COMUNICADO-1272
• Cuestionan PAN y PRD cifras de secuestro, PRI reconoce estrategia
• Desde enero se han desmantelado 170 bandas del crimen organizado
Legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Permanente se reunieron con el coordinador nacional antisecuestro, Renato Sales Heredia, para conocer los avances de la estrategia contra el secuestro y los puntos que requieren especial atención en relación con este delito y la extorsión como parte de la delincuencia organizada.
El presidente de la comisión, Jorge Luis Lavalle Maury hizo la presentación del coordinador, además de que estableció el formato de la reunión y expresó su confianza a la estrategia federal para combatir este flagelo que afecta a la sociedad.
El senador Omar Fayad Meneses, del PRI, reconoció el trabajo que se ha llevado cabo, pues se busca una verdadera coordinación entre la Federación y los estados para recuperar la confianza de la ciudadanía.
Destacó que la estrategia de seguridad del titular del Ejecutivo ha logrado contener y disminuir los secuestros. Asimismo, indicó que a partir de las reformas impulsadas por el Congreso, este tipo de delito ya no se sanciona con penalidades absurdas, como era el castigo de cinco años de prisión.
Por el PAN, la senadora Mariana Gómez del Campo, refutó las cifras que presentó el coordinador, al señalar que en los últimos meses se han denunciado cuatro mil 92 casos, en enero de 2014 se registró un incremento de secuestros del 177 por ciento respecto a diciembre de 2013. En el primer semestre de 2014 hay un incremento del 56 por ciento en comparación al primer semestre del año anterior, dijo.
El Estado de México, Guerrero, Tamaulipas, Distrito Federal, Morelos, Veracruz y Michoacán representan el 72 por ciento del total de los secuestros. De diciembre de 2012 al 30 junio de 2014 se han registrado 305 secuestros en Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Tlalpan, Venustiano Carranza y Coyoacán. Además el 70 por ciento de las víctimas son asalariados, comerciantes, estudiantes y profesionistas.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del PRD, señaló que hablando de secuestros, el problema es el alto grado de impunidad y no tanto la dureza de la pena, por lo que cuestionó el número real de detenidos.
Además, se refirió a la geolocalización y almacenamiento de datos, aprobado recientemente sin orden judicial, y también cuestionó qué se hace para evitar el lavado de dinero.
En su intervención inicial y en sus respuestas, el coordinador Sales Heredia señaló que este delito se ha contenido en el país, lo que ha llevado a que las cifras se estabilicen debido al desmantelamiento de bandas del crimen organizado, pues tan sólo de enero a la fecha se han desarticulado más de 170 organizaciones dedicadas al secuestro y extorsión.
Indicó que se lleva a cabo el uso de georreferencia con apoyo de compañías telefónicas, lo cual no implica intervención de la comunicación, sino ubicar desde dónde se hace la llamada. Si bien puede representar una invasión de la privacidad de la persona, no es más importante que la vida de la víctima, dijo.
Para el próximo mes de agosto se tiene previsto que los penales con mayor incidencia en el delito de extorsión sean dotados de bloqueadores de señales de telefonía celular, pero éstos serán manejados al exterior del penal y no por los custodios o directores de los centros de reclusión.
Señaló que se trabaja con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Análisis Financiero de la PGR y con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, para generar vínculos específicos con las procuradurías estatales, ya que cerrar la ruta de dinero es clave para disminuir la prevalencia de los grupos de delincuencia organizada.
El coordinador indicó que de las 32 entidades del país, el Estado de México y Distrito Federal concentran el 30 por ciento de los reclusos por este delito.
Mencionó que el incremento de secuestros a personas asalariadas, comerciantes, estudiantes profesionistas se debe a la dispersión de las bandas del crimen, ya que no obedecen al mando vertical, lo que ha arrojado un aumento de este ilícito en entidades como Tamaulipas, Morelos y Tabasco, pero ha disminuido en otros.
Explicó que como parte de la estrategia se capacita al personal relacionado con el tema como son magistrados, ministerios públicos, jueces, personal de la Procuraduría General de la República (PGR), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Y se trabaja en coordinación con las dependencias locales y federales en la materia.
En la reunión estuvieron presentes Isabel Miranda de Wallace, de la organización Alto al Secuestro, Alejandro Martí, de México SOS, Josefina Ricaño, de México Unido contra la Delincuencia, y María Elena Morera de Causa en Común.
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