El Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen por el que se expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, a fin de establecer la responsabilidad del Estado para impulsar y facilitar la organización y expansión de este sector económico.
Con el nuevo ordenamiento se definen las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del sector social de la economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social, a la generación de fuentes de trabajo digno y equitativa distribución del ingreso.
De acuerdo con la Ley reglamentaria del párrafo séptimo del Artículo 25 de la Constitución, dicho segmento económico estará integrado por ejidos, comunidades, organizaciones de trabajadores, sociedades cooperativas y empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los empleados.
En general, se precisa en el dictamen, “de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios”.
“El Estado apoyará e impulsará a los organismos del sector bajo criterios de equidad social y productividad, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público y en beneficio general de los recursos productivos que tendrán la obligación de proteger y conservar, preservando el medio ambiente”.
Los senadores consideraron como fines de la economía social promover el desarrollo integral del ser humano, contribuir al desarrollo socioeconómico del país, fomentar la educación y formación, promover el ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa y participar en el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo.
El senador de Acción Nacional, Jorge Ocejo Moreno, manifestó que con la propuesta se “vuelve” a la identidad nacional y se da prioridad al empleo, a la satisfacción de necesidades básicas y a la autonomía de los grupos sociales que se autorregulan por sí mismos.
“Cuando una empresa privada puede aumentar sus utilidades intensificando la productividad a través del maquinismo, no titubea en despedir parte de su nómina, pero cuando una empresa social necesita ser más competitiva, desarrolla más su capital humano, perfecciona su capital social y no despide a nadie”, aseguró.
El legislador se pronunció porque “se abra una ancha puerta para el desarrollo de las empresas de producción industrial y agropecuaria, así como de cooperativas que son propiedad de los trabajadores y se sienten las bases para un derecho fiscal diferenciado y un tratamiento distinto en las políticas públicas”.
Por el PRI, el senador Alfonso Elías Serrano resaltó que desde 1983 se estableció en la Constitución el mandato de reglamentar la participación del sector social de la economía con el objeto de facilitar su organización y expansión.
Entre otras disposiciones, agregó, se crea el Instituto Nacional de Economía Social como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía encargado de definir e instrumentar las políticas públicas respectivas.
A nombre del PRD, el senador René Arce afirmó que ni el estatismo ni el mercado a ultranza son la respuesta a los problemas de la humanidad, ya que ambos o suprimen libertades y posibilidades de desarrollo humano.
“Por eso necesitamos un mercado democratizado, regulado, al que concurran los diferentes esfuerzos privados, públicos y sociales, pero hemos olvidado el esfuerzo de millones de seres humanos que se han organizado para poder intervenir en la economía, sin ver el lucro y la ganancia como el principal objetivo”, aseveró.
Por su parte, el senador petista Ricardo Monreal Ávila respaldó expedir la nueva Ley porque facilitará la organización y expansión de la actividad económica del sector social y el Congreso cumple el “viejo reclamo de que el sistema económico al que obcecadamente se le da prioridad y privilegio está agotado”.
“Hemos sostenido de manera razonada que el proyecto económico neoliberal y caduco está próximo a sucumbir” y es indispensable apoyar a las organizaciones sociales para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
El dictamen fue aprobado con 83 votos a favor y se envió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.
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