En la presentación del Primer Informe de la junta directiva de la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil Zuarth destacó que este órgano legislativo supo separar las posiciones parciales, tensiones y divergencias ideológicas para aprobar reformas que representan “la mayor transformación del sistema jurídico mexicano desde la promulgación de la Constitución de 1917”.
“Nuestra divisa en todo momento ha sido el principio ético del consenso, el consenso que no es unanimidad ciega ni claudicación frente a lo valioso, sino equilibrio razonado. El consejo que deja satisfecho a los participantes porque no implica derrota ni exclusión de alguno, el consenso que es resultado de la negociación franca, honorable y bien intencionada”, comentó.
Gil Zuarth afirmó que la Comisión de Justicia, en momentos de alta tensión, fue capaz de tejer acuerdos, a fin de dotar al Estado mexicano de mayores instrumentos para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.
Enfatizó que los integrantes de este organismo fueron protagonistas de reformas de gran calado como la minuta en materia financiera, competencia económica y telecomunicaciones; además, “corregimos” la Ley de Víctimas.
Resaltó el trabajo para crear y aprobar el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se incursionó “en importantes y muy valiosas innovaciones” al constituir un consejo técnico, integrado por 18 expertos y representantes institucionales y de la sociedad civil que acompañaron de manera directa la construcción de sus contenidos.
También subrayó el aval a la ley Alberto Patishtán, con la que “hemos puesto nombre y apellido a una reforma que puede ser solución de muchos inocentes privados de su libertad por haber cometido el único delito de ser pobre o vulnerable”.
Sin embargo, consideró que no serán menores los dilemas que deberán resolverse conforme se asienten los nuevos paradigmas, los cuales, añadió, deben ser enfrentados por el legislador democrático, pues dejar a los jueces lo que debe resolver la Ley, no sólo es claudicar al deber sino también debilitar el sentido de la representación en el que se sostiene el principio democrático.
Al evento asistió el senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva, quien hizo notar que “todos los problemas en México empiezan en la Constitución o acaban en la Constitución”.
En su discurso, el legislador priista acotó que en todos los rubros “lo que tenemos que hacer es darle cumplimiento a los principios que nos dimos a nosotros mismos”.
Cervantes Andrade aseguró que el Senado mexicano está a la altura de las mejores prácticas de los parlamentos más desarrollados y la Comisión de Justicia “ha puesto el ejemplo”, pues ha cumplido exactamente con los mejores estándares de los parlamentos abiertos.
En tanto, el senador panista Jorge Luis Preciado Rodríguez señaló que los retos que el Senado tiene a partir del próximo primero de febrero, es sacar adelante las reformas secundarias en materia energética, de telecomunicaciones, político-electoral, competencia, así como la ley que genera el derecho de réplica, la consulta ciudadana y la reforma política al Distrito Federal.
El titular de la Junta de Coordinación Política dijo que la Cámara de Senadores ha sido un referente importante en los cambios de la vida nacional “y puede presumir ante México y ante el mundo que hemos dejado atrás nuestra posición de oposición irresponsable o de gobierno que concede, pues tuvimos que ponernos de acuerdo y dejar de lado las diferencias y nuestras propias iniciativas para lograr un consenso”.
En este sentido, puntualizó que el Senado logró sacar las reformas que no se habían podido llevar a cabo en los últimos 75 años, “y eso representa horas de trabajo y de negociaciones”.
Por su parte, el senador perredista Manuel Camacho Solís expresó que las leyes no serán eficaces si no se fortalece la confianza de la sociedad en las instituciones y “si no se logra reducir consistentemente la corrupción, la impunidad y la base social del desarrollo con acciones eficaces para disminuir la desigualdad”.
“El ejemplo --agregó-- lo tenemos en Michoacán, porque ahí nos está estallando a todos la crisis de inseguridad e ingobernabilidad y no hay tiempo para seguir esperando, pues se necesita concebir y aplicar una verdadera política de Estado”.
Una política que tenga un concepto constitucional sólido, aprovechar las facultades que la Carta Magna y las leyes otorgan y que no han sido plenamente aprovechadas; de los tres poderes; que sume a las principales fuerzas políticas; que aclare el objetivo de la intervención federal y su temporalidad; esclarecer el uso legítimo de la presión y dar una salida constitucional al tema de las guardias comunitarias, puntualizó.
La senadora del PRI, Arely Gómez González, afirmó que este órgano legislativo está trabajando para contar con un marco jurídico sólido que genere confianza en el sistema de justicia nacional, ya que en México este tema tiene “enormes deudas” con gran parte de la sociedad.
Dijo que no se trata sólo de cambiar palabras en un texto, sino de diseñar con la sociedad y para la sociedad el proyecto de nación al que se aspira, “porque más allá de los tribunales, de las salas de juicio e incluso de las paredes del Congreso, la justicia debe reflejarse en la vida cotidiana de cada mexicano”.
En su intervención, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam subrayó que el nuevo Código de Procedimientos Penales representa un gran avance, ya que tiene la suficiente flexibilidad para que las diferencias naturales de cada región tengan espacio, “pero requerirá de normas que precisen tareas, que definan con claridad no sólo la autonomía de la Fiscalía, sino sus alcances”.
Dijo que se ha dotado a los jueces de mayor discrecionalidad en el ejercicio de su función con el propósito de lograr que la ley y la justicia caminen por rumbos paralelos “y si bien se nos obliga a encontrar las fórmulas para que esta se convierta en un instrumento de justicia real y no vaya a caer en la arbitrariedad o el estímulo a la impunidad”.
“La justicia es tarea de todos, afrontémosla con la idea clara de que no estamos trabajando para hoy, de que no estamos trabajando para alguien, de que lo que estamos haciendo es construir un mejor futuro y que ese futuro este a la altura de la aspiración universal a una vida mejor”.
El diputado Ricardo Fidel Pacheco reconoció el trabajo conjunto y el dialogo que hay entre las comisiones en ambas cámaras, “siempre con el objeto de servir mejor a los ciudadanos, ya que nuestro país está rompiendo paradigmas en la sociedad y en las instituciones porque así lo demanda la población mexicana”.
Al encuentro asistieron el ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, en representación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza; Jorge Mario Pardo Rebolledo, titular a la Primera Sala de la SCJN; Luis María Aguilar, presidente de la Segunda Sala de la SCJN; Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Manuel Hallivis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Asimismo, estuvieron Marco Vinicio Martínez Guerrero, presidente del Tribunal Superior Agrario; el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; Gerardo Laveaga Rendón; presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; así como varios magistrados del TEPJF.
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