El sector, subrayó, “ha sido blanco de sospechas” al calificarse como susceptible, en ciertos casos, de estar ligado con actividades de delincuencia organizada como el lavado de dinero y la defraudación fiscal”.
Por ello, el legislador de Acción Nacional propuso expedir la Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos, a fin de combatir el tráfico de influencias en el otorgamiento de permisos y autorizaciones e inhibir las acciones del crimen organizado a través de los establecimientos.
La iniciativa contempla prisión de tres meses a tres años y multa de diez mil a cien mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal a las personas físicas o morales que operen juegos con apuestas y sorteos prohibidos, que no cuenten con el permiso o autorización correspondiente.
Lo mismo sucedería a los propietarios, organizadores, gerentes o administradores de cualquier establecimiento abierto o cerrado, donde se realicen juegos prohibidos o que cuenten con máquinas, instrumentos o sistemas electrónicos sin autorización y certificación de la Secretaría de Gobernación.
El senador por Aguascalientes consideró necesario regular esta actividad bajo principios de legalidad, certeza jurídica, transparencia y rendición de cuentas, así como orientar “los frutos fiscales” que genere al gasto público y repartirlos equitativamente entre los tres órdenes de gobierno.
La propuesta también prevé que la Secretaría de Gobernación pueda solicitar a estados, municipios y Distrito Federal, un informe sobre las circunstancias sociales, económicas y de seguridad pública de la zona donde se pretenda instalar un establecimiento de juegos o sorteos.
Con la finalidad de inhibir el lavado de dinero, el legislador planteó que la Segob, previamente a la expedición y renovación de un permiso, realice las investigaciones sobre los antecedentes penales, fiscales, crediticios y comerciales de los socios y de quien administre las sociedades mercantiles permisionarias.
Además, de aprobarse el proyecto de decreto que se turnó a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, los establecimientos autorizados estarán sujetos a una serie de controles administrativos y fiscales.
Los permisos emitidos por la Secretaría, contendrán el número de locales autorizados que la capacidad económica del permisionario le permita abrir y operar en un periodo máximo de tres años.
Para garantizar a los clientes transparencia y seguridad jurídica, la iniciativa de ley prevé la obligación de certificar máquinas, mecanismos, equipo y cualquier instrumento técnico o sistema electrónico que se utilice para celebrar juegos con apuesta y sorteos.
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