* La senadora Angélica de la Peña presentó la iniciativa que endurece sanciones a los delitos electorales
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una iniciativa para expedir la Ley General en Materia de Delitos Electorales, como parte de la reglamentación de la reforma constitucional en materia política.
Desde la tribuna, la senadora Angélica de la Peña Gómez explicó que se plantea incorporar figuras y modalidades de los procesos electorales, y el aumento de sanciones para castigar a quien realice, reciba o destine aportaciones en dinero o en especie superiores a los que establece la ley electoral.
“Se trata de un cambio radical en el modelo de organización electoral de los últimos veinte años que impacta de manera directa no sólo en la forma y los procedimientos electorales sino en el propio procedimiento penal electoral”, dijo.
El pasado 10 de febrero se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral.
Se propone castigar a quien aporte fondos provenientes de actividades ilícitas o del extranjero para el apoyo de pre-candidatos, candidatos, candidatos independientes, partidos políticos o coaliciones.
La iniciativa busca sancionar como delito de delincuencia organizada la participación en la creación de estructuras paralelas de financiamiento o de personas morales antes o durante el proceso electoral que provean de manera ilícita de recursos, bienes o servicios, gestión de pagos o realización de transferencias a campañas.
Propone como delito grave condicionar la prestación de un servicio público, la entrega de programas sociales o la realización de obras sociales públicas a cambio de un voto a favor o en contra de un partido, candidato o coalición.
La propuesta establece la paridad de género en candidaturas o fórmulas para puestos de elección popular.
Plantea como delitos electorales: solicitar u ordenar pruebas de la emisión de su voto a favor o en contra de algún candidato o partido político, rebasar los topes de campaña establecidos por la autoridad electoral, o ejercer presión sobre los agremiados a un sindicato para que emitan su voto en favor o en contra de un partido político o candidato.
Además incorpora como sujetos de sanción a los ministros de culto, notarios públicos, observadores electorales, líderes sindicales, y aumenta las penalidades en caso de comprobarse las conductas antes señaladas.
La iniciativa, que incluye la figura de consulta popular, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y eventual dictaminación.
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