COMUNICADO-995
• Mejorar dinamismo económico y aprovechamiento de los recursos del subsuelo, objetivo de la Ley: senadores del PRI
• Legisladores del PRD: expropiaciones generarán inestabilidad en comunidades y pueblos
Senadores integrantes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera intercambiaron puntos de vista sobre el proyecto para expedir la Ley de Hidrocarburos, sus objetivos para garantizar la seguridad energética, expropiaciones, adjudicaciones y los recursos prospectivos.
La reunión de este jueves, inició con las intervenciones programadas en la primera ronda de discusión en lo general y posteriormente se abrió una segunda lista de oradores.
A favor del dictamen, el senador del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera, reiteró que el nuevo ordenamiento permitirá aumentar la producción de hidrocarburos, dinamizar la actividad industrial y económica del sector, bajo condiciones reales de competitividad, productividad y sustentabilidad.
Agregó que es crucial para acrecentar la seguridad energética de nuestro país, crear más empleos, mayores tasas de desarrollo económico y elevar los ingresos a mediano y largo plazo.
El senador Ernesto Gándara Camou, del PRI, dijo que el objetivo de la Ley es mejorar el dinamismo económico y aprovechamiento de los recursos del subsuelo, por lo que se pronunció a favor de que exista un amplio debate. Agregó que si bien es subsanable, debe ser aprobada.
A nombre del PAN, el senador Francisco García Cabeza de Vaca señaló que la reforma plantea pagar afectaciones a los agricultores, ganaderos o los núcleos agrarios, y generar un beneficio económico de la utilidad, después de haber pagado los derechos que tiene que hacer Pemex o las empresas privadas.
No queremos hacer expropiaciones, sería el último recurso del cual --reconoció-- sabemos que se pueden generar grandes conflictos.
La senadora del PRD, Dolores Padierna Luna, dijo que Petróleos Mexicanos (Pemex) ya realizó la etapa de reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos en el 100 por ciento del territorio nacional, y cuenta con un mapa perfectamente delimitado sobre los recursos prospectivos, pero en la iniciativa para expedir la Ley de Hidrocarburos propone que esta información estratégica se le otorgue a los empresas privadas.
Advirtió que el ordenamiento plantea que petroleras privadas tengan derecho al aprovechamiento comercial de estos datos, donde Pemex calcula que hay 112 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente y estima que 22 por ciento de dichos recursos prospectivos --adicionales a las reservas-- se encuentran en yacimientos terrestres y aguas someras, 25 por ciento en aguas profundas y el 53 por ciento en yacimientos no convencionales.
Agregó que, de estos recursos prospectivos, a la paraestatal sólo se le asignan el 31 por ciento y a las empresa particulares el 69 por ciento, mediante contratos y licitaciones.
El senador Manuel Camacho Solís, del PRD, afirmó que la meta de producción que se propone para 2018 “es inalcanzable”, porque está fincada en reservas que hoy no existen. Además, se deben superar obstáculos no resueltos como la disminución en la demanda de crudo pesado por parte de Estados Unidos, la falta de configuración de refinerías y los serios problemas en la construcción de infraestructura portuaria, ductos y en la distribución.
Luis Sánchez Jiménez, senador del PRD, expuso que la exploración y explotación de hidrocarburos que se realiza en doce estados y 300 municipios, aproximadamente, representa más de 400 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional. Advirtió que, de autorizarse la participación de particulares, se generará inestabilidad en comunidades y pueblos, que verán expropiadas sus tierras por utilidad pública.
Alejandro Encinas Rodríguez manifestó que estas leyes reglamentarias no sólo amplían las ganancias extraordinarias que hoy gozan las mineras, sino que parecen premios a grandes empresas como Peñoles y a “verdaderos hampones como Germán Larrera y Grupo México, que no fue capaz de rescatar los cadáveres de los mineros de Pasta de Conchos”.
El senador del PRD indicó que con esta reforma no se requerirá llevar a cabo un proceso de licitación para la explotación y extracción de gas natural y se podrá adjudicar directamente a los titulares de concesiones mineras; es decir, todo para las transnacionales y la oligarquía mexicana, “a la cual se sumará el grupo económico del Estado de México”. Todo a costa del bienestar y de los recursos de la nación, apuntó.
El coordinador del grupo parlamentario del PT, Manuel Bartlett Díaz, advirtió que con la aprobación del dictamen que se discute, los trabajadores de Pemex y CFE perderán sus prerrogativas, ya que en la nueva Ley de Hidrocarburos se faculta a la paraestatal a “migrar” y con ello ser socio de particulares, lo que dejará a los trabajadores en condiciones precarias, sin derechos y bajo el derecho privado.
El senador David Penchyna Grub, presidente de la Comisión de Energía, declaró un receso y citó a los legisladores, para reanudar el debate, a las 17:30 horas.
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