Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO-1346

• Necesario definir si la extracción de hidrocarburos es más importante que la producción de alimentos o el cuidado del medio ambiente

En el tema de la tenencia de la tierra, el grupo parlamentario del PRD, afirmó que por encima de los inversionistas petroleros y sus intereses particulares se encuentra la paz social, el derecho a la alimentación, y el cuidado del medio ambiente y las zonas arqueológicas, en tanto el PRI, señaló que es necesario apostar por el cambio, pues no se puede dejar desamparados a los pequeños productores, ejidatarios y comuneros, y brindar certeza a los pequeños propietarios.

Al abordar el segundo eje temático -tenencia de la tierra- en el que se reservaron 24 artículos de la Ley de Hidrocarburos el senador Fidel Demédicis Hidalgo, PRD, advirtió que el artículo 96 sostiene que la exploración y extracción se consideran de interés social y de orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o de subsuelo de los terrenos.

Especificó que la Secretaría de Energía será la que revise las zonas que se podrán o no afectar con la explotación y exploración petrolera; además, esta dependencia y no el Instituto Nacional de Antropología e Historia, deberá revisar las áreas arqueológicas pueden o no ser afectadas, y deja a la Secretaría de Agricultura la revisión de tierras –altamente productivas- que pueden ser objeto de exploración.

Lo prioritario, es definir si la extracción de hidrocarburos es más importante que la producción de alimentos, el cuidado del medio ambiente o de las zonas arqueológicas, cuestionó; y precisó que no son necesarios tantos artículos para el tema de la tenencia de la tierra, se debe plantear una redacción de dos renglones: lo que dice el artículo 27 y su ley reglamentaria determine.

En contra de la propuesta, el senador Gerardo Sánchez García, del PRI, señaló que es necesario apostar por el cambio, pues no se puede dejar desamparados a los pequeños productores, ejidatarios y comuneros.

En tal sentido, afirmó que se brinda certeza a esos propietarios y los involucra en el desarrollo, protege a los grupos que están en condiciones de desventaja y vigila el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por las partes.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez dijo que es falso que la “bonanza petrolera” que se promueve, favorecerá a los campesinos, pues aunque modificaron la Ley de Hidrocarburos, no cambió el procedimiento de expropiación al que estarán sujetos los ejidos, comunidades, pequeños y grandes propietarios de zonas rurales y urbanas.

El senador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que Acción Nacional busca que los derechos que deben ejercer los asignatarios y contratistas para la exploración y explotación de hidrocarburos impacte de manera positiva en la población de la región, sin perder el dominio de las tierras, y otorgar un valor agregado a los agricultores, ganaderos y núcleos ejidales que vaya de entre 0.5 y un 2 por ciento de ingresos que se tengan al extraer los hidrocarburos.

A favor de la propuesta de modificación, el senador perredista Isidro Pedraza Chávez refirió que 60 mil hectáreas serán afectadas con disposiciones “tan autoritarias” marcadas en la ley, por lo que “debemos de tener cuidado”, y agregó que no se contemplan los convenios internacionales que establecen la obligación del gobierno a realizar una consulta a las comunidades indígenas y ejidatarios para dar su consentimiento libre, previo e informado para que sus tierras puedan ser utilizadas para extraer hidrocarburos.

Al referirse en contra de la propuesta, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del PRI, dijo que la entrada regulada de capitales privados al sector energético permitirá aprovechar mejor los recursos que se encuentran en el subsuelo y será el Estado el que supervise posibles asimetrías en la negociación por el uso de tierras, entre propietarios y empresas.

El senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, aseguró que la reforma que está a punto de aprobarse institucionaliza la sistemática conculcación de los derechos de los más desprotegidos, pues con el esquema de exploración y extracción de hidrocarburos se consolida un ataque frontal a la dignidad de los ciudadanos que viven en tierras donde hay hidrocarburos.

La reforma privilegia la generación de beneficios equitativos para los propietarios y posesionarios de terrenos y asegura mecanismos institucionales que protejan sus derechos en las negociaciones que se llevarán a cabo con los desarrolladores, afirmó el senador del PRI, Manuel Humberto Cota Jiménez, al fijar su postura contra de las reservas.

El senador Manuel Bartlett Díaz calificó como una perversión el que se haya utilizado la reforma constitucional y las leyes secundarias para eliminar la explotación de la riqueza energética como una facultad exclusiva del Estado, que ahora se supedita y queda como empleado de las trasnacionales.

También a favor, el senador Fernando Mayans Canabal, del PRD, expuso que se ha mostrado la verdadera preocupación de proteger a los grandes productores ganaderos y agroindustriales más que a los ejidatarios y comuneros, de allí el planteamiento de un pago adicional, pues poco importa que esas tierras sean de uso común, sustento económico de la vida en comunidad del ejido.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes Andrade señaló que todos los artículos reservados sobre el tema de la tenencia de la tierra, se votarán al final.


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