COMUNICADO-500
• Fue un espacio privilegiado para la discusión y para enriquecer los proyectos: Lozano Alarcón
• No se permitirá que se interponga en la tarea de los senadores un conflicto de intereses entre empresas: Graciela Ortiz
Con la partición de 49 representantes de consorcios, medios públicos, sociales, comunitarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil, concluyó este viernes en el Senado el foro para analizar las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Al clausurar las audiencias, el senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, indicó que a éstas asistieron 49 exponentes, donde hubo crítica “muy abierta”, además de que fue “muy enriquecedor para nosotros el escuchar voces tan distintas”.
“Este es un espacio privilegiado para la discusión respetuosa y para enriquecer los proyectos y hacer un dictamen a la altura de las necesidades y de las expectativas que hemos generado”, subrayó el legislador panista.
Dijo que se deben cuidar derechos humanos fundamentales como el acceso a la información, la libertad de expresión, el acceso a la sociedad de la información y del conocimiento y la libertad en las redes, “que no significa tampoco que no se consideren aspectos tan relevantes como los derechos de autor y la propiedad intelectual”.
Criticó que hubo senadores “que no se tomaron la molestia de estar en este salón ni un solo minuto y que sin embargo van afuera y hacen allá su arena pública. Son muy valientes afuera y no en su propia casa y eso no se vale”.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz González, enfatizó que los senadores no permitirán que se interponga en su tarea un conflicto de intereses entre empresas que el Estado debe regular y que afecta a los mexicanos.
Aseguró que los legisladores deben ponerse de acuerdo en aprobar una ley que responda a la necesidad que tiene México para contar con una legislación de vanguardia, innovadora, que inserte al país en la modernidad que el sector requiere.
Reiteró que en la aprobación de esta reforma se deben imponer condiciones de modernidad por encima de los intereses, conflictos de sector y cualquier otra consideración que no sea el bienestar de los mexicanos.
Con esta riqueza que nos llevamos a partir de la aportación de todos ustedes habremos de llevar a cabo esa tarea con profundo compromiso con México, puntualizó.
El senador del PRD, Ángel Benjamín Robles Montoya manifestó que hay preocupación respecto de las facultades y obligaciones en materia de seguridad y procuración de justicia, que puedan usarse como herramientas para generar un control autoritario de los medios de comunicación, “porque la iniciativa del Presidente parece que nos quiere regresar a ello”.
Aseguró que la reforma establece el concepto “moral” dentro de los criterios que debe tener la Secretaría de Gobernación para vigilar los contenidos, “entonces los medios en este país quedarían supeditados o tendrían como parámetro la moral del secretario o del propio Presidente de la República”.
En tanto, el senador del PVEM, Juan Gerardo Flores Ramírez manifestó que es necesario reflexionar sobre las decisiones que puedan atentar contra la libertad de expresión, “porque yo no veo un riesgo de autoritarismo, sin duda no podemos intervenir en las redes o la libre comunicación que hay a través de ellas”.
Precisó que la iniciativa pretende controlar una elevada concentración que “lamentablemente” ha impedido que los demás operadores se desarrollen de manera más adecuada.
En su intervención, Judith Mariscal Avilés, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), advirtió que la iniciativa presidencial pone en riesgo la autonomía y el fortalecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Indicó que el Ejecutivo pretende retomar poder a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues se busca que esa dependencia emita opiniones técnicas en el otorgamiento de concesiones, en la revocación de éstas, además de revisar el programa anual de trabajo del IFT.
Consideró que existe “una gran oportunidad” para que se corrija el camino “que nos lleve a un Estado de derecho, que es lo que necesitamos en este sector.
En representación de Observatel, Clara Luz Álvarez hizo notar que la propuesta quebranta los derechos de las personas con discapacidad, ya que no incluye mecanismos para que este sector de la población pueda acceder a las telecomunicaciones, además de que no contempla subtitulaje en los programas televisivos.
