COMUNICADO-479
• Piden empresas certidumbre jurídica y reglas claras para todos los participantes
• Iniciativa pretende restaurar presidencialismo autoritario en el manejo de los medios de comunicación: Raúl Trejo Delarbre
Con la participación de representantes de las cámaras de la industria de la radio y la televisión, así como de académicos, en el Senado de la República iniciaron este miércoles los foros de “Análisis sobre leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”.
En la inauguración, el senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva, destacó que la ruta de trabajo que se adoptó para analizar estas iniciativas cumple con el reglamento y con el convenio que se firmó sobre parlamento abierto.
Dejó en claro que la presidencia de la Cámara de Senadores no se pronunciará en ninguno de los temas que abarca la reforma porque su función es la gobernabilidad de este órgano legislativo.
Para el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Luis Preciado Rodríguez, esta reforma podría “cambiar los equilibrios en materia electoral en todo el país”, pues si un mayor porcentaje de la población en México tiene acceso a Internet se encontrará más informada para tomar una decisión en tiempos electorales.
Refirió que en la actualidad 70 por ciento de los mexicanos no tiene acceso a la web, por lo que estos foros permitirán “hacer una buena reforma” que revierta esa situación y para que los ciudadanos accedan a las telecomunicaciones de manera más ágil y más económica, lo que sería “un paso muy importante para el país”.
El senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, recordó que se les criticó “a rabiar” por no terminar a tiempo las leyes secundarias en el plazo que marcaba el decreto de la reforma constitucional y “se nos dijo que todavía podíamos concluir en unos cuantos días del mes de diciembre”.
Y ahora que trazamos una ruta para lograr que en este periodo de sesiones saquemos el trabajo dicen que “cuáles son las prisas, que estamos legislado sobre las rodillas, que le estamos haciendo el favor a alguien”.
Sin embargo, subrayó, tenemos muchos años estudiando el tema y “creemos que estamos en la posibilidad y capacidad para sacar esto de una manera responsable”.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, titular de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, hizo un llamado para retomar el espíritu de la pasada reforma constitucional, pues existen voces en el Senado que han afirmado que la propuesta presidencial “se aparta” de lo construido con las reformas a la Carta Magna.
Por eso, enfatizó, es muy importante que “nuestra apuesta” sea el consenso y la coincidencia en el proceso legislativo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión “y que nadie le apueste a la fuerza en el número de los votos”.
En opinión de la senadora Graciela Ortiz González, quien preside la Comisión de Estudios Legislativos, la legislación secundaria demanda cuidado y un trabajo responsable comprometido con la democracia y la equidad.
Lo anterior, porque se ocupa de una de las correas de transmisión más poderosas y relevantes para la difusión y retroalimentación de contenidos de toda índole entre los actores gubernamentales, privados y sociales del México del siglo XXI.
A nombre de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Eduardo Ruiz Vega le dio la bienvenida al proyecto para generar una mayor competencia con base en la certidumbre jurídica, reglas claras y equitativas para todos los participantes.
Sin embargo, “sentimos” que el capítulo relativo a las sanciones no toma en cuenta la realidad de la radiodifusión de nuestro país y resulta preocupante que se pretendan imponer castigos determinados con base en el nivel de ingresos de las estaciones de radiodifusión, cuando existe una diferencia clara entre los aspectos operativos de este sector respecto del resto de las telecomunicaciones.
Destacó que un pilar de la reforma constitucional consiste en ensanchar el ámbito de las libertades de expresión e información; “consideramos que los criterios desproporcionados para sancionar a los medios radiodifundidos deben ser visto como un escollo contrario a sus ejercicio.
Dijo que es necesario establecer en la legislación secundaria los mecanismos que garanticen que los concesionarios públicos y sociales “no se aparten de su naturaleza no comercial”, pues de lo contrario el mercado se distorsionaría y contaminaría.
Víctor Gutiérrez Martínez, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática, reconoció que las propuestas del organismo están incluidas en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal; sin embargo, ésta requiere de precisiones y ajustes.
Solicitó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones defina las contraprestaciones de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley, que la asignación de los activos del Estado a las redes de telecomunicaciones se realice en condiciones no discriminatorias, particularmente para la iniciativa privada, y que las sanciones sean proporcionales a las faltas que se comentan.
Pidió que se delimite con precisión quienes serán los actores que pueden acceder a la información sensible en materia de seguridad pública y que el intercambio de estos datos entre el Procurador General de la República y su similar estatal sea muy claro, sobre todo para los delitos graves.
Por último, Gutiérrez Martínez se pronunció por privilegiar la competencia en el sector sobre la regulación.
Por la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable, José Antonio García Herrera, calificó como positivas las disposiciones relativas a la libertad tarifaria de los operadores y las facultades que se le otorgan de manera general al órgano regulador, pero nos preocupan las sanciones desproporcionadas para las empresas de telecomunicaciones por cable, que se establecen en la propuesta.
