Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO-541

•  Senadores y especialistas reconocen que se debe reforzar la  Ley General de Víctimas

•  ONU pide al Senado lograr un “control político” sobre este fenómeno social

La Comisión de Derechos Humanos impulsará una iniciativa para crear la Ley Federal de Desaparición Forzada, a fin de formalizar las demandas de los familiares de desaparecidos.

Así lo anunció la presidenta de dicha comisión, senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, al encabezar el foro “Desapariciones Forzadas e Involuntarias en la Agenda Legislativa del Congreso de la Unión”, durante la cual representantes de la ONU exhortaron a los legisladores avanzar en los procesos legislativos técnicos para lograr un “control político” sobre este fenómeno y dar respuesta certera a las víctimas.

Angélica de la Peña adelantó que en la sesión de este jueves presentará ante el Pleno una iniciativa de reforma constitucional “para que el Congreso tenga la facultad exclusiva de legislar en la materia, como paso previo al diseño de una Ley General”.

Dicha propuesta se basa en planteamientos de organizaciones de la sociedad civil en el sentido de que la pretendida ley tenga alcances en cada estado y en el Distrito Federal, con el objetivo de “normar de manera puntual y única los criterios jurídicos a aplicarse para que realmente pueda ser una legislación efectiva”.

Se busca puntualizar “las referencias a servidores públicos, qué es lo que está detrás y cuáles son las distintas circunstancias del actuar de los servidores públicos y de quienes llevan a la perpetración de este delito”.

La senadora Lucero Saldaña Pérez, del PRI, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, se refirió a la petición de la ONU para establecer un “control político” pues, admitió, “ante este mal hemos estado rebasados en capacidades, en instituciones, y creemos que hay acciones colectivas que debemos emprender, pues víctima no es una persona, se habla de familias, sociedad, Estado en general y necesitamos ver y entender para que, más allá de lo técnico, podamos ayudarnos a encontrar a las víctimas y evitar que haya más en el país”.

Sostuvo que el impulso de la iniciativa va más allá de colores partidistas y esto nos da confianza en que se suplan lagunas y errores en la legislación y se logren “mecanismos necesarios para la definición del carácter penal”.

La senadora Verónica Martínez Espinoza, del PRI, integrante de la misma comisión, aseguró que en el Senado no sólo se oye, se escucha y por ello la iniciativa incluye la demanda social de que la desaparición forzada no sea un delito que prescriba, “no se exime de responsabilidad a quienes hayan participado en estos hechos”.

Se pronunció porque las 32 entidades federativas asuman su responsabilidad para abatir este mal, de inicio al adecuar sus respectivas legislaciones con respecto a la Ley General de Víctimas y, además, respalden la iniciativa de la Ley Federal de Participación Forzada.

El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, aseveró que “este no debe ser sólo un proceso legislativo técnico, México debe despertar de una vez por todas ante la gravedad, la fractura social, la herida abierta que miles de familias viven en este país y a las cuales hay que rendir honor, no sólo con nuestro trabajo legislativo”.

Expresó que la aprobación de la ley en mención de pauta a un proceso de control para unificar los trabajos, lo que ha permitido avanzar.

Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, consideró que la iniciativa en mención tiene posibilidades de subsanar deficiencias que la legislación mexicana vigente arrastra de mucho tiempo atrás, pues cumple con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, e incluso con el Estatuto de Roma.

En el foro participaron diversas organizaciones sociales, acompañados de familiares de desaparecidos quienes reconocieron la labor del Senado para finalmente hacer “un pase de lista” de víctima y concluir con la exigencia: “¡Se los llevaron vivos, vivos los queremos!”

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