COMUNICADO-1536
• Necesario articular instituciones que operan programas de atención a la infancia: expertos
• Trabajo infantil doméstico el más peligroso, cercano a la esclavitud moderna: Ana Güezmes, ONU- Mujeres
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y expertos en derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, coincidieron en señalar que en México falta una articulación entre instituciones que operan programas de atención a la niñez.
En el foro Niñas y Niños tienen derecho a ser felices desde ahora, “Legislando contra la discriminación múltiple”, la legisladora del PRD, enfatizó que los gobiernos no han hecho lo suficiente a favor de niñas y niños.
La senadora consideró que el legislativo tiene que ponerse a trabajar en el diseño de una ley que garantice el sistema de protección integral de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, toda vez que sigue permeando una actitud de compasión hacia ellos.
Señaló que México ha avanzado con reformas a la Constitución, en la Ley de la Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, pero hace falta constituir un sistema que garantice integralmente los derechos humanos de este sector de la población.
Sostuvo que para lograr este propósito se tienen que superar varios obstáculos que tienen como raíz la falta de voluntad política de quienes llevan la conducción de los asuntos de gobernanza.
Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, expuso que en el hogar se aprende la discriminación múltiple como la discriminación racial, de género, el clasismo, el machismo, la inequidad y la informalidad laboral.
Se requiere un sistema de políticas públicas articulado e integrado a nivel nacional, una ley integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, que tenga una visión clara de quienes son responsables en cada materia como educación o salud.
Ana Güezmes García, de ONU-Mujeres, al enumerar cinco puntos esenciales para protección de este sector de la población, alertó que el trabajo doméstico remunerado que llevan a cabo niñas indígenas y pobres, es cercano a la esclavitud y la invisibilidad, además de ser el más tolerado socialmente.
Dilcya Samantha García Espinosa, Subprocuradora de Atención Especializada para la Atención de los Delitos Relacionados con la Violencia de Género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, advirtió del abuso existente en las redes sociales que permiten a los pornógrafos enganchar a niñas y niños para sus actos ilícitos, por lo que se pronunció a favor de instaurar políticas públicas preventivas.
Rosa Poiré Castañeda, de Save The Children, comentó que de acuerdo a una encuesta de la organización, en México existen alrededor de siete millones de jóvenes, niñas y niños en una situación de desesperanza, es decir que no tienen deseos de trabajar o asistir a la escuela.
Mauricio Merino Huerta del Centro de Investigación y Docencia Económicas, aseguró que en México existe un divorcio entre el trabajo legislativo y el de las administraciones públicas del país, toda vez que no se honra el marco jurídico de la nación.
Margarita Nemecio, coordinadora del área de migrantes de la ONG Tlachinollan, denunció que los grandes agricultores que ocupan a menores de edad en labores del campo, no garantizan la seguridad, integridad y menos los derechos de los infantes, por lo que se pronunció por la creación de programas o políticas integrales que favorezcan a este sector de la población.
Leonardo Mier, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, señaló que se debe homologar y dar coherencia a la política pública para dar respuesta a las necesidades de la infancia en México.
Bárbara Anderson Font, subdirectora de Comunicación para la Inclusión de grupo Milenio, aseveró que los niños con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de esta población e indicó que en México uno de cada 20 infantes cuenta con alguna discapacidad.
Rosa María Álvarez de Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, enfatizó que el Estado y los poderes públicos están obligados a garantizar la dignidad de la niñez en el país.
Alma Meneses Bernal, de la red por los Derechos de la Infancia en México, comentó que el Estado ve a este sector como meros objetos a tutelar y no como sujetos de derechos.
Marie- Astrid Blondiax y Kristy MacDonald, del Comité Internacional de la Cruz Roja, abordaron el tema sobre la vulnerabilidad y riesgos de la niñez migrante no acompañada.
Participaron también Areli Rojas del ITESM; Javier Carrasco Solís, director Ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. y María Ampudia González de la Fundación ¿Y quién habla por mí?
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