COMUNICADO-802
• Se fortalece el sistema político electoral, la transparencia y la rendición de cuentas
• Partidos y candidatos independientes podrán acceder a recursos privados
El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para fortalecer el sistema electoral y otorgar mayores facultades al Instituto Nacional Electoral (INE) en la organización y realización de los comicios federales y locales.
En sesión extraordinaria, los senadores avalaron la ley reglamentaria al artículo 73 de la Constitución en materia político-electoral, con lo que el INE tendrá la facultad, de manera directa, de fiscalizar ingresos y egresos de precampañas, ubicación de casillas y designación de funcionarios, conserva el padrón electoral, las listas nominales de electores y mantendrá lo relativo a la asignación de tiempos de radio y televisión.
Acorde al dictamen aprobado, el organismo electoral intervendrá en procesos locales a través de la expedición de reglas, lineamientos, criterios y formatos de observación electoral, realización y difusión de encuestas, conteos rápidos, impresión de documentos y del Programa de Resultados Preliminares. El INE podrá ejercer su facultad de atracción de un proceso electoral en su totalidad de una entidad, de solicitarlo la autoridad electoral local.
Se le faculta para designar y remover a los presidentes y consejeros electorales de organismos públicos electorales locales, crear la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales conformada por cuatro consejeros, así como para integración del Comité de Radio y Televisión encargado de aprobar las pautas de transmisión de mensajes en estos medios.
Se autoriza al INE la organización de comicios internos de partidos políticos para sus dirigencias, previa petición de los institutos políticos, con cargo a sus prerrogativas, así como su participación en los procesos de consultas populares.
Los ciudadanos podrán participar como candidatos en las elecciones de presidente, diputados y senadores del Congreso de la Unión, siempre por mayoría relativa. Los candidatos independientes que participen por el cargo de presidente de la República deberán contar con el uno por ciento de las firmas de la lista nominal de electores y dos por ciento para otros cargos de elección popular.
Respecto al financiamiento de campañas de candidatos independientes, partidos o coaliciones éstos podrán obtener recursos de fuentes privadas siempre y cuando sean de origen lícito, éstas pueden ser de sus simpatizantes o militantes.
Para el voto de los mexicanos en el extranjero, el Instituto contará con un padrón electoral que se realizará por país de residencia y por entidad de referencia. Los connacionales deberán entregar de manera personal su boleta en los módulos que estarán en embajadas y consulados el día de la jornada electoral, y éste también podrá emitirse a través de correo electrónico.
Durante casi cuatro horas de discusión, se estableció que en las elecciones para cargos de elección popular en el ámbito federal o local no se podrá transferir o distribuir votación mediante convenios de coalición.
Se precisa que la jornada electoral para la elección de gobernadores, diputados locales, ayuntamientos, jefe de gobierno, diputados de la Asamblea Legislativa, delgados del Distrito Federal, se realizarán el primer domingo de junio del año que corresponda a la jornada electoral.
En procesos electorales, la propaganda impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas que dañen la salud o el medio ambiente. Los partidos o candidatos deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña.
Con esta ley se abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), publicado el 14 de enero de 2008.
En el régimen transitorio propone que las credenciales para votar con fotografía vigentes con nomenclatura del IFE se mantendrán como válidas hasta la fecha de su vencimiento, sin perjuicio de su oportuna renovación; y establece que, por única ocasión, los procesos electorales ordinarios federales y locales para la elección, a celebrarse el primer domingo de 2015, iniciarán en la primera semana de octubre de 2014.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión para la Reforma del Estado, senador Miguel Ángel Chico Herrera, sostuvo que la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales coloca a México a la vanguardia en materia de transición democrática.
Esta normatividad, refrendó, es el parteaguas para transformar el sistema político mexicano, pues blinda al sistema electoral, erradica vacíos que prevalecían en la organización de los procesos electorales y atiende la demanda ciudadana de mayores espacios participación política, por ende dará certidumbre a los ciudadanos y partidos políticos de cara a los comicios del 2015, en los que se renovará la Cámara de Diputados y diversos cargos de representación en 16 estados y el Distrito Federal, donde se incluye la elección de nueve gobernadores, explicó.
