El Senado de la República solicitó al gobierno de Oaxaca un informe sobre las políticas públicas, programas y acciones que se implementan para garantizar a las mujeres indígenas servicios de salud apropiados, relativos al embarazo, parto, puerperio y recién nacidos.
Además, pidió a la administración estatal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un reporte sobre el cumplimiento de la recomendación 1/2014 del 29 de enero pasado.
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Eviel Pérez Magaña, mencionó que en octubre del año pasado, la indígena Irma López dio a luz en el jardín del Centro de Salud del municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, después de que se le negó la atención médica.
Derivado de esta situación, la CNDH sugirió al gobierno del estado, entre otros puntos, reparar el daño ocasionado por la responsabilidad institucional “por la inadecuada atención médica”, y que se impartan al personal de jurisdicción sanitaria en Tuxtepec programas integrales de derechos humanos, en la protección de la salud y cuidado materno-infantil.
Del mismo modo, recomendó que se colabore con la CNDH en la denuncia que se formule ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca y en la denuncia administrativa para iniciar procedimiento disciplinario ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la entidad.
El legislador priista afirmó que el Estado tiene la obligación de asegurar a las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños de comunidades indígenas el acceso efectivo a la salud, pero “es evidente que existen carencias por falta de programas, presupuesto, capacitación, descuido y --lo más grave-- porque no se ha logrado desterrar la discriminación hacia los pueblos indígenas”.
Por Acción Nacional, el senador Salvador López Brito destacó que en México dos de cada 10 recién nacidos “no ven un médico en su primer mes de vida” y en entidades como Chiapas y Oaxaca el 30 por ciento de los partos se realizan sin supervisión calificada.
Ante este panorama, precisó, el llamado de atención no es sólo para el caso de Irma López, sino para la situación que se padece en otros lugares que se supone “tienen una mejor atención” como en Sonora, Puebla o la Ciudad de México, donde se han registrado partos fuera de las instalaciones de salud.
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