Asimismo, la asamblea exigió al Estado mexicano realizar todas las acciones conducentes para localizar a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos y mandató a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional a celebrar una sesión donde se aborde la situación de la seguridad pública en Guerrero.
El Senado también expresó su más amplia solidaridad a los familiares de los normalistas y de las personas que perdieron la vida en los “lamentables, dolorosos, indignantes e inaceptables” hechos de violencia cometidos en la Ciudad de Iguala, Guerrero, en dichos días.
Los senadores exhortaron al gobierno federal y al de Guerrero a que las investigaciones se conduzcan con estricto apego a la legalidad, con profesionalismo y se aplique la ley a los autores materiales e intelectuales y a quienes por acción u omisión tuvieron algún grado de participación.
Del mismo modo, solicitaron a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas que haga uso de sus facultades conferidas por la ley, a fin de garantizar a los afectados sus derechos de asistencia, asesoría jurídica, protección, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.
Hicieron un llamado para que las investigaciones se realicen en un marco de transparencia, celeridad, objetividad y comunicación permanente con las familias de las víctimas y la sociedad en su conjunto, con el objetivo de identificar y sancionar a quienes resulten responsables.
El pleno dejó en aptitud a las comisiones que correspondan del Senado para que en el ámbito de sus competencias atiendan lo relativo a este lamentable acontecimiento.
Después de más de cuatro horas de debate, el presidente de la Mesa Directiva, Miguel Barbos Huerta, afirmó que la Cámara de Senadores no ha sido ni será omisa ante los hechos de Iguala, pues se expresó una condena y una exigencia de justicia unánime, así como de la necesidad de fincar responsabilidades a servidores públicos sean quien sean.
Las y los senadores, expresó, tenemos que acreditar ante la sociedad que vamos a involucrarnos para conseguir el esclarecimiento de los hechos a través de una investigación profunda, que lleve a los responsables a la cárcel.
A su vez, el senador René Juárez Cisneros manifestó el “enérgico rechazo” del grupo parlamentario del PRI a cualquier “intención perversa” que pretenda politizar y lucrar con el dolor de las familias afectadas. Ningún partido político tiene derecho a buscar beneficios electorales. Es un asunto judicial y debe atenderse exclusivamente en ese ámbito, precisó.
Mencionó que se deben evitar rumores y especulaciones que confundan al pueblo de Guerrero y que abonen a la desconfianza y desencuentro de los guerrerenses. Por el bien de todos --subrayó-- estos delitos tienen que investigarse y resolverse a la brevedad posible, pues “nadie absolutamente nadie puede estar por encima de la ley”.
Para el senador del PRD, Armando Ríos Piter se trata de la erosión y colusión de la propia autoridad municipal, que siendo responsable de la seguridad participó y ordenó asesinar y desaparecer a ciudadanos.
Se requiere --agregó-- llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer estos hechos y castigar con todo el peso de la ley, se trate de quien se trate, a los culpables. No pueden quedar en la impunidad este tipo de acciones.
La senadora del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa expresó que lo acontecido en Iguala no pude verse como “un caso aislado” ni podemos “llamarnos sorprendidos” o “darnos golpes de pecho” porque la delincuencia organizada ha repetido en Guerrero el mismo modelo que aplica en Michoacán y Tamaulipas, donde los grupos criminales se infiltran y se hacen aliados de los candidatos.
Lo tenemos enfrente y no podemos decir que es un tema sorpresivo, tanto que el Cisen sabía que el alcalde de Iguala era una gente que había sido financiada por la delincuencia organizada y que había recibido recursos “para dar y regalar”. Por ello, agregó, se debe atacar ese modelo y tener cuidado en las candidaturas, en los órganos electorales y en las policías.
El senador del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas dijo que Guerrero está frente a una situación que requiere atención inmediata por parte de todas las fuerzas políticas, con el fin de sumar esfuerzos para reconstruir el tejido social y reforzar las instituciones que permitan el ejercicio de gobierno.
Condenamos estos actos y reconocemos la “sensibilidad y compromiso” del gobierno federal y también la colaboración de los tres órdenes de gobierno para que no queden impunes y se sancione a los culpables, expresó.
De la bancada del PT, el senador David Monreal Ávila exigió castigo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes, reparación integral del daño y adopción inmediata de medidas ante estos indignantes hechos, que constituyen crímenes de lesa humanidad de los cuales el Estado mexicano también tiene responsabilidad.
