COMUNICADO-687
• La Ley Federal de Competencia Económica busca propiciar el crecimiento económico y la competitividad
• Se otorga autonomía a la Cofece en sus decisiones y en la aplicación de sanciones
Con 105 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la Cámara de Senadores aprobó en lo general la nueva Ley Federal de Competencia Económica, reglamentaria del artículo 28 constitucional, cuyo objetivo es garantizar la libre concurrencia, la competencia económica y prevenir, investigar, combatir, perseguir, castigar severamente las prácticas monopólicas y las concentraciones ilícitas.
En el apartado de Multas y Sanciones, la nueva ley prevé sanciones económicas en caso de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) detecte prácticas monopólicas absolutas o relativas, según sea el caso.
Las consideraciones del dictamen aprobado señalan que es necesario establecer un nuevo marco institucional que sirva como herramienta fundamental para aumentar el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar de los consumidores.
Refiere que, de acuerdo con estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los consumidores mexicanos pagan hasta 40 por ciento de sobreprecio en bienes y servicios donde la competencia es escasa.
Señala que el Reporte del Foro Económico Mundial sobre Competitividad Global 2013–2014, en el apartado “Efectividad de la Política de Competencia Económica”, ubica a México en el lugar 114 en el rubro de la baja efectividad de la política antimonopolios, de una lista de 148 países, por detrás de Panamá (25), India (29), Zambia (37), Brasil (40), China (55), El Salvador (59), Colombia (78), y Honduras (112).
Como parte de esta reforma, también se aprobaron modificaciones al artículo 254 bis del Código Penal Federal, a fin de aumentar las sanciones a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores.
Entre los aspectos relevantes de este dictamen, destaca el fortalecimiento a las facultades de la Cofece relacionadas con las resoluciones sobre las
solicitudes de opinión formal, la emisión de orientaciones generales en materia de libre concurrencia y competencia, y la solicitud de evaluaciones del desempeño.
Además, se establece la obligación de este organismo para publicar la versión estenográfica de sus sesiones, acuerdos y resoluciones del pleno en su sitio de Internet y en el Diario Oficial de la Federación.
El senador Héctor Larios Córdova, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, aseguró que el trabajo legislativo en esta materia ha sido responsable, para garantizar certeza jurídica en la competencia comercial y evitar abusos de control en los mercados.
Explicó que con estas reformas se faculta a la Cofece para revisar, emitir fallos, y sancionar a las empresas que se desempeñen contra la competencia económica, que empleen prácticas monopólicas y lesionen el interés del consumidor.
Mencionó que la Cofece tendrá libertad y autonomía en sus acciones, políticas, supervisiones y aplicación de sanciones, a efecto de evitar que se presenten prácticas monopólicas, evitar actos de corrupción entre proveedores y funcionarios públicos al momento de adquirir servicios.
El senador José Ascensión Orihuela Bárcenas, presidente de la Comisión de Fomento Económico, consideró que esta ley es una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento económico, generar más empleos y aumentar el bienestar de los mexicanos.
Sostuvo que con esta reforma se protege el ingreso de los mexicanos, se generan condiciones para que los consumidores puedan adquirir productos y servicios más baratos y de mayor calidad y, sobre todo, “no buscamos establecer un control excesivo ni afectar el desarrollo de las empresas”.
Enfatizó que esta es una propuesta congruente con los mejores principios y prácticas en la regulación de la competencia económica, la cual era un reclamo ciudadano postergado por años.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, comentó que la liberalización de la economía nacional en las últimas dos décadas provocó que se pasara a una concentración de monopolios en manos privadas.
“México es hoy uno de los países más desiguales del mundo y registra una evidente concentración económica con impactos negativos para la población, particularmente en los productos básicos para garantizar mejor calidad de vida en los mexicanos”, señaló.
Encinas Rodríguez dijo que la Ley de Competencia debe ser un verdadero instrumento regulador que evite la simulación en materia de control de las grandes empresas monopólicas. “Debe cumplir con los principios rectores para garantizar la libre competencia y concurrencia, prevenir, investigar prácticas monopólicas, concentraciones y restricciones al correcto funcionamiento de los mercados”.
Al presentar voto particular, la senadora Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora del PRD, destacó que la iniciativa es un avance para propiciar la competencia, sin embargo señaló que para que la ley se traduzca en resultados concretos, se requiere que la Cofece funcione con eficacia y transparencia.
Indicó que el Ejecutivo debe abandonar la simulación jurídica que ha acompañado el proceso de “neoliberación” de la economía. Enfatizó que las leyes no bastan para terminar con los monopolios, pues es el propio gobierno es el que fomenta la concentración en las actividades económicas.
“Lo que hace falta es una férrea voluntad del gobierno mexicano y la Cofece para alcanzar una verdadera competencia a través de combatir los monopolios”, subrayó Padierna Luna.
Al fijar postura sobre esta reforma, el senador del PT, David Monreal Ávila, señaló que en las últimas dos décadas ha habido pérdidas que dieron origen al fortalecimiento de una gran cantidad de monopolios.
Aseguró que en estas dos décadas, el capital privado y extranjero han buscado la retracción de la rectoría del Estado mexicano en áreas fundamentales como los ferrocarriles nacionales, la telefonía y los servicios aeronáuticos, rubros donde existen altos precios para los usuarios. “Por estas cuestiones, México se encuentra en los niveles más bajos de competitividad”.
El senador del PVEM, Luis Armando Melgar Bravo, aseguró que con la implementación de estos nuevos mecanismos, se sientan las bases para lograr una “cancha pareja” para darle la oportunidad a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el mayor empleo del país.
