COMUNICADO-1087
• Con el fenómeno de “autonomitis”, surge también un proceso de centralización: senador Alejandro Encinas
• Los órganos autónomos deben también rendir cuentas
Claridad y certeza deben ser parte importante en la conformación de los órganos autónomos, los cuales no son independientes del Estado, aunque con su integración surge un proceso de centralización de nuevas facultades al gobierno federal, aseguró el senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
El legislador del PRD, en su participación en el seminario “Órganos autónomos y funciones de control del Senado, Cambios legislativos y órganos constitucionales autónomos. Nuevas o viejas facultades”, sostuvo que con el fenómeno de “autonomitis” también ha surgido un proceso de centralización de nuevas facultades al gobierno federal.
Consideró que estos órganos autónomos y la centralización tienen que ver con la resistencia de avanzar en una reforma al sistema político de nuestro país, donde por un lado se pretende acotar las facultades del Ejecutivo Federal, para que se ejerzan a través de órganos autónomos.
Encinas Rodríguez enfatizó que se tiene que ir avanzando, no solamente en tener mayor certeza y claridad en la integración de los órganos autónomos, para que estos gocen de plena autonomía y dotarlos de fuerza jurídica, para que sus resoluciones, además de colegiadas y autónomas, sean vinculantes para la autoridad.
Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que todos los órganos autónomos constitucionales realizan tareas que en algún momento realizó el Poder Ejecutivo Federal.
Se trata, dijo, de funciones que inevitablemente al salir del ámbito del Poder Ejecutivo Federal implica un debilitamiento del Gobierno y aún está por saberse, comentó, si genera un fortalecimiento del Estado.
Señaló que la autonomía de estos órganos, nominalmente decretada por la constitución, se termina de perfeccionar con la reforma que les permite presentar controversias de constitucionalidad.
Destacó que ahí está la clave, toda vez que tendrá la capacidad de controvertir las decisiones de otras instancias públicas que discuten el ejercicio de sus facultades.
Subrayó que no se debe de olvidar que si bien los órganos otorgan garantías de derechos constitucionales para fortalecer la democracia, son entidades públicas que deben rendir cuentas y esa es la mejor forma de garantizar que no exista conflicto de intereses en su gestión.
Lourdes Morales Canales, del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), indicó que es un momento propicio para ver cuáles han sido las mejores prácticas en las formas de designar personas en los organismos autónomos y las fallas.
Expuso que para ejercer sus funciones de contrapesos, requieren de capacidad de actuación, técnica presupuestal, facultad de sanción o al menos de responsabilización y legitimidad frente a todos los actores del sistema.
Sobre el papel de la sociedad civil frente a estos nuevos órganos, cada vez hay más exigencia por involucrarse en estos procesos y es una muestra de la relevancia y el blindaje que puede dar el acompañamiento de la sociedad civil.
David Arellano Gault, también del CIDE, sostuvo que la variable organizacional de estos órganos, es una de las olvidadas del diseño político, legislativo y administrativo del país, pues se parte, dijo, del supuesto de que la administración y gestión de las organizaciones es una cuestión automática.
Una vez que están diseñadas las reglas del juego, las leyes, las normas, nombradas las personas que dirigen las organizaciones, en México se asume que lo que sigue debe ser una cuestión como de intendencia, barrer un poco la organización y los resultados van a empezar a gestar por si solos, pero esa fotografía se tiene que ir cambiando.
Señaló que la cuestión de contar con buenas organizaciones gubernamentales, públicas, estatales implica tener organizaciones con una lógica política certera y adecuada con un grado de autonomía y discrecionalidad adecuadas.
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