COMUNICADO-490
• Pide Televisa que legislación secundaria “empareje la cancha” en sector de telecomunicaciones
• Iniciativa del Ejecutivo limita competencia en televisión restringida: Telmex
En el segundo día del “Foro de análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que se lleva a cabo en el Senado de la República, representantes jurídicos de diversas empresas del sector expusieron sus inquietudes sobre la legislación secundaria en esta materia.
El senador panista Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, informó que en este día se presentarán 26 exposiciones, incluyendo los grupos que han sido declarados como preponderantes.
Los representantes jurídicos de Televisa manifestaron la necesidad de “emparejar la cancha de juego” en el sector de las telecomunicaciones, mientras que Telmex hizo un llamado para que no se limite la competencia en el mercado de la televisión restringida.
La senadora Graciela Ortiz González, del PRI, resaltó que el problema de nuestro país es que los niveles de inversión son los más bajos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y representan menos de la mitad de lo que se invierte en Chile, en donde América Móvil tiene inversiones sustantivas e importantes.
En este sentido, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos refutó que las reglas de competencia no generan inversión.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, precisó que no se puede sugerir que la iniciativa del Ejecutivo federal se aparte del espíritu de la Constitución, pues también se fomenta la competencia que platea la reforma constitucional.
Resaltó la crítica que realizó el representante de Telmex a la propuesta de generar un subsidio para los competidores, pues este tipo de pronunciamientos no se emitieron cuando, por norma, “Teléfonos de México uso cuantiosos subsidios a través del régimen de tarifas de liquidación”, que le generaron ganancias extraordinarias en su momento.
A su vez, el senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, señaló los artículos 264 y 265 del proyecto presidencial “imponen medidas muchos más benévolas y accesibles para los agentes preponderantes en radiodifusión que para los del sector de telecomunicaciones”.
Dijo que se debe garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las concentraciones y restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, pero la iniciativa limita las facultades del IFT al análisis de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión sin atender la diversidad de elementos y problemáticas de cada uno de los servicios que los integran.
En su intervención, Luis Mancera de Arrigunaga, vicepresidente Jurídico Regulatorio de Televisa, advirtió que el sector de las telecomunicaciones “se encuentra altamente concentrado en un solo jugador”, por lo que la legislación secundaria debe sentar las bases para que “jugadores serios emparejen la cancha de juego”.
Para fomentar una competencia sana, dijo, se requiere que el Estado garantice la viabilidad de redes alternas a la de Telmex y Telcel y que los proveedores de servicios convergentes puedan replicar y mejorar --bajo las mismas reglas-- la oferta comercial de estas empresas en el mercado.
Propuso no ligar la eliminación de la larga distancia a la consolidación de las áreas del servicio local, pues la tecnología permite suprimir el cobro de este servicio de manera inmediata, prohibir la discriminación del tráfico entre las redes, regular subsidios cruzados, no dejar a la discreción la portabilidad de números telefónicos y sanciones razonables y proporcionales.
Joaquín Valcárcel, vicepresidente Legal y director Jurídico de Televisa, expresó que aunque la iniciativa del Ejecutivo federal representa un paso importante para regular al sector contiene “múltiples deficiencias y diversas omisiones que afectan directamente y de manera importante a los concesionarios de radiodifusión”, particularmente a Televisa.
Afirmó que esta propuesta pretende “sobre regular al sector” porque establece restricciones adicionales a los organismos de radiodifusión que sean considerados agentes preponderantes como la prohibición de utilizar todos los canales en la multiprogramación, medidas respecto a la adquisición de contenidos, determinaciones de poder sustancial, competencia efectiva y propiedad cruzada.
Además, se otorgan facultades excesivas y discrecionales al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) respecto a la determinación de preponderancia y poder sustancial y a la Secretaría de Gobernación sobre contenidos audiovisuales.
Dijo que permitir que los concesionarios de servicios de radiodifusión para uso público y social tengan la posibilidad de percibir ingresos a través de donativos, venta de productos y servicios o patrocinios creará una competencia desleal en la industria.
Alejandro Cantú Jiménez, director Jurídico de Telcel-América Móvil, aseguró que el proyecto “se aparta del espíritu y letra de la reforma constitucional” porque impone requisitos adicionales no sólo al agente preponderante sino también al IFT para aprobar una convergencia plena de servicios.
“Ese plazo de gracia adicional, de por lo menos dos años, restringe la competencia” en un mercado altamente concentrado como el de la televisión restringida, dijo.
Sobre la propuesta de interconexión fija y móvil gratuita aseveró que mientras en el mundo se eliminan las ineficiencias competitivas que generaron las tarifas asimétricas, México se quiere estrenar con una Ley que impone la obligación a un agente de proveer un servicio tan relevante “a cero pesos con cero centavos” y esto representa un “subsidio injustificado en favor de los competidores y no de los consumidores”.
Si no existe un marco que otorgue predictibilidad regulatoria nos enfrentaremos a los efectos no deseados de la regulación en algunos años: menos competencia, menos inversión, menos desarrollo y una larga brecha digital por cubrir.
En su turno, Javier Mondragón Alarcón, director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de Telmex, expresó que la iniciativa va “en contra total” del título de concesión de esta compañía y recordó que a ésta se le trasladó en 1990, el 100 por ciento del mercado y la obligación de incrementar la cobertura en las poblaciones, la construcción de una red y asegurar el empleo de 50 mil trabajadores.
