COMUNICADO-1080
• Inaugura mesas de análisis sobre Protección de Derechos Humanos en sede jurisdiccional
• No se puede admitir ningún retroceso en esta materia: senador Gil Zuarth
El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes Andrade, destacó que el Senado de la República ha colocado en el centro del debate y de la discusión de las últimas reformas a la persona, a fin de generar leyes para que los mexicanos tengan plenas libertades.
“Hoy, el Senado de la República, a través del convenio del Parlamento Abierto, no ve a una sociedad y menos a un Senado creando un marco jurídico sin ver siempre mejorar el marco actual y llevarlo a mejores estadios en términos de derechos humanos”, expresó.
Al inaugurar las mesas de análisis sobre “Protección de derechos humanos en sede jurisdiccional: Guía para la labor legislativa”, Cervantes Andrade precisó que no podríamos estar conformes con los avances, pues es evidente que este es un cambio de paradigma, una forma de entender a la sociedad y de ejercer el derecho.
Ahora el reto es fortalecer la colaboración entre poderes para concretar la reforma en materia de derechos humanos. En este sentido, dijo que se ha implementado un sistema de Parlamento Abierto para tener mayor contacto con la sociedad y los grupos vulnerables a la discriminación, a fin de escuchar y entender de mejor manera la creación de la norma.
Se han generado convenios con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Nacional Autónoma de México y seguimos en el camino de establecer grupos multidisciplinarios en el profundo conocimiento de los derechos humanos.
Convocó a los participantes en las mesas a reflexionar sobre el pendiente relativo a generar un protocolo de la construcción de un dictamen por materia, que tenga un capítulo de racionalidad constitucional, y que cumpla los cuatro principios constitucionales de derechos humanos, interpretando en primer lugar los sistemas de convencionalidad, concluyó el presidente de la Mesa Directiva.
La senadora Arely Gómez González dijo que la reforma constitucional de junio de 2011 colocó a los derechos humanos como eje del Estado mexicano, con principios, obligaciones y deberes para todas las autoridades, de todos los niveles y órdenes de gobierno.
La presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado destacó que a partir de entonces se han registrado avances como la nueva Ley de Amparo, las reformas a la Ley General de Víctimas, al mecanismo de protección a periodistas, la figura del indulto y al Código de Justicia Militar.
Sin embargo, para la plena vigencia de un cambio de paradigma como el planteado en el artículo 1 de la Constitución, se requiere de la coordinación de todas las autoridades y de todos los actores de la sociedad.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez, destacó que también hace falta expedir las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 de la Constitución, pero eso no quiere decir que no se haya trabajado en estos ordenamientos.
La Cámara de Senadores “tiene las puertas abiertas” para escuchar a los especialistas y por eso se detuvo la votación de la ley reglamentaria al artículo 29 constitucional, “por un señalamiento expreso de distintas organizaciones que tenían dudas y querían hacerle algunas observaciones” y estábamos obligados a hacer un pequeño impase para escucharlas.
El senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, coincidió en que el Senado se ha caracterizado por ubicar en el centro del debate político y la construcción de leyes, la agenda de los derechos humanos.
Los avances en la materia, consideró, implican una transformación cultural de enorme calado, “sobre los cuales no podemos admitir ningún retroceso”. Es necesario el compromiso de todas las fuerzas democráticas para que su expansión sea una realidad de progresividad y bajo ninguna circunstancia encontrar algún escollo.
Refirió que el propósito del taller es resolver un problema institucional que ha aquejado al sistema jurídico mexicano y que tiene que ver con la falta de comunicación entre las sedes jurisdiccional y parlamentaria.
Por su parte, el magistrado José Guadalupe Tafoya Hernández, consejero de la Judicatura, expresó que los tribunales de la Federación han emitido criterios cada vez más ajustados al nuevo paradigma constitucional que exige a todas las autoridades poner en el centro de su actuación, la máxima protección a los derechos de las personas.
Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó que la repuesta de los estados no se debe limitar estrictamente a los ejecutivos, sino que se debe ampliar a todos los poderes.
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