COMUNICADO-520
• Impone pena de 4 a 7 años de prisión para quien desvíe el objeto de los recursos transferidos al Sistema de Protección Social en Salud
• El proyecto se devolvió con cambios a la Cámara de Diputados
Con 103 votos a favor y dos abstenciones, el Senado de la República aprobó, con cambios, el dictamen de la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a fin de fortalecer la transparencia, supervisión, control y fiscalización de los recursos del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).
El proyecto establece una pena de 4 a 7 años de prisión y multa de mil a 500 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien desvíe el objeto de los recursos transferidos al Sistema de Protección Social en Salud.
Precisa que se entenderá por SPSS a las acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud (SS) y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) entendiéndose por éstos, a las estructuras administrativas que provean dichas acciones, que dependan o sean coordinadas por la encargada de conducir la política en la materia en las entidades federativas.
Dispone que dichos Regímenes tienen que financiar y coordinar eficiente, oportuna y sistemáticamente la prestación de servicios de salud y también precisa las responsabilidades del Ejecutivo Federal y de los gobiernos de los estados en la coordinación, planeación, operación y fiscalización de las acciones en la materia.
Por otra parte, determina que los acuerdos de coordinación para la ejecución del SPSS tienen que incluir como mínimo las modalidades orgánicas y funcionales de los REPSS, los conceptos de gasto, el destino de los recursos, los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral del Sistema, así como el perfil que los titulares de los regímenes deben cubrir.
También propone que la transferencia de recursos a los estados podrá ser en numerario, mediante depósitos en las cuentas que los REPSS instauren en la Tesorería de la Federación o en especie.
La senadora María Elena Barrera Tapia, del PVEM, dio a conocer que a la minuta de la colegisladora se le realizaron modificaciones para facultar a la SS a establecer el modelo nacional al que se sujetarán los acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas.
También se precisó que los recursos que se transfieran en especie se acordarán en el anexo correspondiente y que esta dependencia deberá de establecer los precios de referencia con que compren las entidades federativas los insumos a la salud.
Con ello, tanto la Federación como las entidades estarán en común acuerdo para la transferencia en especie y se definirá un límite para la adquisición de medicamentos, beneficiando el funcionamiento del propio Sistema y directamente al paciente.
Otro cambio establece que cuando la entidad federativa no haya comprobado que los recursos se destinaron a los fines específicos para los que les fueron transferidos o entregados los recursos, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción correspondiente.
Independientemente del supuesto anterior, aseguró Barrera Tapia, no se suspenderá en ningún momento, de forma parcial ni total, los servicios de salud a la persona que lo necesite, por lo que se respetará el derecho de todos a la salud.
Por el PRI, el senador Armando Neyra Chávez destacó que a finales de 2013, el SPSS brindaba servicios gratuitos a más de 53.2 millones de personas, lo cual pone en contexto la presión que se genera en su modelo operativo y financiero, “sin tener en cuenta que 30 millones de mexicanos siguen sin protección”, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.
Con el dictamen se busca generar el marco jurídico que sirva para hacer frente a estos desafíos y atender de manera eficiente a los usuarios, particularmente para aquellos que tienen sólo este medio de acceso al cuidado de la salud.
“No se trata solamente de extender una cartilla para universalizar los servicios de salud”, sino también de cerrar el paso a la opacidad y generar esquemas que fomenten mayor transparencia en el uso de los recursos públicos para el ramo”, expresó.
A nombre de Acción Nacional, la senadora Martha Elena García Gómez resaltó que en menos de una década el Seguro Popular se convirtió en uno de los pilares de la atención médica para las personas que no contaban con seguridad social.
Mediante la consolidación de la Secretaría de Salud como instancia rectora del Seguro Popular, “se harán efectivos los beneficios que otorga la Ley” y se perfeccionará la transparencia, supervisión, control y fiscalización de sus recursos que actualmente se ejercen por las entidades federativas.
Agregó que este y otros cambios “cuidan que no exista un modo paternalista que impida que los estados cumplan con la salud de todos los mexicanos”
El senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del PRD, manifestó que se pretende dar orden en la implementación de esta mecanismo, pues en muchas entidades se presentaron “actos de corrupción” en el ejercicio de sus recursos.
“Se deben --afirmó-- dos mil 800 millones de pesos a proveedores del Seguro Popular”, porque en algunos estados se compran jeringas que valen dos pesos a 100 pesos y soluciones que cuestan 20 pesos se adquieren hasta en 200 pesos.
Afirmó que mediante el actual Sistema se privilegia el negocio en la compra de medicamentos y que “eso se acabó, se tiene que terminar”.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el senador Luis Armando Melgar Bravo, enfatizó que el objetivo de la reforma es “construir una dinámica de total y absoluta transparencia y combate a la corrupción en la gestión pública y rendición de cuentas del gobierno”.
La transparencia no se limita a ser un elemento preventivo de la corrupción, sino que es fundamental para el funcionamiento de un sistema democrático porque afecta la relación entre el Estado y los ciudadanos.
Martha Palafox Gutiérrez, senadora del PT, consideró que los cambios a la Ley General de Salud deben de cumplir con el anhelo de la población de escasos recursos para acceder a los servicios de la salud y su compañero de bancada, David Monreal Ávila, advirtió que nuestro país tiene un sistema de salud anacrónico que no atiende las demandas de los ciudadanos, y no cumple con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, que concibe a este derecho como condición fundamental para lograr la paz y la seguridad de los estados.
En México, agregó, los altos índices de desempleo impiden que un número importante de personas no cuenten con seguridad social, ni puedan recibir los servicios médicos que otorga el Estado.
El senador perredista Ángel Benjamín Robles Montoya reiteró que con las modificaciones se pretende que los servicios de salud sean de mayor calidad, independientemente de que sea impartidos por el Gobierno federal o una entidad federadita.
El dictamen se devolvió con cambios a la Cámara de Diputados.
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