El Senado de la República instalará una mesa de trabajo para atender la emergencia agroalimentaria, derivada, entre otros factores, de los daños ocasionados a la agricultura por fenómenos meteorológicos y el aumento de los precios internacionales en los alimentos.
Así lo confirmaron integrantes de la Junta de Coordinación Política, que preside el senador José González Morfín al recibir la propuesta de dirigentes de organizaciones campesinas que luchan “contra la crisis alimentaria en México”, encabezados por el secretario nacional de la Central Campesina Cardenista, Max Correa.
En la reunión, el senador Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva, se pronunció por una política pública de Estado --no de gobiernos en turno-- que resuelva los problemas del campo mexicano, provocados por la falta de producción y carencia de alimentos.
El mercado, aseguró el coordinador parlamentario del PRI, no ha podido resolver las dificultades en la producción agropecuaria y "ya no es un asunto de carestía sino de carencia”, que complica “el tema de la alimentación”.
Si no hay una política pública específica que sustituya las importaciones y estimule con crédito y diferentes mecanismos la producción de alimentos, “no podremos avanzar a la velocidad que todos deseamos”, advirtió.
Por ello, hizo un llamado para que en conjunto, Ejecutivo federal, Poder Legislativo y productores diseñen las políticas públicas y solucionen los problemas que existen en el medio rural.
Por su parte, el senador José González Morfín refirió que originalmente en el Senado se constituyó el grupo de trabajo para la reforma integral del campo mexicano.
“Hubo un acuerdo unánime para retomar este grupo, a fin de atender la emergencia agroalimentaria y va a ser nuestra responsabilidad reactivarlo de manera inmediata”, dijo el coordinador parlamentario de Acción Nacional.
Aseveró que el grupo ya está integrado por los presidentes de las comisiones de Agricultura y Ganadería, Reforma Agraria, Desarrollo Rural y Recursos Hidráulicos, Alberto Cárdenas Jiménez, Eduardo Nava Bolaños, Heladio Ramírez López y Claudia Corichi García, respectivamente.
Además, estarán los senadores Jesús Dueñas Llerenas, secretario de la Comisión de Desarrollo Rural; Ramiro Hernández García, secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería; Antonio Mejía Haro, coordinador del Grupo de Trabajo Encargado de Evaluar los Impactos del TLCAN sobre el Sector Agropecuario.
Hoy mismo, afirmó, los coordinadores de los grupos parlamentarios de Convergencia, PT y PVEM nos harán saber quiénes de ellos los representarán en este grupo que se encargará, por parte nuestra, de darle seguimiento al tema y que contará con todo el apoyo de la Junta de Coordinación Política.
El legislador llamó a la colegisladora para “hacer el esfuerzo de trabajar en conferencia y coordinación”, pues la solución a este problema es urgente.
Por el PRD, el senador Carlos Navarrete Ruiz, manifestó que “se nos está imponiendo la visión de que es preferible comprar los alimentos que producirlos”, como si esto no tuviera repercusión en la soberanía alimentaria del país.
“Nos estamos deslizando por el peligroso tobogán de la dependencia” y el Estado mexicano está perdiendo su capacidad de regular, producir y garantizar la alimentación de millones de mexicanos, advirtió.
La seguridad agroalimentaria --agregó-- es el marco general para concretar políticas específicas en materia presupuestal y de producción agropecuaria, no sólo para atender la emergencia ocasionadas por las heladas, sino también para el conjunto del país.
Por Convergencia, el senador Dante Delgado indicó que para tener un desarrollo rural sano que genere empleos y sustituya las importaciones es necesario incrementar el apoyo económico pues hoy equivale sólo a una cuarta parte de lo que se destinaba hace 35 años.
Mencionó que cuando se suscribió al Tratado de Libre Comercio se proyectó que en 14 años el campo mexicano estaría equilibrado con el de Estados Unidos y Canadá, situación que no se dio e incluso acentuó diferencias.
El senador Ricardo Monreal Ávila, del PT, coincidió en que se vive una emergencia agroalimentaria ya que, a lo largo de tres décadas, el campo ha padecido un abandono por parte del gobierno.
Señaló que las compras excesivas son las que tienen al campo devastado pues ingresan al país 95 por ciento de frijol de soya, 80 por ciento de arroz, 95 por ciento de aceites, 40 por ciento de carne de res y 85 de leche.
Por su parte, Max Correa argumentó que el cambio climático, el aumento de los precios internacionales de los alimentos y el incremento de importación de maíz de Estados Unidos son algunos de los factores que provocaron la crisis y “nos coloca en un estado de emergencia agroalimentaria”.
Refirió que en febrero pasado nuestro país sufrió un desastre climatológico con repercusiones económicas y sociales, pues las heladas en el norte de la República afectaron un millón de hectáreas.
Además, dijo que más del 40 por ciento de los granos que consumen los mexicanos vienen del exterior cuando “tenemos la posibilidad de ser autosuficientes si colocamos políticas públicas adecuadas para que sean los campesinos de pequeña y mediana escala quienes los produzcan”.
Por ello, señaló, el Senado debería conformar un grupo de trabajo especial con las comisiones involucradas y la participación de la Junta de Coordinación Política y convocar a la Cámara de Diputados, al Ejecutivo federal y a las organizaciones campesinas, a fin de “atender la emergencia agroalimentaria que se presenta en el país”.
Víctor Suárez Carrera, de ANEC, dijo que no obstante los esfuerzos que se han hecho para las apoyar a los productores afectados en Sinaloa, la emergencia sigue vigente y “se puede agravar por la volatilidad de los precios internacionales y porque México no tiene reservas de grano.
El presidente Nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP), José Jacobo Femat, pidió apoyo para establecer políticas que recuperen el bienestar del sector alimentario ante la incapacidad de organismos como Financiera Rural que no cumplen ningún papel en favor de la agricultura nacional.
“90 por ciento de agricultores —aseguró-- no son sujetos de crédito, no hay apoyo ni planeación, no hay proyecto en torno a la producción agroalimentaria”.
A su vez, el senador priista Melquíades Morales señaló que “hay ausencia de una política publica orientada al desarrollo agropecuaria, que nos ha obligado a ser dependientes del exterior en materia alimenticia.
Por último, el senador Rogelio Rueda Sánchez, también del PRI, reconoció que los problemas del campo son asuntos de Estado y pueden convertirse en riesgos para la seguridad nacional, por lo que se requiere una reforma profunda para resolver estos problemas.
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