COMUNICADO-969
• Solicitan informe de lo ocurrido en San Bartolo Ameyalco
• En otro dictamen piden informe actualizado sobre delitos que conllevan a la violencia contra las mujeres
En reunión de trabajo, la Primera Comisión de la Comisión Permanente aprobó un dictamen por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal información sobre el Proyecto Hidráulico que se realiza en la delegación Álvaro Obregón.
Dicho reporte deberá contener lo relativo a la población beneficiada y la manera en la que se contempla involucrar a las comunidades en el proyecto, así como los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo implementadas en ese lugar, de conformidad con lo establecido en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el dictamen, los legisladores también piden al gobierno del Distrito Federal un reporte acerca de lo ocurrido el 21 de mayo en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, ubicado en dicha demarcación, a fin de conocer la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y se examine el cumplimiento de los protocolos de actuación policial.
Lo anterior, luego del conflicto entre las autoridades encargadas del proyecto y los habitantes del pueblo San Bartolo Ameyalco: trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México suspendieron las obras hidráulicas para la distribución de agua potable en la zona, ante la intervención de los vecinos del pueblo.
Los habitantes del pueblo refieren que con la obra se contaminará su manantial “Ojo de Agua” y que supuestamente se extraerá líquido para abastecer el Centro Comercial de Santa Fe y una unidad habitacional que se construirá en la zona.
Ante ello, el gobierno del Distrito Federal envió cerca de mil 500 granaderos para vigilar la instalación de las tuberías previstas en el proyecto hidráulico, lo que llevó a los vecinos de la localidad a organizarse para impedir nuevamente el avance de la obra, lo que derivó en un conflicto en el que policías y habitantes del pueblo quedaron heridos, algunos de gravedad.
Informe sobre violencia contra las mujeres
En la misma sesión de trabajo, los integrantes de la Primera Comisión aprobaron un exhorto dirigido al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que se elabore un informe actualizado sobre los delitos que entrañen el ejercicio de violencia contra las mujeres.
En el dictamen, también se solicita la difusión en los ámbitos de prevención de ilícitos, seguridad pública y de procuración de justicia, a fin de impulsar las políticas públicas de disminución y, en la medida de lo posible, erradicación de dichas conductas.
El texto precisa: “La discriminación y la violencia contra las mujeres alcanza niveles muy considerables de falta de oportunidades y de abuso del poder en razón de que, en los hechos, se privilegian los derechos de los hombres en los ámbitos laboral, educativo y de la administración de justicia, en virtud de que se ha llegado a considerar que estos actos deben permanecer como cuestiones propias de las familias en donde ocurren”.
Destaca que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2000 y 2009 fueron asesinadas 12 mil 636 mujeres; datos documentados por el Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCNF) en 17 de los 32 estados del país.
Agrega que al menos 63 por ciento de las mexicanas mayores de 15 años ha padecido alguna forma de violencia. De ellas 48 por ciento han sido agredidas por su pareja. En fechas recientes se estima que un millón 200 mil enfrentaron formas de violencia física, muy grave, que pusieron su vida en riesgo o fueron privadas de ella y del derecho que tiene todo ser humano por la sencilla razón de ser quien es.
Programa abasto social de leche de Liconsa
Además, la Primera Comisión aprobó un dictamen para que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social implemente mecanismos de control, a fin de garantizar que los apoyos que otorga mediante el programa de abasto social de leche a cargo de Liconsa no se dupliquen y que su cobertura llegue a las zonas rurales y marginadas.
Asimismo, se le solicita que incluya indicadores que permitan una medición del logro del Programa respecto a su fin y propósito; que garanticen evaluar el impacto del programa en los diferentes grupos de edad que atiende; que impulse una estrategia de cobertura para atender su población objetivo estableciendo metas de mediano y largo plazos que trasciendan al actual período de gobierno, y que plantee las acciones necesarias para alcanzar dichas metas.
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