COMUNICADO-559
• Se brinda certeza jurídica a la organización, operación, supervisión y evaluación de la prestación de servicios de seguridad sanguínea
• La distribución de sangre y sus componentes deberá ser equitativa y prioritaria a las instituciones públicas del sistema nacional de salud
Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó reformas a la Ley General de Salud, a fin de fortalecer la regulación, control y vigilancia sanitaria de la sangre y sus componentes, con lo que se dará certeza a los pacientes y donantes.
Al presentar el dictamen, el senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Partido de la Revolución Democrática, apuntó que con la aprobación de estas reformas se refuerzan las medidas orientadas a la seguridad sanguínea transfusional.
La propuesta, explicó, tiene dos componentes: fortalecer la regulación, el control y la vigilancia sanitarios de la sangre y sus componentes, así como regular la seguridad sanguínea de manera específica e integral.
Para ello, se introducen las definiciones de células troncales sangre, plasma, transfusión y hemoderivados, y reforma definiciones de tejido y trazabilidad, y se refuerzan medidas como la relativa a la licencia sanitaria para los establecimientos de salud dedicados a los servicios de sangre.
Además, el dictamen especifica los establecimientos encargados de la disposición de la sangre y sus componentes, así como de células troncales, asignándoles una seguridad transfusional a quien la lleve a cabo.
Otra de las disposiciones que se regulan es la distribución de sangre y sus componentes, la cual deberá ser equitativa y prioritaria a las instituciones públicas del sistema nacional de salud. En este sentido, se deberá realizar la prueba necesaria que determine la Secretaría de Salud, de acuerdo con los estándares internacionales de calidad y seguridad sanguínea, a fin de disminuir el riesgo de enfermedades por transfusión.
De igual forma, establece que las disposiciones para garantizar la trazabilidad de tejidos y plasma residual, relativas a la fármaco vigilancia y control sanitario de los mismos, tomará en cuenta tanto la experiencia de agencias reguladoras nacionales e internacionales como la evidencia científica y tecnológica.
Por otra parte, se otorga el registro nacional de sangre y de células troncales al Centro Nacional de Transfusión Sanguínea que integrará y mantendrá actualizada la información relativa a la disposición de sangre, de sus componentes y de células troncales.
Asimismo, se implementan sanciones a quienes introduzcan o pretendan introducir en el territorio nacional sangre humana o cualquiera de sus componentes sin permiso de la Secretaria de Salud, y se establece un nuevo tipo penal para quien con intención, cause infección de receptores por agentes transmisibles para transfusión sanguínea y sus componentes.
Estas medidas constituyen un avance importante en materia de seguridad sanguínea de conformidad con los compromisos internacionales de México en la materia y con el objetivo principal de alcanzar mejores niveles de vida y salud.
A propuesta de la senadora Martha Palafox Gutiérrez se aprobaron cambios al dictamen, para quedar de la siguiente manera:
“Si la introducción de sangre humana, o cualquiera de sus componentes a que se refiere el párrafo anterior, produce algún contagio en la población, se impondrán de seis a 17 años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a 17 mil días de salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate.
Artículo 462, fracción séptima, aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes”.
Por su parte, el senador Francisco Salvador López Brito, del Partido Acción Nacional, destacó que la donación de sangre, además de ser un acto bondadoso, debe ser regulado, cuidadoso y pasar por condiciones de laboratorio fisiológicas, bioquímicas y de control sanitario y micro biológico para que el receptor no tenga ningún tipo de secuelas; mismos que consideran las reformas planteadas en el dictamen.
La necesidad de aprobar este dictamen, dijo, parte de un diagnóstico elaborado en el programa de acción especifico 2007-2012 de transfusión sanguínea de México, donde se destaca la necesidad de modificar el marco jurídico y administrativo federal y estatal, conforme a los avances científicos y tecnológicos y a las buenas prácticas de fabricación y control para garantizar la suficiencia de sangre en términos seguridad y hemoderivados para la población.
La senadora María Elena Barrera Tapia, del Partido Verde Ecologista anunció que se plantea un nuevo modelo de organización para el manejo y disposición de la sangre y sus componentes, de acuerdo a estándares internacionales y recomendaciones de la OMS, a fin de garantizar su acceso equitativo, oportuno, seguro y eficiente.
Además, explicó, se contará con un sistema interconectado de servicios de sangre más eficiente, el cual será responsabilidad del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, el cual también tendrá a su cargo el registro nacional de células troncales, que incluirá el registro de establecimientos que colectan y disponen de éstas; mientras que la verificación sanitaria permanecerá en la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios.
La senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Partido del Trabajo subrayó que con las reformas aprobadas se brinda certeza jurídica a la organización, operación, supervisión y evaluación de la prestación de servicios de seguridad sanguínea y garantizar el acceso equitativo oportuno y eficiente de sangre y sus componentes.
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