COMUNICADO-645
• Abuso, maltrato y violencia contra los adultos mayores es un problema que se observa en todas las esferas de la sociedad
• Se plantean reformas a la Ley de los Derechos de Personas Adultas Mayores
Con el propósito de garantizar que las personas adultas mayores tengan derecho a una vida libre sin maltrato, senadoras y senadores del Partido Revolucionario Institucional, plantearon reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
En este sentido, la senadora Margarita Flores Sánchez, quien presentó la iniciativa, explicó que con los cambios propuestos se busca especificar que la familia de las personas adultas mayores deberá evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de maltrato que ponga en riesgo a la persona, sus bienes y derechos.
Al mismo tiempo, precisó que en los objetivos de la Política Nacional en la materia, se deberá fomentar a la cultura de aprecio a la vejez a fin de evitar toda forma de maltrato por motivo de edad, género, estado físico o condición social.
La legisladora priista señaló que la propuesta responde al inevitable proceso de envejecimiento demográfico, pues se prevé que para 2030 las mujeres de 60 años y más representen 18.7 por ciento del total de la población femenina, mientras que los hombres 16.2 por ciento del total de la población varonil, resultado del incremento de la esperanza de vida y la disminución de la fecundidad.
Expuso que el abuso, maltrato y violencia contra las personas adultas mayores es un problema que se observa en todas las esferas de la sociedad y que se manifiesta de diversas formas, que van desde el plano psicológico, financiero y patrimonial, hasta la violencia física y sexual, que ocasiona daños que pueden ser irreversibles.
Esta situación, dijo, conlleva a su vez, vergüenza y miedo para pedir ayuda o, en su caso, para denunciar a quienes los someten a dichos tratos.
La negligencia, por otra parte, constituye el comportamiento que tiende al descuido, desatención y abandono de una persona que no está en capacidad de valerse por sí misma, por razones como la edad, enfermedad o discapacidad, así como el no proveer las condiciones de supervivencia.
“Desafortunadamente, con el envejecimiento de la población, una gran cantidad de personas adultas mayores se han vuelto un grupo vulnerable por su estado precario de salud, dependencia, abuso, descuido y pobreza”, apuntó.
En este sentido, resaltó que garantizar los derechos de las personas adultas mayores es un gran reto para los gobiernos, pues sufren violaciones a sus derechos fundamentales inscritos en la Carta Magna, y que infortunadamente el abandono y el maltrato que viven diariamente, principalmente de sus familiares más cercanos, se han convertido en temas de salud pública en muchas sociedades, debido a sus impactos económicos, sociales e individuales.
En el país, agregó, se estima una prevalencia entre 8.1 y 18.6 por ciento de adultos mayores que sufren algún tipo de maltrato y abuso familiar.
Por ello, el Estado debe estar atento a la prevención y atención de los adultos mayores, pero también debe contar con un marco jurídico más sólido que permita castigar estos actos u omisiones, finalizó.
La iniciativa que reforma los artículos 5, 9 y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.
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