Concerniente al blindaje electoral, indicó que para evitar el desvío de recursos gubernamentales y/o el ingreso de dinero de procedencia ilícita, el INE podrá recurrir a la Secretaría de Hacienda para detectar movimientos financieros irregulares o inusuales y así “cerrar el paso de organizaciones criminales en los partidos y por ende en los procesos electorales”.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, sostuvo que la columna vertebral de la ley es la certidumbre para los competidores y ciudadanos. “Habrá piso parejo en la competencia electoral, se formuló un amplio consenso y se tomó la decisión de atender el interés público de los ciudadanos y el país”.
Durante más de 80 días de trabajo, agregó, se lograron importantes cambios al modelo electoral que conducirá al país a una democracia más sólida, pues los grupos parlamentarios apostaron a la construcción de acuerdos “y hemos logrado legitimar el proceso acceder al poder político”.
De las nuevas reglas, la legisladora priista destacó la obligatoriedad de dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la República, que habrán de ser transmitidos a través de la radio y televisión de uso público y comercial también en por lo menos una de sus señales, cuando tengan cobertura de 50 por ciento o más del territorio nacional.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, senador Alejandro Encinas Rodríguez, destacó los avances de esta reforma, que derivaron de un proceso de discusión intenso y nada sencillo, pero consideró que se ha dotado de una fuerza monumental y metaconstitucional al INE, pues en el momento en que decida la atracción total de un proceso electoral en un estado, de facto estará emitiendo una declaración de desaparición de poderes en la entidad.
Hoy el INE --subrayó-- con el voto de ocho de sus consejeros pude borrar de facto a un gobierno local en cualquier entidad, por lo que es fundamental tener plenamente claros y definidos los criterios a partir de los cuales puede ejercer esta facultad, a fin de “evitar el uso político de este gran poder político que va más allá de la organización de procesos electorales”.
Refirió que como parte de los acuerdos alcanzados, habrán de llevarse a cabo otras reformas, así como la publicación de la Ley de Propaganda Gubernamental y la Ley de Derecho de Réplica, “que son parte consustancial del fortalecimiento de estas acciones”. La prueba de esta enmienda se dará en las elecciones de 2015, por lo que “seguramente las estaremos revisando para 2016”.
Para el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, la intervención directa del INE en elecciones locales no tiene el propósito de subordinar a las autoridades electorales de los estados, sino crear las mismas condiciones de calidad en la organización de todos los procesos de elección popular en el país y contar con 33 institutos que cumplan con los principios de imparcialidad, independencia y profesionalismo.
Aseguró que los acuerdos se construyeron en el Senado de la República y los legisladores no cedieron a construir una reforma política a base de votos, a base de mayorías artificiales. “No hicimos del tiempo ni de los plazos ocasión para el apresuramiento o renuncia de temas importantes, y mucho menos, factor de presión entre nosotros”, agregó.
Mencionó que se ha avanzado en condiciones democráticas a nivel federal pero aún subsisten “enclaves autoritarios” a nivel de los estados, pues ahí existen todavía reflejos del viejo régimen, de los cuales teníamos que hacer los cambios a través de una reforma constitucional de gran calado.
Para fijar la posición del grupo parlamentario del PRI, la senadora Arely Gómez González aseguró que los dictámenes aportan herramientas jurídicas que buscan cerrar el paso a la desconfianza y generan condiciones que contribuyen al proceso de fortalecimiento democrático.
Las leyes secundarias representan un paso trascendente para la consolidación de la vida democrática, ya que aspiran a comicios transparentes que garanticen la pluralidad partidista e ideológica del país, donde exista un respeto irrestricto a la voluntad del voto, puntualizó.
El senador Juan Carlos Romero Hicks, al fijar el posicionamiento del PAN, aseguró que se establecieron disposiciones sencillas para que el ciudadano que no quiera competir por un partido lo pueda hacer, pero también para que no haya simulaciones, ni trampas.
Dijo que aún quedan temas pendientes como la posibilidad de las candidaturas comunes en el ámbito federal, la flexibilización de las reglas para los candidatos independientes y la representación en los congresos locales a través de diputados de representación proporcional.
Por el PRD, el senador Armando Ríos Piter destacó que a través del diálogo político se logró un esquema que la dará claridad al proceso electoral de 2015 y con reglas claras para todos los actores.
