COMUNICADO-1116
• Convención Americana sobre Derechos Humanos establece obligación de los Estados de proteger libertades
• Concluyen trabajos de las Mesas de Análisis Sobre Protección de Derechos Humanos
El Poder Legislativo es el garante de los derechos humanos, pues los legisladores generamos leyes que respetan y promueven las garantías, creamos mecanismos jurídicos para protegerlos; éste es el primer paso para consolidar un Estado de Derecho democrático, aseguró la senadora Arely Gómez González, presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información.
Cuando un Estado ratifica un tratado internacional, está obligado a realizar una armonización de su derecho nacional, y superar las dificultades que encuentre para dar cabal cumplimiento al compromiso que adquiere, expuso la senadora del PRI durante el quinto día de actividades de las “Mesas de Análisis Sobre Protección de Derechos Humanos en sede jurisdiccional: guía para la labor legislativa”.
Al exponer en la mesa denominada “Control de Convencionalidad”, Gómez González explicó: el artículo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la obligación de respetar los derechos, establece que los Estados partes se comprometen a proteger las libertades y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.
El segundo se refiere al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, señala que si el ejercicio de derechos y libertades mencionados no estuviere garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes deben adoptar medidas legislativas para hacer efectivos esas garantías.
La senadora Arely Gómez explicó que cuando el Congreso emite una ley nueva, que cumple con todas las obligaciones del artículo primero constitucional en materia de derechos humanos, los diputados y los senadores simplemente cumplen con las obligaciones que les marca la Carta Magna.
Es necesario continuar trabajando con los Poderes de la Unión y la sociedad para que el control de convencionalidad y el pleno respeto de los estándares internacionales, doten de una legislación respetuosa y protectora de los derechos humanos para todos los mexicanos, concluyó.
Ricardo Sepúlveda Iguiniz, director general de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, expuso que el país se debe de dirigir hacia una sociedad de derechos y para ello se tiene que extraer la potencialidad transformadora de las circunstancias sociales. Puntualizó que la reforma Constitucional en la materia incluye la obligación de todas las autoridades de respetar, proteger y garantizar las garantías individuales.
Alan García Campos, de la Unidad Jurídica y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, resaltó la conveniencia de armonizar el derecho interno y el internacional, de no ser así, se corre el riesgo de limitar o imposibilitar los compromisos contraídos en el ámbito mundial.
José de Jesús Orozco Henríquez, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideró que el sistema producido por el legislativo debe de eliminar normas que puedan ser nocivas de los derechos humanos, tal y como lo mandata el artículo 2do. De la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Eduardo Ferrer Mc Gregor Poisot, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enfatizó que el legislador cuando emita una nueva ley tiene que aplicarla o emitirla a la luz de lo que soberanamente el Estado mexicano se comprometió en los tratados internacionales.
Mariana Benítez Tiburcio, Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, destacó que los jueces tienen la facultad de hacer viva la vigencia de todas las normas de derechos humanos previstas en la Constitución y, consecuentemente, están autorizados para aplicarlas con el fin de garantizar la máxima protección de las garantías individuales.
En este último día de actividades de la Mesa de Análisis Sobre Protección de Derechos Humanos se abordaron las mesas: Control de Convencionalidad y Taller sobre el Uso del Buscador Jurídico de Derechos Humanos.
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