Afirmó que tener toda la fuerza federal al mando no es la solución, porque además de ser una clara injerencia en la soberanía y autonomía de las entidades federativas y los municipios, “ha quedado más que claro que las redes del crimen alcanzan vínculos hasta con funcionarios de alto nivel”.
Mónica Arriola Gordillo, senadora de Nueva Alianza, subrayó que es fundamental llevar a cabo una investigación pronta y eficaz que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos en Iguala, Guerrero.
La senadora Layda Sansores Sanromán, del PT, aseguró que los asesinatos y desaparición de normalistas es “el hecho criminal más grave que ha acontecido en los dos años de Peña Nieto” y forma parte de una cadena de asesinatos y masacres, como la ocurrida en Tlatlaya, que hablan de una “crisis de Estado”.
La senadora Dolores Padierna Luna consideró que esta atrocidad pudo evitarse si las autoridades hubiesen cumplido con su responsabilidad cuando se denunciaron los asesinatos cometidos anteriormente por el alcalde José Luis Abarca; no obstante, dijo, le tomamos la palabra al Presidente de la República. La lucha es contra la corrupción e impunidad, que no quede en discursos ni pronunciamientos mediáticos.
Encabezaremos o deberíamos encabezar una cruzada nacional contra la impunidad. Legislemos ya para crear la fiscalía anticorrupción y que la PGR asuma sus funciones principales, que no se le deje a la Secretaría de Gobernación esas tareas porque se diluyen, pronunció la legisladora perredista.
El senador panista Francisco García Cabeza de Vaca dijo que se debe aceptar que la estrategia anticrimen del gobierno federal no está funcionando y no seguir “solapando” a gobernadores ausentes, pues Guerrero no es el único caso “ahí tenemos la historia de Tamaulipas, Veracruz y Michoacán, donde se pacta con la delincuencia organizada para mantenerse en el poder y ganar elecciones.
Del PRI, el senador Ismael Hernández Deras expresó que ante este “abominable hecho” no se deben repartir culpas ni realizar acusaciones frívolas y sin sustento, además dejó en claro que el gobierno de la República “no pacta con nadie y ejerce la fuerza del Estado y del derecho”.
El senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez señaló que no basta con manifestar rechazo y ofrecer condolencias por lo que ocurrió en Guerrero sino atender de manera puntual el caso e indicar quiénes son las autoridades responsables por acción u omisión, así como castigar a los autores materiales de estos crímenes.
Precisó que la omisión de las autoridades fue fundamental para propiciar el escenario y cometer estos crímenes, ya que la Procuraduría General de la República y la local no intervinieron pese a que contaban con la información necesaria. El Cisen reconoció que sabía de los vínculos del presidente municipal con la delincuencia organizada, expresó.
Dijo que es necesario cuidar la selección de candidatos para las elecciones de 2015, pues también hay responsabilidad de los partidos políticos al permitir que con la idea de obtener votos y recursos se les abran las puertas a los delincuentes.
El senador del PT, Marco Antonio Blásquez Salinas señaló que es necesario demandar justicia y la pronta intervención del gobierno federal para el esclarecimiento de los hechos, “pero si nosotros no abordamos la serie de eventos que se fueron sumando hasta llegar a la realidad que se vive actualmente en Guerrero, en 15 años estaremos viviendo lo mismo”.
La senadora del PRD, Angélica De la Peña Gómez señaló que el Senado tiene temas pendientes ligados con este tipo de hechos, como lo es el uso ilegítimo de la fuerza pública, la formación y profesionalización de policías, la desaparición forzada de personas y la entrada ilegal de armas al país.
La senadora del PAN, Adriana Dávila Fernández mencionó que Ayotzinapa es referente de la realidad violenta que “azota al país”, crimen organizado por un lado y abuso de fuerzas policiales por el otro; corrupción e impunidad, binomio que hace dudar de las instituciones y que altera el cotidiano colectivo.
El también senador del PAN, Salvador López Brito, señaló que ante los hechos de Tlatlaya, Estado de México, y de Iguala, Guerrero, el Estado mexicano no debe quedarse con los brazos cruzados y “continuar tolerando malas prácticas” por parte de corporaciones policiacas y de las propias Fuerzas Armadas.
A su vez, el senador Fidel Demédicis Hidalgo consideró que el Senado debe decir un ya basta a que la impunidad siga cabalgando sin control a lo largo y ancho del país, ante la pasividad de quien tiene la obligación constitucional de combatirla sin miramientos, pensando siempre en el bien de la población y no el interés político que traería, como consecuencia, abrir una cloaca que ya es imposible contener.
