COMUNICADO-473
• La iniciativa establece pena de cuatro a siete años de prisión y multa de mil a 500 mil días de salario a quienes desvíen recursos
La Comisión de Salud aprobó un dictamen, con modificaciones, del Presidente Enrique Peña Nieto, que busca transparentar los recursos del Seguro Popular y le da una mayor fortaleza al Sistema de Protección Social en Salud.
La iniciativa establece una pena de cuatro a siete años de prisión y multa de mil a 500 mil días de salario mínimo general, vigente en el Distrito Federal, a quien desvíe recursos transferidos al Sistema de Protección Social en Salud.
Indica que los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (Repss) deberán financiar y coordinar eficiente, oportuna y sistemáticamente la prestación de servicios de salud; y precisa las responsabilidades del Ejecutivo Federal y de los gobiernos de los estados en la coordinación, planeación, operación y fiscalización de las acciones en la materia.
Determina que los acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud deberán incluir, como mínimo, las modalidades orgánicas y funcionales de los Repss, los conceptos de gasto, el destino de los recursos, los indicadores de seguimiento de la operación y los términos de evaluación integral del sistema y el perfil de los titulares de los regímenes.
Define las bases a las que se sujetarán dichos regímenes, y precisa que cuando una entidad federativa incumpla en el pago por la prestación de servicios, la Secretaría de Salud destinará a la entidad acreedora el monto de los casos validados, cuyos recursos provendrán de los correspondientes a la entidad deudora.
Enfatiza que los recursos del sistema estarán sujetos a supervisión, a fin de verificar el cumplimiento de las acciones que se provean en materia de salud; asimismo, anuncia la desaparición del Consejo Nacional de Protección Social en Salud y atribuye al secretario de Salud la facultad de proponer al candidato a presidente de la Comisión Nacional del Sistema Nacional de Protección Social en Salud.
La presidenta de la comisión, Maki Esther Ortiz Domínguez, del PAN, consideró importantes la transparencia y las sanciones que se establecen en el dictamen, que abonan en beneficio de los mexicanos.
Advirtió que existen riesgos en la cadena del abasto, pero confía en que “la decisión del Presidente Enrique Peña Nieto, de tener la facultad de comprar en especie para mandar a los estados, se convierta en una compra pronta y expedita y no en un desabasto nacional”.
Adolfo Romero Lainas, del PRD, aseveró que el no transparentar los recursos deja una gran brecha de inseguridad social para Oaxaca, entidad que no ha dado una atención real a la salud.
Salvador López Brito, del PAN, consideró importante que la iniciativa finque responsabilidades en el manejo de los recursos y, además, especifique procedimientos de sanción administrativos y, en su caso, para turnar los malos manejos al Ministerio Públicos federal y a la Auditoría Superior de la Federación.
María Elena Barrera Tapia, del PVEM, destacó que la transparencia en los recursos del Seguro Popular es un tema en el que se le puede decir “a todos los mexicanos que estamos trabajando para que sea una realidad e incluso se está castigando a quien haga mal uso de los recursos”.
Martha Palafox Gutiérrez, del PT, consideró que el dictamen sirve para recuperar la confianza de la gente y para que en este nuevo sistema de insumos y recursos se aplique a la transparencia, la honestidad.
Cristina Díaz Salazar, del PRI, resaltó la importancia del documento por tratarse, dijo, de las finanzas, la rendición de cuentas y la transparencia, que es una exigencia de la sociedad y se pone a la vanguardia para vigilar que los recursos sean aplicados en forma correcta.
Fernando Mayans Canabal, del PRD, hizo un llamado a estar alerta sobre la forma en que se manejan los recursos del sector público en materia de salud, e indicó que la iniciativa busca cambiar el sistema de salud del país.
Hilda Flores Escalera, del PRI, resaltó que con la aprobación del dictamen, “en ninguna circunstancia estará en riesgo el hecho de que pueda quedar bajo la facultad absoluta y plena de los estados el ejercicio de estos recursos; es un dictamen que implica muchos millones de pesos, pero también muchos millones de personas beneficiadas”.
Si no actuamos hoy con este dictamen, estaríamos perjudicando a los mexicanos que acuden a los centros de salud, concluyó.
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