García Herrera manifestó que la “sobre regulación de contenidos” en la iniciativa del Ejecutivo llega al grado de tratar de “controlar la moral en las transmisiones” y consideró como una limitación a la libertad de expresión que se pretendan regular noticias, opiniones de comunicadores y contenidos noticiosos.
“Nos preocupa mucho” que Telmex y Telcel tengan la posibilidad de ofrecer servicios de televisión restringida, “sabemos del poderío económico que está detrás de estas empresas” y se requiere garantizar que el hoy declarado agente preponderante cumpla con los títulos de su concesión, se le obligue a la desagregación de su red y compartición de su infraestructura, así como evitar subsidios cruzados entre sus distintas unidades de negocios.
Gabriel Székely, de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, advirtió que la iniciativa contiene “elementos muy preocupantes” en materia de seguridad como la localización geográfica en tiempo real de dispositivos de comunicación relacionados con investigaciones de delincuencia organizada, para producción de inteligencia, así como la obligación de entregar información solicitada por autoridades en 24 horas.
Preguntó a los legisladores a qué se refiere el término “producción de inteligencia”, a cuáles instancias de seguridad y a cuáles de los tres órdenes de gobierno deben pertenecer, además cuestionó que no se incluya la figura del juez en las peticiones para intervenciones de comunicaciones.
Criticó la pretensión de delegar la obligación a las empresas de colocar bloqueadores de señal en los centros penitenciarios, pues esa responsabilidad corresponde a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a la administración de los penales.
Aseguró que la Asociación seguirá contribuyendo en el combate a la delincuencia, “siempre teniendo en mente el objetivo simultaneo de la protección a las garantías constitucionales de los ciudadanos de este país. No queremos ir más allá y queremos que se revisen las disposiciones que se encuentran en la iniciativa, que se salen del marco fundamental para nosotros”.
En tanto, Raúl Trejo Delarbre, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, manifestó que el gobierno se adjudica la supervisión de contenidos en radio y televisión “llevándonos de regreso a épocas que creíamos superadas por el desarrollo político y, vaya, por el sentido común”.
Subrayó que las reglas para la supervisión de contenidos, y no solamente su aplicación, serían establecidas por la Secretaría de Gobernación suplantando facultades del Poder Legislativo. “El talante autoritario” de la iniciativa se manifiesta en la obligación que impone a los operadores de telefonía para interceptar llamadas y localizar personas sin que para ello sea necesaria una instrucción judicial.
En su oportunidad, Ernesto Piedras, de The Competitive Inteligente Unit, expresó que México viene de 20 años de ineficiencia regulatoria, en donde estamos más cerca del territorio del monopolio que de la competencia.
Consideró que el paquete de reforma es integral y permite entrar a un periodo de regulación asimétrica, “es un periodo temporal y se estipula que cada dos años se haga corte de caja para revisar si prevalece la preponderancia”.
Si las medidas son efectivas en dos años podrían estar cambiando las condiciones en el mercado de las telecomunicaciones y de radiodifusión, puntualizó.
En la ronda de cuestionamientos, el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Partido Revolucionario Institucional, destacó que en el debate e intercambio de argumentos está el camino para encontrar, a partir de las divergencias, los acuerdos y consensos para aprobar la legislación secundaria.
Dijo que en el tema relativo a los bloqueadores de telefonía móvil en los penales, actualmente existen una serie de inconsistencias que generan un cáncer representado por delitos como la extorsión y los secuestros virtuales.
La senadora panista María Marcela Torres Peimbert expresó su preocupación debido a que los contenidos de las televisoras en general y de las plataformas digitales de Internet son extranjeros, lo que ha provocado que la mayoría de los mexicanos tenga una cultura netamente aspiracional, pues rechaza lo mexicano “porque queremos ser como los vecinos del norte”.
El senador Benjamín Robles Montoya señaló que el desinterés por modificar el estatus quo en el tema de las telecomunicaciones se corrobora con el proyecto que se analiza en la Cámara de Senadores, ya que representa un retroceso con relación a lo logrado a la reforma constitucional.
Advirtió que el grupo parlamentario del PRD está listo para defender los avances que se pretenden revertir y promoverán una acción de inconstitucionalidad en el caso de que se impongan dichas leyes y reformas que “dan al traste con los logros” alcanzados.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el senador Gerardo Flores dijo que la OCDE ha informado que la concentración en el mercado de telecomunicaciones cuesta a los mexicanos cerca de 29 mil millones de dólares por año.
Mencionó que no cree que en un periodo de dos años la situación actual cambie, pues en el caso de British Telecom en Inglaterra transcurrieron 16 años para que las autoridades de ese país dijeran sí hay competencia efectiva en este mercado.
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