COMUNICADO-990
• Nueva Ley permitirá acceso a hidrocarburos a menor costo, mantener la rectoría del Estado en su manejo e impulsar cadenas productivas locales: senadores del PRI, PAN y PVEM
• En la reforma a la Ley de Inversión Extranjera no se buscó dar preferencia a los empresarios mexicanos, “la inversión que fluirá será 100 por ciento extranjera”: senador Luis Sánchez Jiménez
Los senadores integrantes de las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, discutieron en lo general el primer dictamen al paquete de iniciativas que envió al Senado el Ejecutivo Federal en materia energética.
Se trata, del proyecto de decreto para expedir la Ley de Hidrocarburos y reformar diversas disposiciones de las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas, cuyo objetivo es establecer el marco jurídico que regirá a las actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas, así como a la industria de los hidrocarburos.
La reunión vespertina de este miércoles se inició con la postura del grupo parlamentario de Acción Nacional, en voz del senador Jorge Luis Lavalle Maury, que había quedado pendiente en el debate realizado por la mañana.
Lavalle Maury dijo que el proyecto de dictamen propone un modelo perfectamente interrelacionado, que no funcionará de manera adecuada si no se cuidan cada una de sus partes.
Por ello, agregó, el PAN presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para expedir la Ley de Transición Energética.
Para la aprobación de los dictámenes, enfatizó, se requiere cuidar su correlación con la reforma constitucional que en materia energética aprobó el Congreso de la Unión el año pasado y que delinean de manera clara el modelo energético que necesita el país.
Ya en la discusión en lo general, el senador Óscar Román Rosas González, del Partido Revolucionario Institucional dijo que la propuesta de dictamen impulsa las cadenas productivas nacionales y locales y que en lo referente a los contratos para la exploración y extracción se dispone que el porcentaje mínimo del contenido nacional deba ser incluido en las bases de licitación correspondiente.
De igual forma, asentó, todas las actividades de exploración y de extracción que se realicen en el país deberán alcanzar al menos un promedio mínimo del 35 por ciento del contenido nacional en su conjunto, cifra muy superior al 25 por ciento que habría propuesto el Ejecutivo federal.
El senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury aseguró que el fracking no es una actividad nueva en México, ya que este proceso tiene antecedentes en técnicas de producción para estimulación de pozos, que se han llevado a cabo en estados como Tabasco y Campeche, por lo que es “es mentira que se utilicen 80 millones de litros de agua por pozo, porque las nuevas tecnologías permiten que la cantidad de litros de agua sea de entre 7.5 y 15 millones de litros”.
Respecto del shale gas y gas natural, expuso que no es un tema de riqueza económica, sino de seguridad energética, con el cual se pretende ofrecer a los mexicanos la oportunidad de tener acceso a hidrocarburos de menor costo.
A nombre del Partido de la Revolución Democrática, el senador Mario Delgado Carrillo, manifestó que el petróleo es la mayor riqueza de nuestro país y debe ser tratado no como un flujo de efectivo o caja del gobierno sino como un activo útil para potenciar el crecimiento.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez, también del PRD, afirmó que el debate atropellado busca legalizar el despojo a las tierras comunales, ejidatarias, de pueblos indígenas y a particulares porque podrán ser expropiados para la explotación de hidrocarburos o minerales que ya están concesionados y representan la tercera parte del territorio.
Su compañero de partido, Rabindranath Salazar Solorio criticó los alcances de la reforma, pues con ello se pretende liquidar a Petróleos Mexicanos, se pierde soberanía al incluir la participación de terceros desde la extracción hasta la última etapa de la cadena productiva de hidrocarburos y pone en riesgo la fuente de trabajo del 60 por ciento de quienes laboran en la paraestatal.
El senador Luis Sánchez Jiménez aseveró que en la reforma a la Ley de Inversión Extranjera no se buscó dar preferencia a los empresarios mexicanos, por lo que “la inversión que fluirá será 100 por ciento extranjera”.
Afirmó que según el dictamen, las empresas productivas del Estado, Pemex, sus subsidiarias y filiales deberán garantizar las acciones necesarias para que sus actividades y operaciones no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados. Además, 260 municipios están en riesgo de ser despojados de sus tierras para entregarlas a empresas extranjeras.
El senador Zoé Robledo Aburto estimó que el dictamen no asegura un suministro oportuno y suficiente de energéticos, ni mucho menos la disminución de los precios de la electricidad, gas y gasolinas, como trata de insistir la publicidad oficial. Por el contrario, subrayó, se pretende mantener el esquema de los gasolinazos hasta 2019 y elimina los subsidios del consumo eléctrico, lo que inevitablemente hará subir las tarifas en los próximos años.
Su compañero de bancada, el senador Fernando Mayans Canabal indicó que se pretende flexibilizar todo el marco jurídico en este sector, a fin de asegurar el desmantelamiento gradual de Pemex y la CFE, por lo que “nos encontramos ante el preámbulo de un proceso inusitado y altamente riesgoso de innumerables afectaciones económicas, sociales y ambientales.
Además, consideró, no se garantiza el respeto de los derechos laborales de los trabajadores, de seguridad social y del pago efectivo de pensiones y jubilaciones.
A favor del dictamen, la senadora del PVEM, Ninfa Salinas Sada señaló que con la aprobación del dictamen se fortalece la industria porque habrá más participantes y como consecuencia precios más baratos, más reservas de petróleo y la rectoría del Estado en el manejo de los hidrocarburos.
La senadora consideró que las normas que establece el documento para la participación de particulares, ayudará a multiplicar la producción de petroquímico y petrolíferos. Asimismo se incluye un apartado de protección al medio ambiente que pone a México como un actor responsable de los compromisos adoptados en la materia.
En tanto, la senadora Layda Sansores San Román, del Partido del Trabajo, negó que con la Ley se garantice la seguridad ambiental, porque los contratos van encaminados fundamentalmente a la explotación del gas shale, mediante la técnica del fracking, que provocará daños ambientales y sociales irreversibles.
Señaló que es falso que Pemex se vaya a fortalecer porque pasará a un régimen de derecho privado, con afectación a los derechos de los trabajadores, y a un régimen fiscal que lo ahogará en un par de años. Solicitó a la senadora Ninfa Salinas Sada aclarar si alguno de sus familiares, hasta el cuarto grado, tiene intereses personales o de negocios en la industria energética.
Al término de esta ronda, el presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna Grub, decretó un receso y citó para mañana, a las 09:00 horas, para continuar con la discusión en lo general.
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