COMUNICADO-1217
• Procuradurías contarán con juntas restaurativas donde sea posible establecer acuerdos y se eviten procesos penales.
• Presentación de una denuncia no dependerá de una posible conciliación
La Comisión de Justicia, presidida por el senador Roberto Gil Zuarth, del PAN, cerró el proceso de audiencias públicas de especialistas en materia de justicia penal y se declaró lista para emitir el dictamen de las leyes del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
El presidente y secretaria de dicha comisión, senadores Gil Zuarth y Arely Gómez, afirmaron que al cerrarse las audiencias públicas se cuenta con la base para establecer los consensos en la propia Comisión de Justicia así como en el Pleno del Senado, para cristalizar la aprobación de estas leyes.
Los académicos Guillermo Zepeda, Cecilia Azar Manzur, Nancy Fleming, Alejandra de las Casas, María Novoa, María Violeta Maltos y Rubén Cardoza; la subprocuradora General de la República, Marina Benítez, y los funcionarios de procuración de justicia estatales Iván de la Garza Santos, de Nuevo León; Cristina Cabrera Manrique, Guanajuato; Pascual Hernández Mergold, del Distrito Federal; José Ives Soberón, Tamaulipas; Diana Marisol Flores, Coahuila y la magistrada Martha Camargo Sánchez, del Estado de México, plantearon coincidencias en un modelo alternativo de procuración de justicia.
Gil Zuarth se dijo satisfecho por la conclusión de este proceso, con la realización de la mesa Mecanismos Alternativos de Solución de Controroversias en Material Penal, pues se alcanzará el consenso en el Senado para materializar un procedimiento de restauración de justicia.
Uno de los aspectos prioritarios, destacó, es establecer la obligación de que las procuradurías federal y estatales, y las salas del Poder Judicial, cuenten con juntas restaurativas donde las partes involucradas tengan posibilidad de emprender una conciliación, acuerdos o convenios para dar solución a su conflicto, sin llegar a un juicio de carácter penal.
Estas juntas no limitarán la presencia de los abogados del demandante o demandado quienes podrán mantener su asesoría para dar certeza a los implicados, sin embargo, sí se limitará su participación durante las negociaciones para llegar a un convenio.
En este proceso participarán especialistas denominados facilitadores, quienes tendrán la responsabilidad de coadyuvar a ambas partes a llegar a un acuerdo, por lo que éstos deberán cumplir con aspectos mínimos fundamentales de capacitación y certificación.
La Procuraduría General de la República tendrá la responsabilidad de llevar el registro de los acuerdos que se realicen en todo el país, pues esta dependencia es la puerta de entrada al sistema de justicia.
La secretaria de la comisión, senadora Arely Gómez González, del PRI, destacó que la participación de especialistas ha enriquecido el trabajo parlamentario para alcanzar el objetivo de que los preceptos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales operen con mayor eficacia.
Una de las metas, puntualizó, es que un número considerable de los casos se resuelvan a través de la justicia alternativa, lo cual permitirá reducir costos y tiempos de los procesos penales y esto, a su vez, derivará en la disminución de la sobrepoblación en cárceles y, en consecuencia las instituciones del Estado podrán concentrar recursos y capacidades en la investigación y detención de los delincuentes que más lastiman a la sociedad mexicana.
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