- PRI, PAN y PVEM sostienen que se moderniza el servicio eléctrico para hacerlo eficiente y de menor costo
- Deberán asumir el juicio histórico: PRD
Las bancadas del PRI, PAN y PVEM aseguraron que con las nuevas leyes el Estado mantendrá la rectoría del mercado eléctrico, se moderniza el servicio para hacerlo más eficiente y de menor costo, se promueve el aprovechamiento de fuentes renovables, de nuevas tecnologías y mejores prácticas industriales para contar con energías limpias.
En tanto, senadores del PRD y PT consideraron que con la legislación secundaria de la reforma energética el gobierno renuncia a llevar el servicio eléctrico a todo el país y a las personas con más alta marginalidad, además de que los precios de la energía eléctrica no disminuirán y se anula el derecho a huelga de los trabajadores de este sector.
Lo anterior, durante la discusión en lo general del dictamen que expide las leyes de la Industria Eléctrica y de Energía Geotérmica y que reforma la Ley de Aguas Nacionales.
En contra del dictamen, el senador Fidel Demédicis Hidalgo aseguró que esta reforma es un mandato del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, organismos que intentan presentar e imponer “el paradigma de la privatización” como la única alternativa para el desarrollo económico, social y cultural de las naciones del mundo.
Al manifestarse a favor, el senador Jesús Casillas Romero, del PRI, reconoció que con este dictamen no se acaba la tarea parlamentaria, pues este mismo año se presentarán en el Congreso reformas que permitirán profundizar en el desarrollo de energías limpias, como la eólica y solar.
En rechazo a la propuesta, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas señaló que se propone que el Ejecutivo federal determine los precios de la energía eléctrica y sustituya los subsidios generalizados por apoyos focalizados, por lo que éste podrá, por razones político-electorales, disminuir las tarifas cuando más le convenga.
A su vez, la senadora del PVEM, María Elena Barrera Tapia afirmó que con esta reforma se materializará un nuevo modelo en el que diversos agentes podrán concurrir en el mercado eléctrico, tanto para generar, como para vender electricidad a los consumidores finales, siempre bajo la rectoría del Estado.
La senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, sostuvo que con la aprobación de este dictamen, el gobierno renuncia llevar a todo el país el servicio eléctrico y las personas con más alta marginalidad para allegarse del servicio de energía eléctrica, estarán sujetas al servicio de los operadores del mercado.
El senador del PAN César Octavio Pedroza Gaitán resaltó la necesidad de que en México se cuente con una reforma que modernice el sector energético, toda vez que lo hará más eficiente y de menor costo e indicó que al comparar la tarifa eléctrica promedio doméstica del país con los de Estados Unidos, hay un diferencial de 22 por ciento, aún con el subsidio, hecho que hace más apremiante la actualización del sector.
El senador del PT, Manuel Bartlett Díaz, afirmó que no existe la rectoría del Estado sobre el servicio eléctrico porque se entrega la generación, venta y distribución de la energía a empresas privadas, además de que se eliminan los subsidios. En uno de los apartados se establece el apoyo para sustituir.
Del PRI, el senador Roberto Armando Albores Gleason opinó que estas leyes contribuirán a aprovechar los recursos naturales del país para promover el desarrollo de más y mejores proyectos de energías renovables y hacer un México más sustentable.
En contra, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del PRD, manifestó su preocupación por la existencia de la figura de la requisa en la Ley de la Industria Eléctrica, ya que anula el derecho a huelga de los trabajadores cuando se considere estratégico el proyecto a desarrollar.
Al razonar su voto, la senadora Mónica Arriola Gordillo señaló que las leyes secundarias en discusión son indispensables para el crecimiento y bienestar de la sociedad; no obstante, esto sólo se materializará si se mantiene un enfoque social, dirigido a la prosperidad y a la erradicación de la desigualdad, y se establecen instituciones dinámicas regidas por la transparencia y el combate a la corrupción.
La senadora Luz María Beristain Navarrete, apuntó que el PRD respetará la decisión de las mayorías en el Congreso; sin embargo, apuntó, mantendrá su postura en contra del dictamen porque va en contra de la población, con acciones como la eliminación de los certificados de contaminantes, requisito obligatorio para el control de gases de efecto invernadero, como los emitidos por las centrales eléctricas.
El senador Salvador López Brito afirmó que La ley de la Industria Eléctrica no tiene por objetivo fijar o eliminar subsidios, ya que es facultad del Ejecutivo federal determinarlos, sin embargo y para mayor claridad el PAN propondrá eliminar el tercer párrafo del artículo 139 que establece que el Ejecutivo diseñará una estrategia para sustituir los subsidios generalizados por apoyos focalizados.
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