Dijo que Telmex da la bienvenida a la competencia, pero “si la competencia es que utilicen la red de Telmex, pues que le paguen a Telmex el precio que vale el uso de su red. No es parejo el piso si nos dicen: primero te obligo a invertir y ahora te obligo a que regales el producto de tu inversión”, por lo que el Legislativo tendrá que hacer un “esfuerzo extraordinario” para ajustar la propuesta al texto constitucional y asegurar la “sana competencia”.
Reconoció que actualmente esta empresa tiene una participación en el mercado del 70 por ciento, sin embargo, recalcó, “todos somos de memoria corta” y “se nos olvidan muchas cosas” como el hecho de que se han invertido 30 mil millones de dólares en Teléfonos de México.
En tanto, el vicepresidente jurídico de TV Azteca, Francisco Borrego, dijo que la iniciativa dota a IFT con las facultades necesarias para intervenir en un sector dinámico y complejo y que le permitirán regular al “gigante de las telecomunicaciones”, quien ha “evadido” las reglas de la competencia y de la libre concurrencia por décadas.
México no puede esperar más, es necesario trabajar para que la regulación del sector se modifique en este periodo legislativo, y son estas iniciativas parte del diseño del país que queremos, plural, democrático y competitivo, puntualizó.
Aseguró que la reforma en caso de ser aprobada en sus términos, representaría un instrumento que privilegia los derechos de las audiencias, la libertad de información y de expresión.
Miguel Calderón Lelo de Larrea, vicepresidente regulatorio de Telefónica Movistar, dijo que los niveles de concentración siguen subiendo cada trimestre, por lo que esta iniciativa representa “un parte aguas” para cambiar el sector y buscar un esquema mucho más competitivo para beneficio de los usuarios.
En este sentido, agregó, que la iniciativa propicia la inversión, beneficia al usuario, favorece la competencia y otorga transparencia en el actuar del regulador.
Advirtió que México tiene un déficit el espectro. Por tal motivo la ley tiene que garantizar su disponibilidad para servicios de telecomunicaciones y no solamente para redes que tengan participación del Estado.
A nombre de Nextel México, Cristina Ruiz de Velasco mencionó que la propuesta del Ejecutivo federal plantea normas trascendentes para corregir los desequilibrios actuales en el sector de telecomunicaciones y fortalecen las medidas dictadas por el IFT en materia de preponderancia.
Por otro lado, dijo que hay preocupaciones debido a que la iniciativa restituye en cierta medida el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (RENAULT), y sobre temas como la privacidad y la regulación de la información que se transmite a través de las redes de telecomunicaciones, por lo que es necesario que se establezca un mejor andamiaje institucional para que exista un balance correcto entre procuración de justicia y derechos de los usuarios.
En su oportunidad, Jesús Celorrio, director general Regulatorio de Iusacell, criticó que la regulación hasta el día de hoy ha sido igual tanto para Telmex y Telcel como para el resto de los competidores, “cuando en la realidad no somos iguales”, por lo que la iniciativa en lo general “es muy benéfica” porque empareja la cancha de juego.
Al fijar la posición de Grupo MVS, Peter Bauer afirmó que la reforma constitucional planteó de manera categórica una agenda a favor de la competencia en televisión restringida, la cual no se respeta en la iniciativa del Ejecutivo federal y la ley, como se plantea, cierra la puerta para que haya una regulación asimétrica vía preponderancias en ese sector, lo que implica desperdiciar “una oportunidad histórica”.
Expuso que la noción del Constituyente es que se pueda determinar, en función de la participación nacional de determinado agente económico en el servicio de televisión restringida, la preponderancia de un grupo económico, que en este caso es Televisa, quien tiene más del 50 por ciento de los suscriptores en el país.
Aunado a ello, advirtió que el artículo 276 de la ley se propone establecer un “mandato excepcional” al IFT para que al analizar concentraciones no aplique los criterios de la Ley de Competencia Económica, lo que habilita una mayor concentración en la televisión restringida, pues permitiría a grupo Televisa “comprar más empresas” en ese sector. Este artículo agregó, es equivalente a que se autorice la compra por parte de Telcel, de Iusacell o Telefónica Movistar.
En representación de Grupo ACIR, Francisco Ibarra López señaló que las sanciones que presenta la reforma “no toman en cuenta la realidad, ni el día a día que vive la radiodifusión”, pues dijo que son “excesivas” y consideran el nivel social de ingresos de las estaciones, “lo cual consideramos muy peligroso para las finanzas de todas nuestras empresas”.
Advirtió que el hecho de otorgar facultades a las concesionarias sociales o públicas para comercializar es inequitativo para todos los que forman parte de esta industria.
Consideramos que esta ley debe contener reglas claras y equitativas que concedan certeza jurídica, “porque necesitamos que haya equilibrio entre los participantes”.
Raúl Cervantes Sandoval Navarrete, de Núcleo Radio Mil Comunicaciones, expresó que la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión debe apegarse al texto de la Carta Magna y se brinden las facilidades técnicas y económicas para que las estaciones de amplitud modulada puedan transitar hacia la digitalización.
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