- Reforma tiene que dar certeza a autores, productores y editores: senador Romero Hicks.
- Necesario establecer definiciones en relación con el patrimonio editorial de la nación: senadora Alcalá Ruiz.
Senadores de la República se comprometieron a rediseñar el sistema del Depósito Legal, sin conculcar las libertades de expresión y manifestación de las ideas, y asegurar la protección legal de la propiedad intelectual, los derechos de autor, evitar el plagio y la reproducción ilegal con fines de comercio.
En el marco del Foro de Consulta en materia de Depósito Legal, organizado por la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, el senador Juan Carlos Romero Hicks señaló que la minuta que en la materia remitió la Cámara de Diputados en marzo pasado tiene que dar certeza a los autores, productores, editores en cuanto a derechos de copia y de autor.
El Presidente de la Comisión de Educación agregó que la iniciativa remitida no cumple el destino de la colección del Depósito Legal al sustituir la biblioteca del Congreso por un sistema de bibliotecas, se desestabiliza el control bibliográfico al crear segmentos del Depósito Legal en bibliotecas especializadas.
Es conveniente armonizar la legislación en leyes conexas, como la Ley Federal de Derechos de Autor, Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, y la Ley General de Bibliotecas, y en correspondencia con los artículos que son el referente principal: sexto constitucional, relativo a la libertad de expresión; y el séptimo, respecto a la difusión de opiniones e ideas.
La senadora Blanca Alcalá Ruiz, presidenta de la Comisión de Cultura, indicó que se buscará fortalecer y enriquecer el acervo editorial, porque es necesario establecer definiciones específicas en relación con el patrimonio editorial de la nación.
Mencionó que el Depósito Legal delimita los bienes objeto de depósito, como los libros, los folletos, las revistas, los periódicos, los mapas, y un archivo en formato digital de contenido literario, educativo, artístico, informativo, científico, técnico, que podrá convertirse en excluyente de algunos que no estén delimitados bajo esta definición.
José Ignacio Echeverría, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana detalló que la iniciativa aprobada por los diputados federales genera incompatibilidad y violación frontal al régimen nacional e internacional de derechos de autor, en virtud de que permite el acceso publico indiscriminado a las obras que en formato digital hayan sido entregadas por virtud del Depósito Legal.
En caso de no modificar la legislación, dijo, mermaría considerablemente el mercado de libros electrónicos, pues el público preferiría adquirirlos gratuitamente por Internet, mediante el portal de una biblioteca pública, lo que afecta a autores, editores, distribuidores y libreros, con el consiguiente riesgo de disminución de las inversiones en la producción de libros, y por ende, en la cultura nacional.
En el marco de este foro también participaron María Andrea Giovione Yáñez, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM; Juan Manuel Durán Juárez, director de la biblioteca Pública Juan José Arreola, de Guadalajara, Jalisco; Armando González Rangel, del Colegio Nacional de Bibliotecarios.
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