Reconoció que no hay reforma electoral definitiva y que el nuevo modelo no es la panacea, por lo que habrá que ubicarlo en su justa dimensión después de las elecciones del siguiente año: “habrá que revisar cómo los nuevos instrumentos de fiscalización permiten controlar y evitar los excesos en el uso del dinero, en la participación en los medios de comunicación”, agregó.
Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, enfatizó que la reforma es un esfuerzo colectivo que refleja el interés general del Pleno del Senado, en el que se privilegió la discusión, el análisis y los puntos comunes, además pone de manifiesto que la toma de decisiones es una tarea compartida.
Manuel Bartlett Díaz, del PT, sostuvo que en México las elecciones no son libres, pues argumentó que las voces y posturas alternativas no son difundidas por el duopolio televisivo, por lo que el control, la dictadura mediática y el dinero son la negación total de la democracia.
Durante la discusión en lo general del dictamen, los senadores del PRD, Benjamín Robles Montoya y Luis Sánchez Jiménez, consideraron que la ley reglamentaria al artículo 73 constitucional es perfectible, sin embargo es un paso importante para consolidar la democracia y el sistema electoral, pues busca transparentar y blindar los procesos electorales.
Al manifestar su voto a favor, la senadora perredista Angélica de la Peña destacó entre los avances el de la garantía para la paridad, al tiempo de considerar que la dinámica de la política nacional se orientará en el futuro hacia el perfeccionamiento de la ley electoral.
La senadora Dolores Padierna Luna, del PRD, reconoció igualmente los avances en el dictamen aprobado; sin embargo presentó reservas a los artículos 32, 45 y 78 Bis, a fin de que el INE tenga la facultad de ordenar la suspensión de la difusión de propaganda gubernamental durante las precampañas y campañas electorales en las estaciones de radio y televisión, incluidos los canales restringidos, que se vean o escuchen en el ámbito geográfico de la elección que se celebre.
El senador Isidro Pedraza Chávez, del PRD, dijo que esta ley es resultado de reiteradas denuncias del uso y abuso de recursos públicos, por ello, expresó su deseo de que “no comience la carrera por ver quien viola la ley electoral”.
Su compañera, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, comentó que en materia electoral existe la necesidad de una constante revisión y una obligada actualización, pues en cada proceso de elección “nos encontramos con nuevos retos para legislar”.
El senador perredista, Raúl Morón Orozco, afirmó que el INE tendrá la responsabilidad de recuperar la confianza del elector y otorgar la certidumbre de que no habrá más árbitros electorales cooptados por los intereses del régimen político o de ciertos grupos del poder formal e informal.
Fidel Demédicis Hidalgo, senador del PRD, dijo que la ley debe cumplirse y que no se pueden solapar ilegalidades, ni jugar con el texto constitucional para exceder los topes de campaña.
El senador del PRD, Zoé Robledo Aburto, señaló que la reforma es el primer paso para garantizar la participación de las mujeres indígenas dentro del sistema político, “porque mientras no existan mecanismos para su participación política efectiva no se podrá hablar de desarrollo y democracia”.
Al manifestarse en contra y advertir que se pospuso de nuevo la reforma política de la Ciudad de México, el senador perredista Mario Delgado Carrillo, advirtió que se deja a medias la reforma por la misma razón que detiene la de la ciudad: transformar el régimen político para que el ciudadano ordene y el gobierno obedezca.
La senadora del PT, Layda Sansores San Román, advirtió que se perdió la oportunidad de trascender y lograr verdaderos cambios en la transformación del país, ya que se les dio la espalda a los ciudadanos y ganaron los partidos políticos.
Marco Antonio Blásquez Salinas, senador del PT, dijo que las reformas concretan grandes avances que permiten garantizar elecciones libres y auténticas. No obstante, consideró que también hay retrocesos y, en el mejor de los casos, más de lo mismo, porque la desmedida intervención del INE en la renovación de poderes en los estados suscita más cuestionamientos que consentimiento.
A favor del dictamen, la senadora Mónica Arriola Gordillo apuntó que se otorga a la ciudadanía marco jurídico para hacer efectivo el derecho a una vida más democrática. En el tema de las candidaturas independientes, resaltó que se abre el espacio a la participación ciudadana, pero que en la competencia por los cargos de elección popular se exigen condiciones, que más que requisitos mínimos, son condicionantes exageradas que ponen en riesgo dicho derecho.
--.--
