A fin de dar respuesta efectiva y contundente al problema de la trata de personas, el Senado aprobó modificaciones a los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política.
Las reformas incorporan a la trata de personas a los delitos en los cuales el juez ordenará por oficio la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo procesado, así como para incluir dentro de los derechos de las víctimas y ofendidos por el delito de trata de personas, el resguardo de su identidad y datos personales.
Con la aprobación del dictamen se fijan bases para el establecimiento de una política criminal integral en materia de trata de personas que permita una acción efectiva y coordinada del Estado mexicano en la prevención, persecución, sanción y combate en su más amplia extensión de este delito.
Se faculta al Congreso a expedir una Ley General en Trata de Personas -a pesar de existir una-, que será un instrumento jurídico adecuado en el que los tres órdenes de gobierno, en una relación armónica, de recíproca complementación y de idéntica responsabilidad puedan dar mejores resultados.
El ordenamiento deberá establecer como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.
En el dictamen se especifica que México es en la actualidad un país de origen, tránsito y recepción de migrantes, por lo que armonizar las leyes nacionales a niveles regional e internacional, es primordial para allanar los vacíos donde pudieran operar las redes delictivas.
Además, precisa que sólo cinco entidades han legislado para erradicar y prevenir la trata de personas: el Distrito Federal, Hidalgo, Nuevo León, Tabaco y Tlaxcala.
Al manifestar su voto a favor, el senador Santiago Creel Miranda, del PAN, señaló que la trata de personas es una de las conductas delictivas más perversas, que ocurre desafortunadamente en cifras de cientos de miles en el país.
Además, es una forma moderna de esclavitud, incluso de secuestro, donde 80 por ciento de los casos es cometido contra mujeres, puntualizó.
Agregó que al ser un delito trasnacional es uno de los negocios más rentables del crimen organizado con utilidades de 9 mil millones de dólares anuales, por lo que aprobar las reformas complementa los cambios recientes en materia de derechos humanos.
El senador Rubén Fernando Velázquez López, del PRD, señaló que la trata de personas se ha incrementado de manera alarmante en los últimos años, debido factores como el endurecimiento de políticas migratorias de países industrializados y a que por muchos años no fue considerado como problema estructural sino como episodios aislados.
Urgió a establecer un nuevo marco legal nacional e internacional así como políticas públicas para enfrentar el fenómeno, así como estudiar la disparidad entre el número de victimas identificadas y de los tratantes enjuiciados, ya que la cantidad de procesamientos judiciales y fallos condenatorios son indicadores importantes de un avance.
El senador Ricardo Monreal Ávila dijo que a pesar de que México, desde hace casi un siglo, formaba parte de la tradición jurídica internacional que reconocía el flagelo de la trata de personas, fue hasta el 27 de marzo de 2007 que se publicó una reforma al Código Penal Federal vinculado con la trata de personas, así como la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata.
Con estos cambios --dijo el coordinador del PT-- se responde a un compromiso internacional para adecuar e incorporar en la Constitución el término trata de personas.
Sin embargo, reconoció que la reforma se presenta cuatro años más tarde, “cuando era impostergable y requería primeramente la reforma constitucional y la creación de la Ley”.
El dictamen aprobado, se turnó a los Congresos de los Estados para dar cumplimento al Artículo 135 de la Constitución Política.
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