COMUNICADO-1505
• El pasivo laboral de Pemex es de alrededor de 12 billones 947 mil millones de pesos
Al fijar la posición del PT, el senador David Monreal Ávila, indicó que las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública en materia energética, incrementan la vulnerabilidad de la economía porque hace más dependiente a las finanzas públicas por concepto de ingresos provenientes de hidrocarburos.
El esquema propuesto por el Ejecutivo federal es contrario a todas las medidas implementadas por países petroleros, pues se fomenta la relación entre la renta petrolera y el Presupuesto. En la Ley General de Deuda Pública, detalló, se establece que las obligaciones que contraigan las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias constituirán deuda pública, es decir, se pretende que la población pague una parte de las deudas de Pemex y CFE por conceptos de vacaciones, prestaciones, aguinaldo y jubilaciones de los trabajadores.
El senador Monreal Ávila, detalló que los pasivos de Pemex son de alrededor de 12 billones 947 mil millones de pesos, los cuales serán pagados por la población en un periodo de 30 años, que de manera hipotética representa 109 mil 355 pesos a pagar por persona, además las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso estarán sujetas a un nuevo esquema de cuentas individuales y ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos.
Durante el debate del último dictamen de reforma energética que realiza el Senado de la Republica en sesión extraordinaria, el senador del PT, afirmó que no se garantiza la despetrolización de las finanzas, porque el Ejecutivo federal podrá acceder a los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo para subsanarlas en caso de amenazas en las arcas públicas.
Detalló que en los últimos años, las aportaciones de Pemex al Presupuesto anual han representado entre el 35 y 40 por ciento del total de recaudación fiscal, lo que representa un riesgo a las finanzas públicas porque los ingresos que se obtendrán por hidrocarburos estarán sujetos a las decisiones del titular del Ejecutivo federal, quien podrá solicitar participaciones extraordinarias en caso de caída de ingreso públicos asociados a una reducción del PIB, desplome en el precio o la producción de petróleo.
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