En opinión de la senadora Silvia Garza Galván, de Acción Nacional, “no hay lugar para las mediocridades” y el gobernador de Guerreo está obligado a dar respuestas claras y contundentes, pero el gobierno federal tampoco puede eludir sus responsabilidades, porque ese estado “es ejemplo claro del fracaso de la estrategia de seguridad que tanto cuestionó en otro tiempo”.
“Exigimos una política integral en materia de seguridad pública, porque mandar 250 gendarmes sabemos que no va solucionar el problema”, expresó.
Para el senador del PRD, Raúl Morón Orozco el de Iguala no es un caso aislado; Michoacán, señaló, también está bañado de sangre, de jóvenes y adolescentes que fueron baleados por elementos del mando único, porque no se detuvieron ante una indicación de alto. Todos esos hechos, asentó, merecen castigo porque hay responsabilidades.
Javier Lozano Alarcón, senador del PAN, dijo que los tres órdenes de gobierno tienen corresponsabilidad en lo sucedido en Guerrero, pues determinados funcionarios supieron con antelación quién era el alcalde de Iguala; no obstante, agregó, también es cierto que “los partidos políticos estamos fallando porque nos asociamos con un impresentable con tal de mantener o alcanzar el poder”.
Después de hacer un recuento del estado en que recibió el país la actual administración federal, la senadora priista Graciela Ortiz González dijo que no se puede resolver en dos años “el desastre” de nación que se construyó en 12 años, es imposible, apuntó.
La senadora perredista Alejandra Barrales Magdaleno manifestó que se tiene que fincar responsabilidades y castigar a los responsables “sean del gobierno que sean y sean del partido que sean”.
Por su parte, la senadora panista Mariana Gómez del Campo aseveró que la actual administración federal no ha sabido gobernar, y debido a ello, el país hoy “es un desastre”. No han dado una en materia de seguridad pública, en gobernabilidad ni en economía, “puras promesas de campaña”, puntualizó.
La senadora del PRI, Cristina Díaz Salazar manifestó que la erosión social de Guerrero lleva varios años, por lo que en estos momentos lo más importante es la suma de voluntades de todos los grupos parlamentarios para trabajar con el Ejecutivo con el propósito de encontrar una solución a este grave problema.
El senador del PRD, Zoé Robledo Aburto expresó que además del castigo a los responsables debe venir un trabajo de reconstrucción de la unidad y la cohesión social, valorar el papel de las normales rurales de todo el país y dejar de criminalizar su lucha reivindicatoria.
El senador del PAN, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela consideró inaceptable que se quiera eludir la responsabilidad de las autoridades, “por lo que no vamos a permitir que haya impunidad, tenemos que hacerle frente y les exigimos al Gobierno federal que actué”.
El senador Luis Sánchez Jiménez, del PRD, dijo que el Senado debe hacer un planteamiento serio y honesto para que esto no se repita, porque el verdadero problema se encuentra en el tráfico de armas, la corrupción de la policía, la incapacidad de responder de los diversos órganos de gobierno.
El senador Sofío Ramírez Hernández, del PRD, aseveró que lo más importante es encontrar a los 43 jóvenes desaparecidos, que se aplique la ley y haya justicia, pero al mismo tiempo que no se aliente la inestabilidad y las acusaciones sin fundamento que pretendan, por intereses políticos, generar ingobernabilidad.
Del PRI, el senador Enrique Burgos García alertó que no es el momento para un debate de matiz electoral por este hecho, pues la nación padece un cáncer, una enfermedad seria que se ha venido gestando por años y ha encarnado, por lo que nadie puede sentirse ajeno, extraño o indiferente ante una realidad que nos alcanza a todos y tampoco se vale distribuir y repartir culpas.
El enemigo, asentó, es la delincuencia organizada y en este escenario el Estado de derecho debe prevalecer sobre todo y sobre todos.
SENADORES GUARDAN MINUTO DE SILENCIO POR VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN GUERRERO
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los hechos de violencia que se han suscitado en días recientes en el estado de Guerrero.
Al inicio de la sesión a solicitud del senador René Juárez Cisneros, del PRI, el Pleno del Senado guardo un minuto de silencio. El presidente en turno, Luis Sánchez Jiménez, solicitó a la Asamblea ponerse de pie.
---.---
