COMUNICADO-493
* Evitar que empresas e industrias atenten contra los derechos de este sector de la población
* Autoridades deben establecer acuerdos con las poblaciones, antes de emprender acciones administrativas o legislativas
A fin de evitar que continúe la violación de los derechos de poblaciones autóctonas por parte de empresas e industrias, nacionales e internacionales, los senadores perredistas Benjamín Robles Montoya y Armando Ríos Píter presentaron una iniciativa para la creación de la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas.
El objetivo es proteger los territorios indígenas, frente a la creciente ampliación de empresas e industrias que atentan contra sus recursos naturales y amenazan su idiosincrasia y cultura, aseveró el senador Robles Montoya al justificar ante el pleno senatorial la propuesta en mención.
Cada vez son más los pueblos y comunidades indígenas que tienen que luchar contra la vorágine privatizadora de los gobiernos y de la iniciativa privada nacional y extranjera, quienes sin control alguno invaden sus territorios para apoderarse de sus tierras y de sus recursos naturales, algunas veces con engaños y otras a través de la fuerza, enfatizó el legislador oaxaqueño.
Ejemplo de ello, puntualizó, son la explotación de minas y la construcción de presas hidroeléctricas, parques eólicos e incluso unidades habitacionales y proyectos turísticos, entre otros.
“La mayoría de las veces, estas empresas cuentan con la anuencia de las autoridades federales, estatales y, en algunos de los casos, municipales, quienes descaradamente evaden su obligación de vigilar que se respeten los derechos de los pueblos y comunidades afectadas, otorgando licencias y permisos aun estando fuera de toda norma”, destacó Robles Montoya.
Ello no obstante, abundó, la existencia de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que protegen los derechos de las etnias, que en nuestro país no tiene derecho a vedar o impedir aquellas propuestas o decisiones del Estado que les pueda afectar.
La iniciativa tiene el objetivo de establecer requisitos de consulta que por una parte, limitan el poder del Estado y, por otra, promueven el diálogo intercultural y el consenso en cuanto a la toma de decisiones que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas, concluyó.
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