COMUNICADO-885
• Se permite que remesas de connacionales sean expoliadas por grupos financieros, señala
• Acusa que se ha convertido a las comunidades indígenas en “titulares de la beneficencia y filantropía”
México no da un encausamiento racional al fenómeno de la migración y no cuenta con instituciones para conducir adecuadamente el movimiento de la población, ni para apoyar o proteger los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran trabajando en el extranjero, manifestó el jurista Diego Valadés.
Durante el seminario Migración, Mujeres e Indígenas aseguró que estas tres circunstancias son causantes de exclusión en el país y cuando se dan en la misma persona “entonces estamos en el peor de los mundos”.
Dijo que el Estado no evita que los trabajadores que envían sus ganancias a sus familias en México sean “expoliados” por las instituciones financieras americanas y mexicanas, pues éstas les cobran entre el cinco y el diez por ciento de sus ingresos, es decir, “seguimos con la política del diezmo aplicada a los pobres”.
Refirió que al año se reciben más de 20 mil millones de dólares en remesas, por lo que propuso que el Servicio Postal Mexicano tenga la función de trasladar estos recursos de los trabajadores a sus familias sin cobrar más que lo estrictamente indispensable.
Por otro lado, hizo notar que el Estado ha convertido a los pueblos indígenas en “titulares de la beneficencia y filantropía” en el país que les pertenecía y que les hemos expropiado por 500 años. Mencionó que este sector de la población es el mayoritario, pero ha sufrido marginación, pobreza y exclusión por siglos.
Lamentó que ello forme parte de una cultura que hemos acuñado y conforme a la cual vemos a los grupos indígenas como en la colonia: “grupos externos” que viven en condiciones infrahumanas y a los que simplemente acogemos con una vocación benefactora para tranquilizar nuestras conciencias.
Aunado a ello, comentó que millares de mujeres indígenas monolingües trabajan y son explotadas en algunos lugares de Estados Unidos, debido a que el gobierno mexicano no garantiza sus derechos en ese país. Por ello, se pronunció por crear un instituto jurídico para la defensa de los trabajadores mexicanos en el extranjero, especialmente en EU.
Previamente, durante la inauguración del seminario, la senadora Ana Gabriela Guevara explicó que el objetivo es unir esfuerzos y trabajar con expertos para fortalecer la Ley General de Migración y dotarla de mayores herramientas, pues dista mucho de lo que sucede en la realidad y “tiene muchos huecos” que impiden su correcta aplicación.
Señaló que se debe dar a ese ordenamiento una perspectiva más apegada a los derechos humanos, ya que lo que se presenta durante todo el proceso de la migración de las mujeres e indígenas “es abrumador y es aterrador”.
En este sentido, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios consideró fundamental establecer en la ley una coordinación entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Migración, con el objetivo de atender esta problemática y avanzar en el cumplimiento de los tratados internacionales que México ha suscrito en esta materia.
El senador priista Eviel Pérez Magaña, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, expresó este encuentro servirá para analizar los esquemas de impartición de justicia y apreciar realidades sociales, algunas no visibles, de las que México es escenario.
Comentó que existen diversos panoramas sobre este tema que obligan a la reflexión, lo que permitirá construir un marco jurídico que genere las oportunidades, no solamente en educación y salud sino de empleo y desarrollo; “esa es la tarea principal que estamos buscando en el Senado de la República”.
Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mencionó que estos tres grupos sociales se encuentran entre los más maltratados y victimizados del país.
Quizá nunca será suficiente la atención que prestemos a sus condiciones de vulnerabilidad, y posiblemente un seminario como este sea poco lo que pueda contribuir a modificar directamente su situación, puntualizó,
Empero, consideró que la tarea de hablar sobre tal situación y analizarla desde diversos ángulos, es necesaria e incluso indispensable si se quiere lograr algún cambio.
Nuvia Mayorga Delgado, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, manifestó que se busca impulsar proyectos productivos en las comunidades originarias, a fin de “generar la riqueza que se necesita” para este sector de la población; “es a lo que le apostamos en esta administración”.
Sin embargo, dijo, esos programas tienen que ser supervisados, pues “los proyectos productivos son para que coman de ellos, no que se coman los proyectos productivos”. En este momento --agregó-- se están revisando aquellos que se dieron en 2013 “para ver si están funcionando”.
Jaime Sobrino Figueroa, investigador del Colegio de México, expuso que cada vez se tendrá que centrar la atención de las autoridades en la migración forzada por el cambio climático o cuestiones de violencia en el país, debido a que han se han incrementado.
Jorge Alberto González Galván, especialista en derechos indígenas, planteó la creación de una cédula de identidad indígena, una remunicipalización y redistritación electoral en estas comunidades, la creación de un tribunal especializado, una secretaría de Estado, así como un presupuesto indígena.
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