COMUNICADO-851
• Para el ombudsman en el caso de las fosas de San Fernando, la CNDH no busca rivalizar ni controvertir con las víctimas, sino, acompañarlas
• El trabajo legislativo debe inspirarse en la protección pro persona y dirigirse a proteger garantías individuales y colectivas: Raúl Cervantes
La Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora Angélica de la Peña Gómez, se reunió con el ombudsman, Raúl Plasencia Villanueva, quien presentó la situación que guardan los derechos humanos en México, especialmente lo relacionado con el informe de actividades de la CNDH correspondiente al año 2013.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Raúl Cervantes Andrade, al dar la bienvenida a Plascencia Villanueva, aseguró que “sin duda, lo más importante, después de la construcción de un sistema institucional, constitucional y de reflexión sobre los derechos humanos, es la divulgación para la generación real de una cultura de los derechos humanos”.
La reforma de 2011 en la materia obliga al Senado de la República a estar en contacto con la instancia que estudia, protege y divulga los derechos humanos, el trabajo legislativo debe estar inspirado en la “protección pro persona y dirigido a generar los mejores marcos jurídicos para proteger tanto las garantías individuales como las colectivas”, manifestó el senador del PRI.
La senadora Angélica de la Peña Gómez manifestó que se debe poner énfasis en el caso de mujeres en reclusión y la situación de los centros penitenciarios del país, ya que el Senado está trabajando sobre una Ley de Ejecución Penal y estos “son elementos sustantivos que estamos evaluando”.
Asimismo, destacó los asuntos relacionados con la libertad de expresión, la impunidad que hay alrededor de los periodistas, además de las personas en situación de migración.
La versatilidad del trabajo de esta comisión nos permite no sólo tener una relación con los asuntos cotidianos y ordinarios, sino también los que tienen que ver con la actividad permanente del ombudsman nacional y de las preocupaciones que algunas organizaciones de la sociedad han expresado, manifestó.
En su intervención inicial, Raúl Plasencia Villanueva destacó que de 2005 a la fecha, se han emitido 12 recomendaciones y se tiene registro de 24 mil 800 personas cuyo paradero se desconoce o no se encuentran localizables. Existen dos mil 610 casos, y en 612 de ellos, se encuentra la presunción de intervención de agentes del Estado mexicano en la desaparición de estas personas.
Precisó que en 267 casos hay indicios de que intervinieron miembros de la delincuencia organizada y mil 424 en los cuales no hay intervención de autoridad federal o bien, delincuencia organizada y en 308 hay una investigación donde están involucrados migrantes desaparecidos.
Respecto a las mujeres en reclusión, dijo que en los establecimientos que las albergan se vulneran sus derechos humanos y los de sus hijos, así como los aspectos relativos a la reinserción social, igualdad, trato digno, protección de la salud, legalidad y seguridad jurídica.
Con el objeto de prevenir la tortura y los tratos crueles e inhumanos o degradantes, en el mismo año se llevaron a cabo 539 visitas en centros de detención.
Por otro lado, subrayó que se radicaron 70 casos por agravios cometidos contra periodistas y comunicadores, en 22 de estos se solicitaron medidas cautelares por parte de la CNDH. En cuento a agravios contra defensores de derechos humanos, se registraron 55 quejas y se emitieron 34 medidas cautelares y 11 asuntos se resolvieron.
Resaltó que se llevaron a cabo dos mil 700 visitas a estaciones migratorias, aeropuertos, terminales de autobuses, ferroviarias, cruces fronterizos y puntos de revisión, casas o albergues para migrantes y plazas públicas, a partir de ello se logró atender a 83 mil 999 personas migrantes, con el objetivo de informarle respecto de sus derechos, y para documentar quejas por abusos cometidos en su contra.
La CNDH ha identificado un creciente incremento de la violencia escolar en los últimos años, “de ahí la urgencia de poner en práctica estrategias que permitan favorecer el dialogo, la confianza entre padres e hijos, profesores y alumnos, con el fin de detectar situaciones que pongan en peligro la integridad de los menores, sobre todo evitar una violencia escolar creciente”.
Por ello, precisó que en 2013 se instruyeron 241 mil 939 materiales de difusión y se capacitaron a 39 mil 310 personas entre alumnos, profesores y padres de familia.
Durante la ronda de preguntas y respuestas al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, la senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, preguntó respecto a los mecanismos de coordinación que la CNDH ha establecido con organismos no gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil a fin de difundir su labor y establecer vínculos que le permitan realizar informes apegados a la realidad de nuestro país.
Su compañera de partido, Diva Hadamira Gastélum Bajo pidió al ombudsman dar puntual seguimiento al asesinato de Sandra Luz Hernández, quien buscaba a su hijo desaparecido desde 2012, y destacó la importancia de defender la integridad física de los defensores de derechos humanos.
La senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del PAN, se refirió a los actuales esfuerzos para elaborar una ley que combata el acoso escolar y al papel que -de aprobarse esta norma- tendrá la CNDH en la capacitación de maestros, estudiantes y padres de familia en la materia.
Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, señaló que si bien existen obstáculos para que los ciudadanos conozcan sus derechos, un problema grave es la omisión de las autoridades para hacerlos respetar. Subrayó que “debemos hacer a un lado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo sirve para emitir recomendaciones” y pidió que desde el Poder Legislativo se plantee una agenda para revisar las leyes respectivas.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, apuntó que en el caso de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la CNDH no escuchó a los familiares de las víctimas ni se satisficieron sus demandas; además de que no se verificó que se cumplieran las normas mínimas para la identificación de los restos, a pesar de que la Comisión tuvo conocimiento de deficiencias en el trabajo pericial y de errores por parte de la Procuraduría General de la República en materia forense.
Igualmente, denunció que organizaciones de la sociedad civil han detectado una falta de seguimiento por parte de la CNDH respecto a la reparación de daño de las víctimas y un fenómeno de dilación en la emisión de sus recomendaciones, particularmente en las investigaciones y en la determinación de expedientes por violaciones graves, como tortura, en las que participan elementos del Ejército mexicano.
El senador Zoé Robledo, del PRD, cuestionó el por qué la CNDH no atendió la petición de organizaciones sociales para que se concedieran medidas cautelares para evitar que la Procuraduría General de la República procediera a la cremación de los cuerpos de los migrantes de San Fernando, en el año 2012, pues en el artículo 21 de la Ley General de Víctimas se prohíbe este procedimiento, por lo menos antes de que se haya comprobado científicamente la identificación de los cuerpos, se cumpla el procedimiento penal correspondiente o, por lo menos, después de notificarse a los familiares.
Pablo Escudero, del PVEM, solicitó se especificaran las estadísticas de la disminución en 50 por ciento de quejas contra el Ejército por violaciones a los derechos humanos, pues resulta una baja considerable en especial tras la participación de los militares en acciones de combate al crimen organizado, al manifestar su confianza porque las Fuerzas Armadas continúen su esfuerzo a favor de la paz social y el respeto a las garantías individuales.
La senadora Layda Sansores, del PT, se pronunció porque no haya reelección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al considerar que existe mayor preocupación por la permanencia en este cargo, que por atender las demandas de las víctimas de abusos, de lo cual es prueba, sostuvo, que no atiendan las demandas de los migrantes centroamericanos que sufren vejaciones al cruzar por nuestro territorio nacional.
El senador del PT, Manuel Bartlett Díaz, indagó sobre la actuación de la CNDH respecto de las leyes que limitan y amagan la libertad de expresión, “ya que la contención de las protestas a través de blandir amenazantemente las armas de fuego tiene un significado especial con épocas pasadas”.
La senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, puntualizó que en México el 6.6 por ciento de la población presenta alguna discapacidad y que la mayoría se ven excluidas de sus propias comunidades, perciben sueldos bajos, se les niega la posibilidad de ir a la escuela o de participar en procesos políticos y tienden a ser los más pobres.
Al responder, Plascencia Villanueva aclaró que la CNDH sí solicitó a la PGR que no se cremaran los cadáveres, porque sin duda esto limitaba la investigación, pero “no se nos hizo caso, como no se ha hecho caso en muchas ocasiones a la Comisión Nacional”, e incluso, sostuvo, no se le ha permitido, de manera integral, analizar la averiguación relativa a estas fosas clandestinas.
Señaló que en el caso de las fosas de San Fernando, la CNDH no busca rivalizar ni controvertir con los familiares de las víctimas, sino, por el contario, acompañarlas y auxiliarlas “y se revisará el caso con todo cuidado para atender cualquier solicitud que se considere que no fue atendida en los términos de la ley”.
Destacó que suman en total mil 800 cuerpos que han sido exhumados en fosas clandestinas en diversas entidades federativas, como en Cadereyta, Nuevo León.
Respecto a la participación del Ejército en seguridad, recordó que el país vivió un momento muy complejo porque las quejas contra las Fuerzas Armadas se multiplicaron cada año, de 100 a 200 quejas hubo contra el Ejército en el año 2005, estas aumentaron aproximadamente a mil 800 en 2011, sobre todo por delitos más complejos como la tortura, desaparición forzada, cateos ilegales, entre otros.
Sin embargo, destacó, ha sido posible disminuir en 50 por ciento estas quejas a partir de la capacitación a 400 mil elementos mediante estrategias de sensibilización e instrucción virtual, con el uso del internet y medio de telecomunicaciones, entre otros, por lo que en 2013 se registraron sólo 811 quejas, que contrastan con las mil 503 presentadas en 2012.
Destacó que se debe eliminar la prisión preventiva, ya que México es uno de los pocos países del mundo en donde se sigue recluyendo a personas sin una sentencia condenatoria, a tal grado que la mitad de los internos están en prisión sin haberse probado que son responsables de la comisión de un delito. Esto, además de ir en contra de los derechos humanos, genera que no se cumpla con el propósito de readaptación social a través del trabajo, la educación y la capacitación.
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