El legislador sostuvo que con esta iniciativa, México cuenta con un nuevo andamiaje institucional que va permitir mejores niveles de crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Enfatizó que la aprobación de esta reforma no es una meta, sino un valioso instrumento para elevar y democratizar la productividad, con el fin de incrementar el nivel de vida de los mexicanos.
El senador Armando Ríos Piter, del PRD, aseguró que a causa de las altas concentraciones que hay en México, en los últimos 20 años el país “se ha dado el lujo” de crecer alrededor del dos por ciento anual. “Un país con energía y con el tamaño de México en las últimas dos décadas no creció ni generó los empleos que demanda su población”.
En ese lapso, agregó, se permitió que el ingreso se concentrara en unas cuantas manos, y “ahora tenemos a más del 50 por ciento de la población en la pobreza. El debate de fondo es cómo garantizar que las instituciones cambien la estructura de incentivos que permanecen en el país”, apuntó.
El legislador del PAN, César Octavio Pedroza Gaitán, afirmó que la Ley de Competencia Económica busca prevenir, impedir y sancionar conductas anticompetitivas entre los agentes económicos que puedan perjudicar a la sociedad, a su economía y su bienestar.
Dijo que la iniciativa es la clave para que el ejercicio de las actividades productivas se traduzcan en mejores condiciones de vida para los ciudadanos, “es una apuesta por la libertad y la justicia en la economía de nuestro país”.
El senador del PRI, Braulio Fernández Aguirre, sostuvo que la nueva ley será de gran beneficio, pues la competencia económica es primordial para el crecimiento, y si ésta no es equilibrada, no habrá desarrollo en el país.
Destacó que el objetivo fundamental de esta legislación es “cerrar el paso” a los monopolios y brindar certeza jurídica y transparencia a todos los agentes económicos.
El senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador de los senadores del PT, consideró que la nueva Ley de Competencia no podrá combatir las prácticas monopólicas, porque incluso, por encima de ésta se encuentra el TLCAN, instrumento que rige el manejo económico y hace intocables a las grandes empresas.
Opinó que la nueva legislación no protegerá a los consumidores de los entes económicos, porque el mercado no cuenta con una regulación real, dado que se autorregula mediante los intereses económicos de los grandes magnates y no se puede sujetar a la voluntad del gobierno.
El senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, enfatizó que la generación de riqueza y su distribución equitativa debe ser garantizada por el Estado, por medio de reglas claras, una sana competencia y el combate a los monopolios.
Por ello, asentó, se tiene que sancionar cualquier actividad que constituya una ventaja indebida a favor de una o varias personas en contra del público en general o de alguna clase social, pero también instituir una autoridad económica que, entre otras atribuciones, prevenga, investigue y combata las restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
El senador del PAN, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, expresó que detrás de la competencia está la libertad de elegir, un derecho natural de todo ciudadano, muy poco atendido por los tres órdenes de gobierno.
La poca atención los problemas de competencia, afirmó, ha generado decretos que pretenden regular la importación de autos usados y lo único que provocan es un gran mercado negro que encarece el productos para los consumidores o reglamentos municipales urbanos que impiden que exista un oferta formal de suelo.
El senador del PRI, René Juárez Cisneros, consideró que no es una ley perfecta, pero representa un avance importante para resolver las distorsiones del mercado, a través de un órgano regulador fuerte que permita impulsar la competencia y fijar reglas equitativas del juego.
Subrayó que la expedición de este nuevo ordenamiento constituye “una de la grandes reformas que demandan los mexicanos para impulsar el crecimiento y la generación de empleos”, además de que se escucharon las voces de todos los sectores involucrados que ayudaron a enriquecer la propuesta inicial del Ejecutivo federal.
El senador perredista Mario Delgado Carrillo expresó que el sistema económico no funciona para la mayoría de los mexicanos, y que el sistema político “ha caído en manos de los intereses económicos”, lo que da como resultado una desconfianza de los ciudadanos en la economía y en la democracia.
Agregó que en México existe una “relación viciada” entre política y economía que ha provocado una falta de crecimiento y un economía profundamente desigual, donde tres bancos dominan los servicios financieros, dos empresas controlan los canales de televisión abierta, una compañía controla la red de conexión telefónica, dos grupos dominan la distribución de gas LP, dos empresas el mercado del cemento, y dos compañías un tercio de la producción de harina de maíz.
El senador del PRI, Manuel Cavazos Lerma dijo que esta reforma mejora la eficiencia económica, la equidad social y el bienestar de los consumidores, ya que promueve, protege y garantiza la competencia económica y la libre concurrencia.
Aseguró que la competencia es el mejor instrumento que se conoce para asignar eficientemente los recursos de una economía y, por ende, se tendrá una asignación más rentable de los recursos, mejores bienes y servicios, precios y condiciones de venta, con mayor calidad.
El senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, expresó que el dictamen garantiza el acceso a la variedad para la adquisición de bienes y servicios de calidad con mejores precios, permitiendo que los pequeños y medianos empresarios accedan a insumos competitivos e innovadores.
Advirtió que México a nivel mundial tiene el lugar 114 en el rubro de la baja efectividad de la política antimonopolios, lo que permite que los consumidores mexicanos gastemos arriba del 40 por ciento más del sobre precio en bienes y servicios, por lo que es necesaria una normatividad acorde a las necesidades de la población.
Para la discusión en lo particular, se presentaron más de 40 reservas al dictamen por parte de las Comisiones y de senadores del PAN, PRD y PT.
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