Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO No. 584

  • Reforma del campo requiere crear garantías y reserva estratégica de alimentos
  • Indispensable integrar aprobación de la ley de derecho a la alimentación

Los presidentes de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Autosuficiencia Alimentaria, Humberto Cota Jiménez e Isidro Pedraza Chávez, respectivamente, coincidieron en la necesidad de que la reforma para el campo incluya un nuevo sistema financiero rural que impulse la productividad y competitividad agrícola, además de que establezca garantías y una reserva estratégica de alimentos.
Pedraza Chávez destacó el reto de revertir el déficit en la producción de alimentos y garantizar el derecho a la alimentación, lo que, señaló, requiere de reformas constitucionales de gran envergadura.

Subrayó que el derecho a la alimentación –cuyo dictamen ya fue aprobado en la comisión- responde a un reclamo social para garantizar la calidad de la nutrición de los mexicanos, desde diferentes perspectivas, como la de salud.

Para ofrecer una alimentación sana es necesaria más inversión en el sector agropecuario y apoyo más sólido a los productores, lo cual tendrá un efecto social, al permitir revertir la migración de los campesinos.

Se debe diseñar una “política de Estado que nos garantice autosuficiencia, combatir la pobreza alimentaria y que la gente que vive en el campo se quede en el campo, que el campo se vuelva una actividad productiva e interesante para los mexicanos”, puntualizó.

En este diseño, concluyó Pedraza Chávez, es necesario el compromiso de organizaciones sociales, productores e instituciones --como las secretarías de Desarrollo Social, Agricultura y Hacienda-- para plantear metas en la producción de alimentos en programas multianuales.

Cota Jiménez estableció como prioridad, en el programa de trabajo de la Comisión de Agricultura, una legislación que estimule competitividad, productividad, soberanía, seguridad alimentaria y comercialización. Para ello, plantea impulsar políticas públicas que promuevan el reordenamiento del sistema financiero rural con un nuevo modelo de banca de desarrollo; un sistema único de garantías y la creación de la reserva estratégica de alimentos; así como la unificación de criterios en materia de seguros, coberturas y precios al productor.

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