La Comisión de Comercio y Fomento Económico anticipó que existe el compromiso de dictaminar la Ley de Competencia Económica antes de que concluya el actual periodo de sesiones, toda vez que se prevé recibir la minuta correspondiente de la Cámara de Diputados a finales de marzo o principios de abril.
Con el objetivo de que la aprobación se realice con oportunidad, así como con el compromiso de establecer claridad en la ley a aprobarse, la Comisión de Comercio preparará la realización de un foro, de un solo día, en el que participen autoridades de la Secretaría de Economía y los diversos actores involucrados en el tema.
Así lo informó en reunión de trabajo de dicha comisión su presidente, senador Héctor Larios Córdova, al explicar que su homólogo de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados le confirmó que estiman tener lista la minuta correspondiente en dos o tres semanas y la remitirán de inmediato al Senado de la República.
Por otra parte, a propuesta del senador Carlos Alberto Puentes Salas, del Partido Verde Ecologista de México, la Comisión de Comercio acordó convocar a las autoridades y especialistas relacionados a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a fin de tener claridad para emitir una opinión al respecto, como le fuera solicitada por la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Durante dicha reunión de trabajo también se aprobó la iniciativa de reforma para abrir la posibilidad de que en casos determinados, las partes procesales que hayan señalado el sistema informático del Poder Judicial como domicilio para recibir notificaciones, puedan consultar electrónicamente las constancias procesales del asunto en el que estén legitimados para ello.
Lo anterior a solicitud del senador Fernando Torres Graciano, quien planteó también en su propuesta que se autorice a los jueces para que puedan integrar las constancias procesales de los asuntos mercantiles utilizando registros electrónicos, y que se permita a las partes formular promociones vía electrónica.
Al participar como invitado en la reunión, el senador Torres Graciano apuntó que su propuesta tiene el propósito de alcanzar ahorros de recursos humanos y materiales en la realización de los actos de comunicación procesal y reducción de plazos para llevar a cabo esas actividades judiciales, con estricto respeto al marco legal constitucional.
Recordó que varios estados cuentan con Poderes Judiciales que actualmente ya pueden emitir certificados de firma electrónica, al contar con la normativa procesal y la infraestructura tecnológica e incluso, concluyó, diversas entidades tienen su propia Ley para el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica, como Baja California, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y el Distrito Federal.
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