El proyecto no fomenta la producción nacional independiente y penaliza a las audiencias que impulsan este tipo de producción y genera incertidumbre jurídica en los medios públicos; no contempla mecanismos de protección para defender los derechos de la audiencia, pues sólo “dice que habrá un defensor, un código de ética que se autoimpone y en caso de que el defensor emita una recomendación, el medio cumplirá cuando pueda en una página electrónica que para tal efecto lo haga”.
Para Luis Fernando García, representante de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales se trata de una iniciativa de ley que “confirma el deliberado propósito por neutralizar Internet como herramienta para el ejercicio de libertades y convertirla en un instrumento de control político”.
Señaló que en el artículo 145 se establece un mecanismo de censura a la web, pues señala que los concesionarios que presten el servicio de Internet podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad, además de que faculta a las autoridades a bloquear o anular las señales de telecomunicaciones en “eventos o lugares críticos para la seguridad pública o nacional”.
En opinión de Jesús Robles Maloof, del Colectivo Internet Libre para Todos, la facultad para solicitar y ordenar a los proveedores inhibir o bloquear comunicaciones en una determinada región “es simple y llanamente colocarse por encima, no sólo de la Constitución sino de los poderes que norman la democracia”.
Dijo que la iniciativa que se discute en el Senado no sólo representa la posibilidad de no avanzar en materia de acceso, sino de facultar a las autoridades administrativas para “cancelar de facto” el derecho a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación.
A nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, María Elena Meneses, coincidió en que la propuesta bloquea, inhibe y anula señales de telecomunicaciones y posponer el apagón analógico de algunas estaciones hasta el 31 de diciembre de 2017, “se torna más errática la transición a la televisión digital terrestre” y no se obliga al gobierno a emitir una política pública clara en la materia.
Hizo un llamado a los senadores para ajustar las leyes secundarias al sentido original de la reforma constitucional, así como a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que defiendan sus atribuciones, facultades y autonomía técnica.
Para Jorge Alberto Hidalgo Toledo, del Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación de las Ciencias de la Comunicación, se requiere reformular la iniciativa del Ejecutivo para preservar el interés público, aprobarse como se presentó, violentará las atribuciones del órgano regulador en materia de contenidos y “condenará a la extinción a los medios de uso social”.
Calificó de “insano pretender que para la distribución de los tiempos del Estado, la Segob deba escuchar previamente a los concesionarios y luego fijar los horarios de transmisión.
Propuso incluir a las emisoras de las instituciones públicas de educación superior en la categoría de medios públicos para que puedan alcanzar la independencia editorial y autonomía de gestión y financiera. Solicitó que se fortalezca el régimen de los medios comunitarios indígenas y no imponerles requisitos ni prohibiciones para contar con otras fuentes de financiamiento.
Sobre las facultades a la Secretaría de Gobernación para supervisar contenidos, José Fernández Santillán, del Tecnológico de Monterrey, afirmó que éstas no constituyen una transgresión o violación a la libertad de expresión.
De las 11 atribuciones que la Ley propone conferirle a esta dependencia, agregó, no existe alguna que limite estos derechos.
Consideró que “es mejor que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se dedique a la tarea específica de supervisar la competencia y no meterse en las cuestiones que ya están por ley destinadas a la Secretaría de Gobernación.
Jorge Islas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, manifestó: “esta legislación no presenta en ningún reglón, letra, coma o puntuación, que yo haya leído, ninguna disposición que intente lastimar nuestra libertad a la conciencia, de expresión e información”.
Dijo que lo que sí hay es una base para que los medios no incurran en excesos, pues prevé incentivos para la competencia y contiene estándares de protección para los niños y jóvenes, sin lastimar los principios constitucionales de libertad de expresión y de derecho a la información.
Aseveró que no es inconstitucional que la Secretaría de Gobernación pueda contar con “ciertas facultades para cuestiones excepcionales sobre libertad de expresión”.
José Otero, de Signals Telecom Consulting planteó que algunos de los temas de la reforma van en detrimento del bienestar de los individuos, ignoran la realidad de los pequeños operadores de telecomunicaciones incrementándoles sus costos operativos o pueden tener consecuencias contrarias a las esperadas.
Luis Berman, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública expresó que si en la iniciativa no beneficiamos directa y efectivamente a la ciudadanía, solamente será una lista de buenas intenciones tristemente mal implementadas, “porque tenemos problemas del siglo XXI que estamos tratando de resolver con herramientas del siglo XX”.
Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, consideró “inadmisible” que por cumplir con todas las obligaciones del título de concesión “se pretenda penalizar a nuestra fuente de trabajo al plantear el uso gratuito de la red por los competidores, eliminar el cobro de larga distancia e interconexión, la regulación de tarifas bajo condiciones que limitan la competitividad de la empresa e impedir, al menos por dos años, su acceso al mercado de la televisión restringida.
La reglamentación secundaria impone medidas confiscatorias sobre la red y la infraestructura de Telmex, pese a que “brindamos un servicio social al país al comunicar a más de 23 mil 462 poblaciones de más de 500 habitantes” y a que “la red que contribuimos a construir es la columna vertebral de las telecomunicaciones fijas y móviles”, agregó.
Por el Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Gustavo Noé Ríos dijo que ya no se puede continuar más tiempo con el modelo de monopolios y competencia sesgada que prevalece en sectores como el de telecomunicaciones, cuya disfuncionalidad provocó una pérdida estimada en 129 mil 200 millones de dólares de 2005 a 2009, es decir, el 1.8 por ciento del producto Interno Bruto anual.
De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, agregó, “Telmex posee una concentración del mercado extremadamente alta, su participación es del 80 por ciento del mercado de telefonía fija y Telcel presta servicio al 70 por ciento de los usuarios de telefonía móvil en nuestro país”.
Además, mencionó, se reconoce que el desempeño insatisfactorio de los mercados de las telecomunicaciones en México ha tenido un importante impacto negativo en la economía y se ha traducido en una pérdida en el bienestar de los ciudadanos.
Juan Jung, de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, indicó que México requerirá una inversión de 8 mil 500 millones de dólares al año para contar con niveles de conectividad similares a los de países avanzados, por lo que se tiene que ser cuidadoso a la hora de imponer regulaciones, a fin de no desalentar la inversión en este sector.
Francisco Campuzano la Madrid, de la Asociación de Radiodifusores Independientes de México, consideró que permitir algún grado de comercialización --aún bajo el engañoso rubro de patrocinios-- provocará una competencia desleal en contra de los concesionarios de radios comerciales, pues al pagar sus impuestos sostienen en parte a la radiodifusión pública.
Susana Solís Esquinca, del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía dijo que la iniciativa sólo establece reglas mercantiles a las telecomunicaciones y el control mediático, más no abona a fortalecer los medios públicos como sistemas de contrapeso, “poco interés se observa en la inclusión de contenidos que promuevan el respeto de derechos humanos, discapacidad y la equidad de género”.
Propuso que se destinen recursos para la digitalización de los medios públicos, a fin de hacer más equitativa la transición tecnológica, debido a que en las entidades se encuentran rezagados.
Hugo Pereznegro Meza, de la sociedad de Autores y Compositores de México señaló que es necesario dotar de mayor certeza jurídica a los autores y a todos los creadores de las distintas obras artísticas, científicas y literarias, que a su vez conforman los contenidos de las señales, “garantizando así los derechos que deben prevalecer en el ámbito cultural y creativo del país”.
Por parte de la asociación Mexicana de Productores Independientes, Eduardo de la Parra dijo que existen preocupaciones respecto a la censura, suspensión de servicios por libertad de expresión y por la violación al debido proceso, “porque sin escuchar a alguien, se le impide o se le suspende un servicio de comunicación de ideas en Internet”.
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